By «La indagatoria sigue abierta y se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos», promete el subprocurador.|
El subprocurador de la Procuraduría General de la República, Eber Betanzos, fue el encargado de fijar una postura de la dependencia sobre la presentación del segundo y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Sobre el hecho de que se ocultó que los peritos de la PGR estuvieron, un día antes, en el lugar donde supuestamente encontraron restos de un normalista, a las orillas del río San Juan, en Cocula, Guerrero, el funcionario se limitó a decir que se “analizará dicho material”, en referencia al video presentado por los expertos, “y en el marco de la investigación determinará lo conducente”.
Se reproduce íntegro el mensaje a medios de Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR:
Buenas tardes tengan todas y todos ustedes.
Las instituciones del Gobierno de la República y quienes servimos en ellas, reiteramos nuestra solidaridad plena, nuestro reconocimiento y compromiso total con los padres de los normalistas desaparecidos y las víctimas de los lamentables acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
A ellos, les refrendamos que seguimos trabajando de tiempo completo, exhaustivamente y con su acompañamiento, en una indagatoria que sigue abierta y en la cual se atienden todas y cada una de las líneas de investigación que la integran.
Estos repudiables hechos nos indignan como mexicanos y no vamos a permitir que queden impunes.
La Procuraduría General de la República ha tenido como prioridad el esclarecimiento de los hechos del Caso Iguala. Seguimos con un esfuerzo permanente, hasta que todas las personas penalmente responsables sean presentadas ante las autoridades judiciales, quienes determinarán las sanciones que en derecho les correspondan.
El Caso Iguala representa la investigación penal más exhaustiva de la historia de la procuración de justicia en México. Ha contado además con ejercicios inéditos de colaboración internacional, de transparencia y trabajo con las víctimas. Fija un estándar en materia de procuración de justicia y derechos humanos en tres aspectos: atención a víctimas, búsqueda de personas y una investigación amplia de los delitos para que estos hechos no queden impunes.
Los familiares de los estudiantes y el Gobierno de la República estamos del mismo lado y trabajamos por el mismo objetivo: saber qué pasó con los jóvenes normalistas y castigar a cada uno de los responsables.
Nuestra Constitución establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. En un acto de apertura al escrutinio internacional, y en respuesta a las medidas cautelares del Caso Iguala, dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado Mexicano solicitó un mecanismo de asistencia, a través de un grupo de expertos que coadyuvara técnicamente en las investigaciones.
Al concluir esa coadyuvancia el próximo 30 de abril de acuerdo a la extensión del periodo solicitado por el GIEI, la PGR expresa su reconocimiento a los Expertos, cuyas aportaciones a la investigación han sido incorporadas al expediente, en los términos y alcances que establece la ley y el Acuerdo de Asistencia Técnica.
En este contexto, el día de hoy el GIEI hizo entrega de su Informe de nuevos avances en el Caso Iguala. Agradecemos las aportaciones y las recomendaciones, las cuales, de acuerdo con las instrucciones del señor Presidente Enrique Peña Nieto, serán analizadas con apertura, responsabilidad y apego a derecho, para enriquecer la investigación sobre estos trágicos hechos.
Para que una investigación tan amplia y compleja como la del Caso Iguala avance, la confianza entre víctimas y autoridades resulta fundamental. Durante este periodo la participación del grupo de expertos fortaleció significativamente estos vínculos y la Procuraduría General de la República mantendrá esta cercanía.
De manera coordinada, se intensificaron las acciones de búsqueda, se acordaron nuevas diligencias, peritajes y toma de declaraciones y se realizó la valoración de nuevas evidencias científicas.
La institución expresa su reconocimiento a los expertos integrantes del GIEI: Ángela Buitrago, Claudia Paz, Francisco Cox, Carlos Beristáin y Alejandro Valencia, quienes han colaborado con la Procuraduría General de la República durante sus dos mandatos. Los días que restan a su mandato, sostendremos varias reuniones para aprovechar en toda su extensión este esfuerzo de colaboración.
El trabajo de la PGR con el Grupo de Expertos ha sido constante. La Procuradora General de la República, Subprocuradores y diversos funcionarios de la Institución, nos hemos reunido en 94 juntas de trabajo para el seguimiento del mandato motivo de la asistencia técnica. 31 de estas reuniones han sido con la Titular de esta Institución, y el resto con funcionarios de primer nivel, para desahogar peticiones, analizarlas y tomar acuerdos en torno a la Investigación, sumado al trabajo cotidiano con el equipo ministerial.
Adicionalmente el Grupo de Expertos también sostuvo reuniones de trabajo con el Secretario de Gobernación y con el Subsecretario de Derechos Humanos de dicha dependencia.
En todo momento, la PGR ha brindado al GIEI las mayores facilidades y acceso pleno a la información para el desarrollo de su labor.
Debe destacarse que a petición expresa de los padres, de la CIDH y del Grupo, la investigación del caso pasó, de manera excepcional, durante este segundo mandato de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, creándose una oficina de investigación exprofeso, dotada de todos los recursos técnicos, materiales y humanos para atender este caso, cuyo personal además, fue previamente seleccionado por el GIEI y los representantes de los padres.
El Estado Mexicano ha brindado al GIEI en todo momento las facilidades que requirieron para su trabajo. En ese sentido, en cuanto a solicitudes y requerimientos, esta Procuraduría ha recibido y atendido 941 peticiones, de las cuales al día de hoy, el 85 por ciento ha sido cumplido en su totalidad y el resto se encuentra en vías de cumplimiento.
Cabe señalar que en el primer mandato se recibieron 177 peticiones; 30 más, en el periodo intermedio y 734 en el segundo mandato. De estas últimas, más de 200 se recibieron entre febrero y marzo de este año.
Dentro de estas peticiones, el Grupo de expertos le pidió a la PGR:
· Información sobre fichas de Identificación de los 43 estudiantes, conforme con el “Registro Único de Personas Desaparecidas” del Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense.
· Georreferenciación de teléfonos, de los cuales se elaboró dictamen a fin de determinar la última ubicación de las señales de los números de los estudiantes y de diversos inculpados. En este rubro, del total de solicitudes del GIEI, 430 corresponden específicamente a telefonía y cruces de llamadas. Todas ellas han sido desahogadas, derivándose elementos de investigación que han sido atendidos por el Ministerio Público de la Federación.
· Testimonios e información referente a todas las autoridades de seguridad pública en servicio, durante los hechos, también fue requerido.
· Así, como reportes meteorológicos y de imágenes satelitales.
· Estudios, peritajes, confronta de elementos balísticos, comparaciones de perfiles genéticos, e información científica referente al caso.
· Investigación de organizaciones criminales, su estructura, vínculos financieros, así como de presuntos responsables.
· Además de promover la acumulación por conexidad de las cuatro causas penales del fueron común al federal, mismas que hoy se encuentran radicadas en un mismo juzgado.
Como se ha reiterado, la investigación para el esclarecimiento de los hechos del caso Iguala se encuentra abierta, por lo que de manera permanente se siguen realizando acciones de búsqueda. La última tuvo lugar los pasados 13 y 14 de abril.
En coordinación con la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, a la fecha se han efectuado 851 acciones de búsqueda, utilizando para ello todos los recursos institucionales y tecnológicos más avanzados. En el segundo mandato 25 de ellas se realizaron a petición del GIEI y en todo momento se tuvo acompañamiento de los representantes forenses de los padres.
Como resultado de la investigación en curso, se ha consignado a 168 personas, de las cuales ya están detenidas 123 dentro de ellos:
54 policías municipales de Iguala.
19 policías municipales de Cocula.
50 integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, entre los que se encuentran integrantes de células que operaban en Huitzuco.
El expediente se ha trabajado con transparencia, lo cual puede constatarse con la versión pública del Caso, que está disponible para consulta de cualquier interesado en Internet. La propia versión da cuenta de un trabajo exhaustivo, que incluye, entre otros aspectos:
Mil 651 intervenciones periciales.
850 declaraciones ministeriales.
98 extracciones forenses de información, todas ellas con autorización judicial.
La toma de 135 muestras de ADN, 20 cateos, entre otras muchas diligencias.
La PGR ha manifestado como uno de sus cuatro ejes rectores el respeto a los Derechos Humanos. De ahí que condene, investigue y sancione, como lo manda nuestra Constitución, cualquier práctica de tortura o malos tratos.
Los señalamientos sobre supuestos actos de tortura referidos a esta indagatoria, están siendo investigados por la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, área creada por acuerdo de la Procuradora el 27 de octubre del 2015, la cual ha iniciado 6 averiguaciones previas, relacionadas con 31 presuntas víctimas, quienes hacen señalamientos en contra de servidores públicos de distintas instituciones.
En los casos en donde se señala a servidores públicos de esta institución, es la Visitaduría General la encargada de llevar a cabo la investigación. Esta área actualmente integra siete actas circunstanciadas y 3 averiguaciones previas en contra de servidores públicos de la PGR.
Cabe señalar que estos hechos se investigan a iniciativa de la propia institución.
Toda indagatoria ministerial vinculada con probables casos de tortura, requiere la aplicación del estándar internacional de Derechos Humanos para su investigación en esta materia, conocida como Protocolo de Estambul, el cual consiste en la práctica de exámenes médicos de integridad física, psicológicos y de fe de integridad psicofísica, mismos que deben obrar en las actuaciones de donde deriva la calidad de la probable víctima.
Actualmente, la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, que en México es la instancia con acreditación internacional para su aplicación, realiza estudios conforme al Protocolo de Estambul a las probables víctimas.
Es importante reiterar que las consignaciones realizadas por la PGR están basadas en pruebas periciales, evidencia científica y no solamente en declaraciones.
Nuestra Constitución es la garantía de que la tortura no es tolerada y es sancionada con severidad. La Procuraduría General de la República reitera su compromiso con la indagación de todas las denuncias al respecto.
En el Informe publicado por el GIEI el 6 de septiembre de 2015, se incluyó el estudio del doctor José Torero, quien planteó la necesidad de realizar una investigación de altísimo nivel en el basurero de Cocula, con peritos de las más altas calificaciones independencia y experiencia en materia de fuego.
Atento a ello, la PGR propuso al GIEI, y así lo pactó con este Grupo, realizar un tercer estudio de fuego, compromiso que fue formalizado durante la audiencia pública del Caso Iguala ante el Pleno de la CIDH el 20 de octubre de 2015. Posteriormente, el 25 de enero de este año la PGR y el GIEI fijaron como objetivos del estudio los siguientes: determinar si hubo un episodio de fuego controlado en el basurero de Cocula y analizar la posibilidad de la quema de restos humanos durante el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Asimismo, el 12 de febrero de 2016, la PGR y el GIEI integraron de común acuerdo el panel internacional e independiente de 6 especialistas de fuego con las más altas acreditaciones científicas forenses del mundo en esta materia. Cada parte propuso tres expertos, incluyendo al doctor Torero.
Debe referirse que, como se especificó en las bases acordadas por la PGR y el GIEI, el panel de especialistas de fuego realizó su análisis con base en toda la evidencia contenida en el expediente incluyendo los dictámenes periciales de la PGR, los estudios de José Torero y del EAAF.
Como fue comunicado públicamente por el representante del grupo de especialistas de fuego en su informe conclusivo, se indicó que en el basurero de Cocula, y cito textual: “Uno: derivado de los siguientes análisis practicados se puede concluir que existe evidencia suficiente, inclusive observable físicamente, para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el lugar denominado ‘basurero de Cocula’”.
“Dos: la recolección de restos óseos corrobora la evidencia suficiente y coincidente entre los equipos forenses, tanto de la Procuraduría General de la República como del Equipo Argentino de Antropología Forense, lo que permite determinar que al menos 17 seres humanos, fueron quemados en el lugar”.
No obstante, la indagatoria sigue abierta y se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos.
Como se ha referido en múltiples ocasiones, el marco legal mexicano establece que los interrogatorios a cualquier persona, en el marco de una averiguación previa, incluyendo a personal militar, solo pueden desarrollarse bajo la conducción única del Ministerio Público de la Federación.
Permitir las entrevistas en los términos que pretendía el GIEI vulneraba el debido proceso.
Ello no obsta, para señalar que el cuestionario con las preguntas que el GIEI deseaba formular directamente y que hoy fue difundido durante su informe, será valorado internamente por el Ministerio Público en los términos que legamente correspondan. Es importante destacar que en diversas ocasiones se solicitó al GIEI la entrega del cuestionario que hoy finalmente es público, para que la autoridad ministerial lo aplicara en los términos legales conducentes.
Por otra parte, el grupo de expertos de la CIDH afirmó públicamente ante medios de comunicación, en agosto de 2015, que no existe un antecedente que vincule jurídico-penalmente al Ejército Mexicano con los hechos de la desaparición y lesiones a normalistas del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Además, el 17 de julio de 2015, los integrantes del GIEI estuvieron presentes durante la toma de declaración de ocho estudiantes normalistas agredidos y ninguno de ellos formuló imputaciones a corporaciones federales de estar involucrados en el ataque.
Cabe comentar también, que en la indagatoria constan más de 50 declaraciones ante el Ministerio Público de la Federación de elementos militares del 27 batallón de infantería. La PGR ha ampliado las declaraciones según ha sido necesario para esclarecer los hechos, de modo que algunos de sus integrantes han comparecido hasta en cuatro ocasiones, sin que se haya encontrado evidencia que los incrimine respecto de estos sucesos.
El GIEI se ha referido a la hipótesis del “Quinto Autobús”, la cual han manifestado no fue debidamente investigada por las autoridades ministeriales.
Con relación al autobús 3278 de la empresa Eco Ter, Estrella Roja, señalado como el Quinto autobús por el GIEI, su presencia fue integrada en el expediente desde que la PGR atrajo la investigación.
A esta línea de investigación se le ha dado un seguimiento muy puntual para su esclarecimiento. Además, en torno a este punto, el Grupo de Expertos hizo 19 peticiones, entre otras:
Realizar diligencias de investigación relacionadas con el autobús Estrella Roja.
Ampliación de entrevista al chofer.
Guías de transporte o bitácoras de recorridos de los autobuses que se encontraban en la terminal de Iguala.
Inspección ministerial de la unidad y práctica de dictámenes periciales.
En respuesta, esta autoridad llevó a cabo las siguientes diligencias:
El 11 de septiembre del 2015, personal de la Oficina de Investigación se trasladó a Cuautla, Morelos a practicar nuevamente la inspección ministerial y realizar dictámenes periciales, destacando la identificación vehicular, de la que resultó que dicho camión no contaba con alteración alguna, como podría ser compartimentos ocultos para esconder droga u otra sustancia. Además, se utilizó un binomio canino que permitió descartar la presencia de narcóticos.
El 2 de octubre de 2015, el chofer de este autobús amplió su declaración manifestando:
1. Que el camión asegurado es el mismo que salió de la central de autobuses, una vez que fue tomado por estudiantes.
2. Que éstos descendieron por su propia voluntad calles adelante, y
3. Que jamás fue detenido por elementos de la policía de ninguna corporación.
El 29 de septiembre de 2015, compareció el apoderado legal de la empresa a la que pertenece el autobús, quien exhibió el Reporte de Velocidad de la unidad, correspondiente a los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Anexó además las impresiones del sistema copiloto satelital, de la cual se advirtió la ruta del vehículo el día de los hechos. Estos elementos son coincidentes con la declaración ministerial del chofer, al acreditarse técnicamente que salió de la central de autobuses a las 21:20 horas del día 26 de septiembre de 2014 y a las 22:05 horas se encontraba en la caseta de Iguala.
Respecto al manuscrito del 5 de octubre de 2015, al que se refirió el GIEI y que se atribuyó al chofer y que en su contenido señala haber sido detenido, a éste se le practicaron dictámenes de Grafoscopía, uno elaborado por la Coordinación General de Servicios Periciales de esta institución y otro por la Policía Federal. En dicho dictamen se concluyó que no fue el chofer quien lo escribió sino el apoderado legal de la empresa.
Además, con el propósito de ser exhaustivos en esta línea de investigación, se encuentra en trámite una solicitud de asistencia jurídica internacional al FBI, misma que ayudará a profundizar al respecto.
Un punto relevante sobre esta hipótesis del GIEI, es que la ruta de este transporte estaba circunscrita a los estados de Morelos y Guerrero. Por lo tanto, no habría podido cruzar la frontera hacia los Estados Unidos de América tal y como es sugerido.
Con relación a la línea de investigación sobre la Policía Municipal de Huitzuco, la PGR, desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos, ha atendido las líneas de investigación necesarias para su esclarecimiento, incluida la declaración de un testigo que apuntaba a que una de las rutas de desaparición se dirigía a esta población.
En atención al principio de exhaustividad que requiere toda investigación penal, se han desarrollado en la comandancia de la policía municipal de Huitzuco, entre otras diligencias, inspecciones ministeriales, fe de registro y archivos, inspecciones del parque vehicular y armas con las que cuentan los elementos de seguridad pública municipal, estudios de situación patrimonial, y se han indagado posibles vínculos que pudieran existir con miembros de la delincuencia organizada, entre otras acciones.
En forma particular, durante esta segunda etapa de la indagatoria, desde diciembre de 2015 a la fecha, han declarado ante el Ministerio Público de la Federación 45 Policías Municipales de Huitzuco.
Adicionalmente, esta Representación Social indaga la información fiscal y financiera de los policías de ese municipio.
Además de las acciones de investigación a los policías, se han realizado a la fecha en esa población y lugares aledaños múltiples acciones de búsqueda de los estudiantes normalistas, siendo la primera de ellas en el mes de diciembre de 2014.
El mismo testigo que llevó a desarrollar la línea de investigación sobre Huitzuco, también refirió la probable presencia de algún elemento de la Policía Federal en un evento relacionado con la desaparición de los estudiantes.
En este sentido, esta institución agota hasta sus últimas consecuencias esta línea de investigación y en su momento se darán a conocer los resultados que legalmente procedan.
Es conveniente precisar que, como obra en el expediente, en sus declaraciones iniciales registradas en 2015, dicho testigo no refirió ni hizo algún señalamiento previo, relativo a elementos de esta corporación.
En cuanto al lamentable evento que involucró a integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, se inició una indagatoria el 11 de noviembre de 2014, con motivo de la averiguación previa recibida de la Fiscalía General de Guerrero.
Respecto a lo manifestado por las víctimas, de que policías federales no actuaron oportunamente, los elementos declararon ante el Ministerio Público de la Federación que sí solicitaron servicios médicos para el auxilio inmediato de los heridos, atención que fue otorgada oportunamente según consta en las declaraciones.
Sobre hechos ocurridos en el tramo Chilpancingo-Iguala, en las inmediaciones de la población de Mezcala, Municipio de Eduardo Neri, la Fiscalía General de Guerrero inició una averiguación previa por el delito de tentativa de homicidio, lesiones, amenazas y robo cometido en agravio de una víctima, quien resultó lesionado en el hecho ocurrido en la carretera Federal México – Acapulco en la madrugada del 27 de septiembre del 2014.
Esta persona declaró ante la Fiscalía local que observó a un grupo de aproximadamente 40 personas que vestían ropas civiles y pasamontañas, que portaban rifles, y sin mediar advertencia o señal alguna empezaron a dispararle, resultando herido en la pierna. Refiere haber escuchado de sus agresores que a uno de los sujetos por radio le avisaron, “ahí viene la ley vámonos”, por lo que se retiraron llegando al poco tiempo una patrulla de la Policía Federal.
La Fiscalía General de Guerrero también recogió las declaraciones del padre de una víctima de la agresión al equipo “Los Avispones de Chilpancingo” quien se refirió a movimientos de varias camionetas de lujo que intentaban bloquear la carretera a media noche, cuando él pretendía acudir en auxilio de su hijo, quien le reportó que estaba herido. En su declaración no refiere que alguno de estos vehículos fueran patrullas.
En las averiguaciones previas que quedaron asentadas en la Fiscalía General de Guerrero, no hay evidencia de la presencia de la policía federal como agresores en el lugar de los hechos.
La investigación del caso Iguala no está fragmentada. El expediente del caso consta de una sola averiguación en la cual se han integrado las actuaciones de cuatro investigaciones relacionadas con el secuestro y desaparición de los estudiantes normalistas.
La Oficina de Investigación del Caso Iguala se encarga de la indagatoria de los hechos respectivos, mientras que la SEIDO conoce de eventos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de su competencia, sin que ello implique que se dejen de remitir a la Oficina de Investigación las actuaciones directamente vinculadas con el Caso Iguala.
Es necesario precisar que por razones de ley la SEIDO debe proseguir con las investigaciones en su materia, lo que ha permitido seguir consignando sujetos relacionados con la organización criminal que opera en la zona norte de Guerrero, que además es responsable de la agresión a los estudiantes, y de otras víctimas.
En relación con el video mostrado el día de hoy por el GIEI, la PGR analizará dicho material y en el marco de la investigación determinará lo conducente.
La Procuraduría General de la República reitera su compromiso permanente con las familias y todas las víctimas para esclarecer los hechos, así como con la promoción y defensa de los derechos humanos.
Refrenda también su interés de seguir trabajando con ellas y con sus representantes.
También expresa que en el contexto de las medidas cautelares del Caso Iguala, brindará a la CIDH toda la información necesaria para su seguimiento.
Los hechos de Iguala han representado una de las más grandes ofensas y uno de los más grandes desafíos para el Estado Mexicano.
Las autoridades reiteramos nuestro compromiso con la apertura y transparencia en la investigación.
Por ello, la PGR, puso a disposición de la ciudadanía la versión pública del expediente. Además, como parte de esta política de apertura, se anuncia que en esta semana se dará a conocer un amplio informe con el estatus actual de la investigación hasta el segundo mandato del GIEI.
Dicho documento contiene la síntesis de los 201 tomos y 14 anexos del caso, e incluye las principales acciones y los resultados más destacados de la investigación hasta la fecha.
Finalmente, la PGR expresa, reitera y enfatiza que la investigación está abierta y no concluirá hasta que el último responsable sea sancionado por los jueces, así también manifiesta su convicción de que la relación de confianza y diálogo con los familiares de los estudiantes normalistas es fundamental y seguirá trabajando en su tarea de procurar justicia.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
