By La adopción formal de mascotas podría ser una realidad próximamente en Nuevo León, luego de que un grupo de abogados presentara ante los juzgados familiares cuatro solicitudes, las primeras de su clase en el país.
De acuerdo con la litigante Jessica Méndez, una de los quince profesionistas que han propuesto dicha iniciativa en la entidad, la intención es convertir a los animales en sujetos de derecho, en una entidad en la que durante el 2019 se han hecho 28 denuncias por maltrato animal.
Una de las razones para llevar tal petición a juicio fue el rescate de Mr. Kai por parte de una de las socias del despacho 3CT. Kai fue diagnosticado con cáncer terminal y abandonado por sus dueños en la calle.
Y posteriormente resaltaron el reconocimiento de la importancia de perros y gatos de terapia para niños y adultos con discapacidad o ceguera.
“Ahí nació la pregunta: ¿por qué es mi mascota, por qué no le puedo dar derechos? Yo puedo ver a los animales de compañía para niños autistas, para adultos mayores, personas en condición de calle que no tienen nada”, expresaron.
Y luego cuestionó que en sus carritos traen un perro y buscan comida para los dos. ¿Por qué el estado no me permite adoptar al perro como tal, para proteger sus derechos?
“Si buscas en el Código Civil, nunca vas a ver la adopción de animales, pero no hay ninguna razón para que no puedas adoptar a un animal. La ley los reconoce como un bien mueble. ¿Por qué vas a poner al mismo nivel que una silla o una mesa al perro?”
Y enseguida señalan que la mascota “a lo mejor salvó a tu niño de una depresión muy fuerte, pero aparte, el fundamento es el libre desarrollo de la personalidad”, señaló.
Tal figura de adopción ya existe en Argentina, a decir de Méndez, y en caso de que fuera rechazada en Monterrey, recurrirían a un juicio de amparo alegando los derechos a la salud y el esparcimiento.
Entre los documentos que extienden a los jueces, se encuentra el sustento legal, las pruebas de señas particulares, fotografías del animal y la cartilla de vacunación.
Asimismo, mencionó que otorgarán cinco juicios gratuitos a quienes envíen las historias de sus mascotas a las redes del despacho 3CT, y podrán a disposición de la comunidad el formato, en caso de que deseen acudir a un abogado de confianza.
Esperan que ante la respuesta positiva les sea entregada un acta de adopción, que optativamente incluirá los apellidos del dueño después del nombre del perro o gato.
Enseguida esperan que las organizaciones de protección de animales se unan para difundir el litigio, pues a pesar de las críticas, desean que las autoridades les dé la misma importancia que se les debe dar a los delitos cometidos contra personas.
“Si alguien me le causa un daño, el que sea, reclamo al animal como parte de mi familia. Queremos protegerlos de que te los maten, te los secuestren. Está tipificado el maltrato animal, pero no nada más quiero que hasta que haya maltrato tenga derechos, que sea desde ya.
“Hace años había mucha violencia contra los niños y se ha ido mejorando, ya avanzamos en eso. Ahora está la violencia de género y estamos en pañales. A las mujeres hasta que las matan les creen (que son víctimas de violencia)”, indicó.
Lo mismo cuando envenenan a un perro: “Porque todavía no pesa que una mascota tenga derechos. Ahora es lo último de la lista, queremos que los mismos órganos les den prioridad a todos”, aseveró.
Jessica Méndez opinó también que hasta ahora el Código Penal vulnera a los dueños de animales con bajos recursos. Como ejemplo comentó el caso de Dona, una perra de raza pastor alemán que murió por envenenamiento en abril del 2018.
Fue en agosto pasado cuando se le dictó un mes de cárcel y una multa al responsable. Debido a las capacidades económicas de la familia de Dona, el acusado fue grabado con cámaras de vigilancia cuando se acercó a la casa de sus vecinos y arrojó carne al can. Posteriormente, pudieron practicarle una autopsia a la perra y usarla como prueba en el juicio.
Los actos de crueldad y maltrato contra los animales se encuentran tipificados en el Artículo 445, y se contemplan sanciones de entre tres días y un mes de prisión, y en el caso de muerte, una pena máxima de seis meses. Al día de hoy, no se ha llevado ante las autoridades a ninguna otra persona por dichos delitos.
Fuente: Notimex/foto: archivo
