By El proyecto de auditorio y centro deportivo La Calera, en Banderilla, que debió estar listo en 2016, cuenta con un largo historial de calificaciones por corrupción que pareciera extinguir u ocultar el Informe Individual de la Fiscalización Superior a la cuenta pública 2017 del Orfis, lo que podría liberar al exalcalde Esteban Acosta Lagunes del mal manejo de los recursos federales, que se comprueba con el hecho de que la obra está inconclusa.
La labor para esconder este enorme caso de corrupción que, en el informe de la cuenta pública 2015 presentaba un presunto daño patrimonial de 6 millones 839 mil 736.66 pesos, fue asumida por el actual alcalde Juan Manuel Rivera González, implicado también en el caso porque fungió como tesorero de Esteban Acosta.
Los recursos aportados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno federal fueron aportados al ayuntamiento de Banderilla, presidido por Esteban Acosta Lagunes, quien en los comicios del 1 de julio de este año, luego de dejar embarcados a los banderillenses, estuvo en las boletas electorales del Distrito de Coatepec como candidato a la diputación federal por la alianza PAN-PRD-MC.
¿En qué consistieron hace dos años las observaciones hechas por el Orfis a este proyecto que corresponde al Programa Rescate de Espacios Públicos de la Sedatu? En primer lugar, no presentar la documentación comprobatoria del gasto, costos elevados y volúmenes pagados no ejecutados.
La Calera, monumento a la corrupción
Una de las observaciones de hace dos años señala que 1 millón 704 mil 120.26 pesos del presunto daño patrimonial derivaba de incumplimiento en varias áreas: cimentación, estructura de concreto y obras complementarias.
Además, en la comprobación del gasto no se presentó la totalidad de las estimaciones de obra ni de facturas de pago y pólizas de cheque, por lo que no se justificó el total del gasto aplicado en la obra, lo que derivó en un presunto daño patrimonial de 5 millones 135 mil 616.40 pesos.
A raíz de una visita técnica de inspección, el documento señala: “Se detectan trabajos pagados no ejecutados de suministro, vaciado, extendido y vibrado de concreto; así como trabajos pagados en exceso de suministro, vaciado, extendido y vibrado de concreto y construcción de muro de piedra; así como costos elevados en los conceptos de suministro, fabricación, vaciado y extendido de concreto ciclópeo; suministro, vaciado, extendido y vibrado de concreto y construcción de muro de piedra; resultando un monto observado en los volúmenes de obra”.
Pero La Calera solo fue la obra cúspide de la corrupción de Esteban Acosta Lagunes, a quien siempre le ha gustado derrochar recursos públicos en sus costosas campañas electorales. Ese mismo análisis hecho por el Orfis a la Cuenta Pública de 2015 señala un presunto daño patrimonial a las arcas municipales, cuyas observaciones eran equivalentes a un monto de 15 millones 902 mil 732.95 pesos.
El 20 de enero de 2017, el delegado estatal de la Sedatu en Veracruz, Pedro Yunes Choperena, urgió al entonces alcalde Esteban Acosta Lagunes el reintegro de recursos por la cantidad de 50 millones de pesos del proyecto denominado “La Calera”, con número de obra 30026-09, “mismo que no fue realizado por el Ayuntamiento de Banderilla”. E instruye:
“En atención a lo anterior y de conformidad con las Reglas de Operación del Programa de Rescate de Espacios Públicos para el ejercicio fiscal 2015, nuevamente se le hace llegar la solicitud de reintegro con línea de captura 0017AADQ983441195413 con un vencimiento al 28 de enero del 2017 la cual deberá efectuarse por internet, por lo que deberá remitir una copia de la transferencia bancaria a esta Delegación”.
Pese a ello, la magia aplicada por el extesorero hizo que en el informe de la cuenta pública 2017, el Orfis solo pida la devolución de 1 millón de pesos, pese a que la obra no fue concluida- Habrá que ver qué determina el gobierno federal, afectado no solo en la mala ejecución parcial de la obra sino en la no devolución de los recursos transferidos del programa Rescate de Espacios Públicos para un proyecto que hoy constituye un monumento a la corrupción en el municipio de Banderilla.
Las benditas redes sociales
“Doña Elena Poniatowska lleva 50 años viviendo de las glorias de lo único decente que ha escrito y que fue en realidad 90% transcripción de lo escrito por Luis González De Alba, el otro 10% lo tergiversó y fue por lo que Luis La demandó. De pena ajena, vivir de glorias ajenas”. Sergio Gobel @Randy_gdl
Yunes Linares busca ajustar su cochinero
Érick Cisneros Burgos, próximo secretario de Gobierno con Cuitláhuac García Jiménez, afirmó este miércoles en el Puerto de Veracruz, que el sospechoso retraso para iniciar el proceso de entrega-recepción por parte del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se debe al “enorme dispendio de los recursos públicos” que arrojó el análisis de la Cuenta Pública 2017, por parte del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
Por eso, dijo, Yunes es inflexible, porque “trata de corregir el cochinero”, que será más grande una vez que se reciba, el próximo año, el informe sobre la cuenta pública de 2018, último de su minúsculo gobierno. “No quieren entregar lo más pronto posible porque todavía están arreglando ese enorme cochinero”.
Un reportero le preguntó si le había quedado grande el cargo al gobernador Yunes. Cisneros Burgos dijo que “lo que le quedó grande es lo que dijo, porque lo que uno dice hay que corresponderlo con hechos, y hoy en Veracruz ni se combatió la corrupción, y ahí está el informe que acaba de presentar el auditor al Congreso; ni se disminuyó la inseguridad, porque ahí están los datos; ni se disminuyó la deuda. Entonces, lo que dijo fue lo que le quedó grande”.
Lo más preocupante, sin embargo, es que le quede grande el posible quebranto a las enfermas finanzas de Veracruz. Hay detalles en el informe de la cuenta pública de 2017, relativos a su gobierno y sus dependencias, que piden a gritos ser aclaradas. Otras medidas presupuestales que, siendo posible que no encajen en un delito de la administración pública, representan un verdadero revés a las necesidades de los veracruzanos.
Ya iremos desgranando algunas cuestiones que generan sorpresa y hasta molestia, como que la deuda no ha disminuido como Yunes lo prometió. Mientras en 2016 se apreciaba un saldo de la deuda pública, según lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado, de 49 mil 192.3 millones de pesos, en 2017 –luego de reservarse el propio gobernador la potestad para manejar el presupuesto a su libre albedrío– la deuda en créditos a largo plazo era de 49 mil millones, apenas una rebaja de 192 millones.
Solo restan los meses de octubre y noviembre para que finalmente abandonen en Xalapa el Palacio de Gobierno. Ya veremos después, con claridad, hasta donde es verdad y hasta dónde es mentira lo que ha seguido diciendo Yunes Linares.
Cuenta Pública 2017: tendencias torcidas
Muchos datos arrojados por el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2017 merecerán un análisis más profundo para detectar posibles daños a la hacienda pública estatal por parte de un gobierno, en cuyas múltiples propuestas estaba acabar con la corrupción que tan alto puso el gobierno de Javier Duarte.
Y relacionado justamente con la batalla por recuperar los fondos robados en el anterior gobierno se encuentran los 762.5 millones de pesos del Fondo Bancario de Bienes Recuperados (Fobire), una parte de los cuales –según registros contables– fueron aplicados en los sectores de Salud, Obras Públicas y Seguridad Pública, pero no están muy claros.
Dos datos más saltan a la vista:
Los 6 mil 747.9 millones de pesos deudores por anticipos de Tesorería a corto plazo, retenciones del Fideicomiso para Mantenimiento de la Deuda. Sus registros contables están sujetos a seguimiento en 2018 para suficiencia documental que permita fincar responsabilidades.
Y, por último, 8 mil 869.0 millones de deuda pública tienen falta de seguimiento y soporte documental de saldos reclasificados a Cuentas de Orden.
Esperamos que el próximo gobierno estatal y la Legislatura que inicia trabajos el 5 de noviembre realicen un barrido meticuloso para que las cuentas ajusten y, en caso contrario, se finquen responsabilidades.
Bloquean a comité ciudadano de sistema anticorrupción
Como para que corroboremos que las cosas en el gobierno del cambio no fueron del todo derechas y legales, baste observar cómo las dependencias estatales han evitado dar respuesta a la realización de la encuesta en materia de transparencia, que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción busca levantar entre los empleados públicos.
Este miércoles, Sergio Vázquez Jiménez, presidente del comité, señaló: “Me parece que lo titulares de las dependencias no han entendido la importancia de este ejercicio, el cual no obstruye las labores de las dependencias, ya que el levantamiento de encuesta se hace en un periodo máximo de dos horas; el trabajo del Comité de Participación Ciudadana es en cumplimiento de un mandato legal como parte del Sistema Estatal Anticorrupción”.
El lunes primero de octubre, señala Vázquez Jiménez, “la Secretaría de Salud de Veracruz por escrito, ha informado al Comité de Participación Ciudadana que no será posible aceptar la visita por estar en el cierre de la administración estatal, a pesar de que el proceso de entrega–recepción inicia a partir del primero de noviembre”.
En septiembre, dice, se aplicó esta encuesta en los entes que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, como el Orfis, el Tribunal de Justicia Administrativa (TEJAV), la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. En este último “se tuvo una pobre participación, lo cual resulta contradictorio y hasta irónico con una dependencia que promueve la transparencia hacia la ciudadanía”.
Reveló que solo el Instituto de Pensiones del Estado ha respondido satisfactoriamente a la fecha en que se hará la visita a la institución para la correcta aplicación de la encuesta
Una mala semana para el diputado AntiMeme
Primero fue la batahola que se generó en la entidad y el país por la aprobación de su propuesta para adicionar un artículo al Código Penal de Veracruz que tipificaría el delito de Acoso Cibernético, mejor conocido como Ley AntiMeme, lo que estuvo acompañado de una serie de señalamientos y acusaciones en su contra, así como contra las diputadas panistas que respaldaron la iniciativa.
Luego fue el revés del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares quien anunció que vetaría la ley, pues atentaba contra la libertad de expresión, por lo que la enviaría de regreso a la Cámara con múltiples observaciones, pero ya en calidad de bloque de hielo.
Ahora resulta que lo ha expulsado de sus filas el Partido de la Revolución Democrática (PRD), bajo cuyas siglas llegó a la Legislatura local, representando a Poza Rica.
Total que José Kirsch Sánchez, el famoso “Gato Seco”, está pasando por momentos políticos críticos, aunque ha venido a darle consuelo el partido de moda, Morena, que lo ha invitado a unirse a sus filas.
El famélico y apergaminado padre conscripto ha acusado que la dirigencia del Sol Azteca dicta línea a los integrantes de su bancada, y en un par de ocasiones no aceptó la intención del líder estatal de dirigir el sentido de su voto. “No soy un diputado levanta dedo, soy un diputado que ha estado consciente de sus acciones, por tal motivo yo tenía planeado al concluir mi gestión en el Congreso y agradecer (al dirigente) por el honor”.
Lo peor para el partido aliado de Yunes, fue que Kirsch votó en contra del nombramiento del Fiscal Carnal Anticorrupción, además de dar aval a la iniciativa para descriminalizar el aborto que se practique antes de la semana 12.
Ya ni modo, diputado. Échese un zacahuil completo cada mañana en su natal Poza Rica, para olvidar tantas afrentas y, de paso, recuperar el peso.
