By Con los diputados locales de Morena imposibilitados –so riesgo de ser expulsados del partido– para votar a favor de la iniciativa de decreto que autorice al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares refinanciar o reestructurar la deuda de más de 42 mil millones de pesos, legada por los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, este martes se trasladará al Congreso local la batalla campal entre Yunes y Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto, no soltará Veracruz, donde ve amplias posibilidades de triunfo en los comicios de junio próximo.
Al puro estilo autoritario del PRI, de donde aprendió el dirigente nacional de Morena, a través de su dirigente en la entidad ha amenazado con expulsar de su partido a todo aquel diputado local que levante la mano por la afirmativa, dejando sin posibilidad de discusión un tema que afecta gravemente a la entidad y de cuya solución es posible que puedan realizarse algunas obras, particularmente aquellas que están inconclusas, para las que el gobernador Yunes también pide la autorización para un nuevo endeudamiento por 5 mil millones de pesos.
La iniciativa con proyecto de decreto pone en evidencia el enorme hoyo financiero que se observa en las finanzas públicas de Veracruz, sobre las que penden, al 31 de diciembre pasado, 21 obligaciones financieras constitutivas de deuda pública por 41 mil 529 millones 580 mil 201 pesos que, para este martes, seguramente será más abultada, por aquello de los intereses. Adicionalmente, señala el documento distribuido este lunes por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, el Registro Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP tiene inscritas 7 operaciones que implican compromisos contractuales para el gobierno estatal por un monto superior a los 6 mil millones de pesos, que deben ser revisados y hasta renegociados en condiciones favorables.
En la iniciativa originalmente presentada por el gobierno estatal, se señala que el alto nivel de endeudamiento “pone en riesgo la prestación de los servicios públicos y la operación de los programas sociales”, por lo que invoca la necesidad de adoptar medidas urgentes de reestructuración, sin comprometer la capacidad para que la actual administración afronte cabalmente sus atribuciones constitucionales y legales.
Para ello, establece dos etapas: en la primera, se buscaría modificar (o eliminar) las cláusulas que establecen penalidades que están a punto de configurarse en estos primeros meses de 2017, “que podrían generar la demanda de pronto pago, ocasionando un colapso en las participaciones federales y en todo flujo de recursos estatales comprometidos al pago de deuda, con la consecuente crisis financiera insostenible que esto causaría”; en una segunda etapa, se reestructurarían los créditos y emisiones bursátiles que, según análisis, están comprometidas con tasas de interés más altas de que lo que están en el mercado financiero.
Además de estos puntos que tienen que ver con modificar las condiciones y plazos de las deudas contraídas por el gobierno estatal en las pasadas administraciones, un punto que levantará polémica en la Legislatura es el que se refiere a un endeudamiento adicional por 5 mil millones de pesos que se destinarán a inversión pública productiva, en particular, la puesta en operación de muchas obras inconclusas; según el documento, este monto no excede los límites prudenciales de endeudamiento establecidos para Veracruz, conforme a lo dispuesto por la normatividad aplicable y a los estándares del sistema financiero”.
El problema es que las medidas adoptadas por el gobierno yunista en los primeros tres meses de su gestión, en que se han anunciado obras hospitalarias y unas cuantas de mejora en vías carreteras, es que anunció que se haría un fuerte recorte de personal para reducir el enorme déficit en gasto corriente que significaba una diferencia negativa de 20 mil millones de pesos anuales, y en efecto, cientos de familias están enfrentando graves problemas para subsistir pues integrantes de ellas fueron despedidos sin analizar siquiera su antigüedad o sus capacidades, y sin ofrecerles lo que legalmente les corresponde según la Ley Federal del Trabajo.
Para colmo, una vez fuera de las oficinas el personal despedido, casi de inmediato fueron contratados elementos afines al nuevo gobierno para sustituirlo, lo que parece una barrabasada porque no se cumple con el objetivo de adelgazar la obesa estructura burocrática. Ese seguramente será uno de los argumentos que se esgriman a la hora de cuestionar la propuesta.
Duarte dejó deudas con todos: SAT, UV, Ayuntamientos…
Lo que no está considerado en la propuesta, dado que no es reconocido como deuda pública, al menos no de índole bancaria o bursátil, son los enormes pasivos que arrastra la administración pública estatal con diferentes niveles de gobierno, la Universidad Veracruzana, otros organismos autónomos y, por supuesto, con proveedores y contratistas, muchos de los cuales quedaron en la quiebra.
Durante la visita del secretario de Educación, Aurelio Nuño, a Xalapa, fue entrevistada por los medios la titular de la Sefiplan, Clementina Guerrero García, quien dijo que el Gobierno del Estado adeuda 13 mil millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria (SAT), por falta de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de ejercicios anteriores y que incluyen los de Universidad Veracruzana (UV) y los de otros organismos. “Son de varias dependencias, el Estado los retuvo y no los entregó al SAT y los usó para otros gastos en la pasada administración”.
Añadió que aunque se ha tratado de pagar estos adeudos, entre los pendientes está el de la Universidad Veracruzana, que recibió observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y aunque los bienes de la casa de estudios son inembargables, porque se trata de un servicio público, la amenaza está latente.
Sobre la deuda que ha friccionado las relaciones entre el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y los municipios gobernados por el PRI, Tula Guerrero reconoció que no hay fecha ni recursos para el pago de esos pendientes con ayuntamientos, y no es que la dependencia se niegue a pagar los 3 mil 500 millones de pesos, sino que no hay recursos. “No es por falta de voluntad política, no hay dinero, se ha estado pagando lo que ha llegado invariablemente, pero aún no hay plazo para pagar. La situación por la que está pasando Veracruz lo impide”.
Este tema hace recordar las fuertes declaraciones hechas por Yunes Linares incluso antes de tomar posesión como Gobernador, cuando reclamó airadamente el respaldo del gobierno federal para saldar la crisis de Veracruz, en buena medida permitida por el gobierno estatal. El problema es que él ha estado actuando de la misma manera al rechazar incluso con palabras altisonantes las demandas de los ayuntamientos veracruzanos para que se les reintegren los recursos que el gobierno duartista no les entregó. Yunes les ha respondido que fueron cobardes al no reclamarle este pago al anterior gobierno en su oportunidad, lo que ha abierto una profunda brecha de comunicación entre el gobernador y los ayuntamientos (cerca de 100) gobernados por el PRI.
Comentarios: belin.alvaro@gmail.com | www.alvarobelin.com | Twitter: AlvaroBelinA | Facebook | Google+ | Linkedin | Instagram |
Historial de columnas
