By Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de México informó que por indicaciones del Presidente Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de los Congresos y Gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, al detectar que existe incapacidad para que las autoridades garanticen que la designación de funcionarios anticorrupción no sea ocupada para blindar a los mandatarios salientes.
En conferencia de prensa en la Residencia Oficial de Los Pinos, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, explicó que los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge y sus respectivas legislaciones realizaron reformas en materia anticorrupción, sin esperar a la entrada en vigor de la ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que es contrario a la Constitución Mexicana.
“Las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República, se encaminan a atender problemas muy concretos, ya que de subsistir las normas y actos que se han impugnado provocarán que varias de las actuaciones de combate a la corrupción sean contrarias a la Constitución federal”, se expuso.
“Es conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice las reformas en materia de combate a la corrupción que hoy impugnamos, toda vez que no podemos dejar a la incertidumbre la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción”, manifestó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR.
En conferencia conjunta de la PGR y Vocería de Presidencia, se informó que contralores, así como magistrados y fiscales anticorrupción, no podrán ser designados por las autoridades locales, ya que se determinó que las legislaturas no cuentan con las herramientas para contribuir al proceso de implementación del combate a la corrupción.
Con la medida se busca que la SCJN advierta que las entidades carecen de facultades para crear sistemas locales anticorrupción y que no pueden nombrar funcionarios en la materia.
“Ante la falta de competencia de los congresos locales de las entidades antes mencionadas, se generará en perjuicio del propio Sistema Nacional Anticorrupción, que pondría en duda el propio sistema, lo que en esencia se ha solicitado, es que la SCJN advierta que dichas entidades carecen de facultades para nombrar a los fiscales”, acotó Eduardo Sánchez.
El vocero presidencial, Eduardo Sánchez expuso que los decretos para la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción se habrán de publicar en los próximos días, en tanto las leyes vigentes de responsabilidad administrativa y de fiscalización de las entidades federativas continúan en vigor.
Recordó que el constituyente permanente aprobó un marco jurídico robusto e innovador que recoge las mejores prácticas internacionales para prevenir y combatir la corrupción.
El vocero del Gobierno de la República señaló que el Sistema Nacional Anticorrupción no tiene cabida a legislaciones locales a modo.
(Con información de El Universal y Excélsior)
