By El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alberto Sosa Hernández, rechazó tajante que intimide o amenace a la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros para evitar que lo releve en ese puesto.
“Es una cuestión en la que no tengo ninguna referencia de ello y si esto hubiera sido así, por lo menos me enteraría, pero no es posible que se den declaraciones de ese tipo, mucho menos cuando no existen los elementos de convicción para que pueda hacer algo”, manifestó.
Alberto Sosa, acusado de meterse en el proceso para elección del próximo presidente del TSJ, comparó su fuerza con un refresco sin gas que fue abierto hace ocho días.
“No tengo aspiraciones ni tengo forma de que podamos nosotros decir que intervendré en la elección porque ni siquiera voto, no tengo ninguna cuestión y hay una libertad absoluta para los que aspiren a la presidencia”, expuso.
Igualmente, minimizó las declaraciones de la magistrada: “No lo veo grave, sólo es una declaración, de una persona que realmente no es posible, si no hay pruebas, no se puede acusar”.
Cabe recordar que la magistrada del TSJE, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, responsabilizó a su presidente, Alberto Sosa Hernández, de cualquier atentando físico que pueda sufrir ella o cualquier integrante de su familia. Pero Beto Sosa dice que, como Pepe El toro, es inocente.
De los suspendidos,pocos son priistas
El caso de la suspensión de sus derechos como militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de varios veracruzanos, entre ellos el gobernador Javier Duarte de Ochoa, sigue dando de qué hablar. Pero por los yerros de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.
Este organismo aceptó que en el caso del ex director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Salud (SS), Juan Carlos Rodríguez García, podría haberse confundido y despojado de sus derechos a un homónimo de este ex funcionario, pues sus lugares de residencia no coinciden.
Pero eso no es todo. De acuerdo con el seguimiento que le ha dado al tema el equipo del periodista Ciro Gómez Leyva, resulta que de los sancionados solamente Javier Duarte y Gabriel Deantes serían militantes del PRI, ya que Israel Ramos Mange, hijo de Raúl Ramos Vicarte (ex dirigente estatal de ese partido), Daniel Cordero Gálvez y Pepe Toño Mansur también niegan afiliación priista. Bueno, ni Arturo Bermúdez Zurita sería miembro del tricolor.
En una de esas, nos salen con que son un partido fantasma y no hay priistas en Veracruz.
Los Ruiz Anitúa, pierden con Borge y ganan con Yunes
Con eso de que el dinero no tiene color ni partido, varios empresarios aplican aquello de “poner sus huevos en varias canastas” políticas para no errarle y mantener sus “bisnes” llegue quien llegue al poder.
Es el caso de la familia Ruiz Anitúa, que en Veracruz ha hecho grandes negocios al amparo de gobiernos priistas como los de Miguel Alemán Velasco y Fidel Herrera Beltrán, y que ahora se apresta a volver por sus fueros en la administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares, de quien son amigos cercanos.
Pero mientras los hijos del fallecido magnate Valentín Ruiz Ortiz se ponen la camiseta azul en Veracruz, en Quintana Roo sufren por la caída de su “cuate” Roberto Borge, quien los benefició con contratos millonarios en la renta de aeronaves durante su mandato, según el reporte dado a conocer en el programa radiofónico “Atando Cabos”, que conduce la periodista Denise Maerker.
De acuerdo con la pieza, el ahora ex gobernador de Quintana Roo le pagó 972 millones de pesos por la renta de dos aeronaves y un helicóptero para su uso exclusivo a la empresa Taxi Aéreo Villa Rica, propiedad de Francisco Ruiz Anitúa, amigo personal de Borge, quien también lo habría beneficiado con otros contratos, sobre todo en el ramo inmobiliario.
Si a estos acomodaticios empresarios una vela se les apaga, ya tienen preparado un cirio para seguir en la jugada. ¡Viva México, chingao!
Nuevo escándalo en Los Pinos involucra a “La Gaviota”
El Universal publica en su sección Bajo Reserva el siguiente comentario: “En distintos edificios del gobierno federal corre la versión de que se cocina un nuevo escándalo para la administración del presidente Enrique Peña Nieto, ahora relacionado con la contratación de empresas para organizar eventos. Nos explican que el expediente, al que ahora llaman eventogate, involucra a un cuarteto de empresas con contratos millonarios adjudicados sin licitación de por medio. Y señalan, entre otras, a una persona que supuestamente maneja las contrataciones desde Los Pinos: Adriana Rivera, hermana de la primera dama. Pero hay un dato que puede ser el hilo conductor: son las mismas compañías señaladas por la Auditoría Superior de la Federación por su participación poco transparente en la organización de los festejos del Bicentenario, beneficiadas en su momento por funcionarios y vocer@s del gobierno calderonista. Así que puede usted ir preparando la butaca para observar este nuevo episodio, nos comentan”.
