By Ante la intención del gobierno estatal de establecer candados legales que aseguren que la deuda con la iniciativa privada sea cubierta con recursos del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, impuesto a la nómina, como se conoce popularmente, surgieron reacciones de inconformidad, sobre todo entre el sector empresarial veracruzano.
Los empresarios están en contra de que el dinero generado por la recaudación de ese impuesto se use para cubrir los adeudos del gobierno de la entidad con empresas que han medrado con los recursos públicos.
El dictamen que será votado en la Legislatura sobre este asunto incluye algunos candados que impedirán que la próxima administración se niegue a usar el dinero del impuesto a la nómina para los fines etiquetados; es decir, para el pago de la deuda.
Entre esos candados se encuentra la creación de un fideicomiso que no podrá ser revocado por las próximas autoridades; se trata del Fideicomiso Irrevocable de Administración de Cuentas Mandatadas, al que le tendrá que depositar la Secretaría de Finanzas y Planeación los recursos de los contribuyentes del impuesto a la nómina.
El dictamen correspondiente también incluye la creación del llamado Fideicomiso Irrevocable de Pago a Proveedores y Contratistas para el Saneamiento Financiero del Estado de Veracruz, instancia a la que se depositarán los recursos para después ser transferidos a los acreedores del gobierno estatal, y de un Comité Técnico de Administración, integrado por funcionarios estatales y representantes de las cámaras empresariales.
En cuestión de 30 días, los citados fideicomisos tendrán que ser creados, al igual que las cuentas a las que se depositarán, íntegros, los recursos del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
De esa manera, quedan establecidos los candados para que el próximo gobierno estatal no pueda echar abajo la decisión de la presente administración, en el sentido de que ese dinero sea usado para el pago de la deuda.
Por si fuera poco, el gobierno que encabezará Miguel Ángel Yunes tampoco podrá incumplir o eliminar los fideicomisos aprobados.
Pero bien dicen que no hay candado que no se pueda abrir ni tampoco hay veneno que no tenga su antídoto.
A ello se debe la justificada decisión del gobernador electo, en el sentido de prometer a los empresarios la condonación de multas, recargos y actualizaciones a quienes no paguen el impuesto del 3 por ciento a la nómina, una carga tributaria que fue creada originalmente para que los recursos recaudados sirvieran como base de garantía líquida en otorgamiento de créditos para la micro, pequeña y mediana empresa; y para el financiamiento de obra pública, no para engordar los bolsillos de empresarios vividores.
El asunto está llamado a convertirse en un error de cálculo de la presente administración, que terminará su periodo entre denuncias por presuntos actos de corrupción y un evidente descontento generalizado en la entidad. La inconformidad de los empresarios es un ejemplo de ese rechazo.
Con el tema del uso y destino de los recursos del impuesto a la nómina, Javier Duarte pierde la oportunidad de cerrar de mejor manera su administración; si ese dinero hubiera sido etiquetado para el pago de becas; para desayunos escolares de los miles de niños que acuden a tomar clases con el estómago vacío; para infraestructura educativa para mejorar las cientos de escuelas que prácticamente se caen a pedazos; o para comprar medicamentos a fin de surtir a las clínicas rurales con algo más que paracetamol; otra sería la reacción de los empresarios.
Aseguran que Gobierno reparte 2.5 mdp
mensuales a ejidatarios de Tatahuicapan
El Gobierno habría dividido políticamente al municipio de Tatahuicapan, presuntamente con el pago mensual de 2.5 millones de pesos a ejidatarios y avecindados –muchos de ellos, supuestamente simpatizantes del PRI-, a cambio del control de la presa Yuribia, así como la promesa de construir un hospital, mientras que al ayuntamiento no se le depositaría casi 100 millones de pesos para obras por supuestamente haber respaldado la coalición PAN-PRD en las elecciones pasadas.
Sin embargo, el dinero terminaría –en su mayoría- en las cantinas y negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en aquel lugar, lo que ha provocado molestia en las autoridades municipales.
De acuerdo con información extraoficial, del 28 de diciembre del año pasado a la fecha se habrían repartido 45 millones de pesos entre cuatro mil 200 avecindados y alrededor de 500 ejidatarios.
Se dice que para que se les entregue el dinero, las personas supuestamente hacen fila en orden alfabético en la sede del Comisariado Ejidal, una vez al mes, desde las seis de la mañana. Según algunas versiones, un día se realizan los pagos a los ejidatarios, que reciben mil pesos y el siguiente son entregados 500 pesos a los avecindados.
Estas personas –ancianos, mujeres y adolescentes con 18 años- llevarían su credencial de elector y para certificar que les dieron el dinero, supuestamente les marcan la huella de su pulgar.
Los pagos concluirían alrededor de las cuatro de la tarde y minutos antes se les exhortaría mediante un equipo de sonido a retirarse del lugar, en el que habría media decena de computadoras portátiles con el supuesto padrón de beneficiarios, el cual supuestamente estaría custodiado por una patrulla de la Policía y por quienes ya no cobran por ser identificados como panistas o perredistas tras la elección pasada.
También ha trascendido que al tener los billetes de 500 pesos en sus manos, muchas personas se van a alguno de los casi 10 establecimientos dedicados a la venta de alcohol, ubicados en un radio de apenas tres cuadras a la redonda.
Incluso, se dice que en las banquetas es común ver a los grupos de personas bebiéndose parte del millón y medio de pesos que presuntamente entrega el Gobierno, así como el millón de pesos que correspondería al ayuntamiento de Coatzacoalcos, a cambio de agua y el control de la presa.
Se dice que casi el 100 por ciento de los avecindados y ejidatarios no tiene empleo, pero sí hijos o pareja, una parcela y así viven, pues llegan a perder un día esperando el dinero que llega cada mes.
Según Flavino, lista de
basificados será pública
En entrevista con los integrantes del programa televisivo en línea “Círculo Rojo”, el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, informó que serán basificados un total de 7 mil servidores públicos del Estado, una vez que fue aprobado por el Congreso Local las reformas en la materia.
Sostuvo que, por ejemplo, 5 mil 451 empleados cobran por compensación, y mil 379 son de contrato, con lo que se pretende salvaguardar su estabilidad laboral pues se trata de un acto de justicia. Reiteró que es falso que con la basificación habrá un egreso extraordinario de mil 500 millones de pesos.
De igual manera ante la pregunta de si será pública la lista de las personas basificadas aseguró: “por supuesto, claro, tienen que saberse los nombres por cada secretaría; cada secretaría tiene un listado de personas y no pasan de 7 mil… Si alguien cubre una plaza por más de seis meses, tiene derecho a ser basificado”.
Pues ojalá que Flavino cumpla su palabra de hacer públicas las listas de los basificados porque ya muchos secretarios de despacho están despidiendo a algunos empleados y están metiendo en la lista de los basificados a recomendados de su absoluta confianza.
Asimismo, varios sindicatos están enviando sus propias listas de personas que apenas los van a dar de alta en estos días y que nunca habían trabajado para la administración estatal. Muchas de esas bases van a ser vendidas por las organizaciones sindicales, por lo que harán su agosto en pleno julio.
No sería mala idea que a la basificación se les colocaran candados para que se les haga justicia realmente a los trabajadores que llevan años sin que les tomen en cuenta sus derechos laborales.
Por eso, insistimos: ojalá Flavino cumpla su palabra de hacer públicas esas listas para que nos enteremos si realmente habrá justicia laboral o si se trata de mero atole con el dedo.
