By El Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma al Artículo 119 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFRT), con el propósito de que las recargas abonadas al saldo de teléfonos celulares no tengan vigencia, es decir, no expiren.|
México, DF.|
El Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma al Artículo 119 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFRT), con el propósito de que las recargas abonadas al saldo de teléfonos celulares no tengan vigencia, es decir, no expiren.
La diputada Esther Quintana Salinas presentó la iniciativa y destacó que con esta adecuación se beneficiará al usuario, ya que podría hacer uso de su crédito o saldo hasta su total consumo, sin que sea condicionado por las empresas a usarlo porque expiran en un determinado plazo.
Esther Quintana Salinas destacó que en México, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el 2013 la modalidad de prepago contaba con 87.6 millones de suscriptores; ese sería, aproximadamente, el número de beneficiados con esta adecuación a la ley.
Quintana Salinas consideró que de aprobarse esta reforma, se agregaría a los otros beneficios a los que ya genera la reforma de telecomunicaciones, entre los que se encuentran la suspensión del pago de larga distancia nacional y la portabilidad gratuita, en menos de 24 horas y sin condiciones.
Otras ventajas son la consulta del saldo del teléfono celular de prepago sin costo y que los planes y tarifas deberán considerar cobros por segundo y no por minuto.
Refirió que no obstante esta serie de beneficios originados por la reforma, es necesario seguir avanzando en las modificaciones que se requieren para ampliarla y mejorarla, de manera que cumpla sus objetivos en favor de la ciudadanía.
La fracción XVI del artículo 191 señala que los usuarios tienen derecho: “A que en los servicios móviles de prepago, el saldo no consumido a la fecha de su expiración, le sea abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha”.
Fuente: Nicolás Lucas/ EL ECONOMISTA
