By La creación de la fiscalía anticorrupción, tal como la plantea Javier Duarte, es un intento de proteger al grupo gobernante que saqueó y arruinó al estado, dejando sembrado a funcionarios a su servicio, cómplices del incremento de la pobreza, de la corrupción, todo ello bajo una medida perversa que pretende protegerse para evitar ir a la cárcel y entorpecer la gestión del nuevo gobernador, advirtió el investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Rafael Vela Martínez.
Aunque consideró que la creación de dicho organismo es algo positivo, no lo es bajo las reglas del gobierno duartista, pues si hubieran querido eliminar la corrupción lo hubiera aplicado desde el principio de su gobierno para evitar el saqueo; ahora se trata de una medida perversa que pretende entorpecer la gestión del gobierno entrante, insistió.
Vela Martínez reiteró que se trata de un ardid político del gobernador, porque no es un acto de buena voluntad para ciudadanizar los órganos de control como ha querido hacer creer con acciones extemporáneas como la eliminación del fuero a alcaldes y gobernador, pues esta medida debería hacerse también extensiva a diputados y a las nuevas figuras creadas en este gobierno. Es un acto de pánico, de desesperación soterrada ante la posibilidad de enfrentar la justicia.
Se refirió en concreto a la sobreprotección de la que goza el fiscal general, Luis Ángel Bravo Contreras, de quien dependerá la fiscalía anticorrupción y a la «forma tramposa» de constituir la estructura estratégica del futuro comité coordinador anticorrupción, que estará formado por los titulares de la Contraloría General del Estado (CGE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y el fiscal anticorrupción, «donde hay puros empleados de Duarte, gente a su servicio que se dedicará a protegerse mutuamente».
—¿Se deben ciudadanizar los órganos del control de uso de recursos públicos?
—Eliminar fuero también no sólo del gobernador. Si algo hizo bien fue lo de quitarles fuero al próximo gobernador y alcaldes. Es incompleto e ineficiente. Lo hizo así, de forma soterrada para proteger a su grupo. Ciudadanizar los órganos no es el fondo de sus acciones, hubiera incorporado quitarle fuero a los diputados, al fiscal general, a la nueva figura anticorrupción, a los magistrados y al titular de la CEDH. Todos ellos que son parte de una estructura, y no los tocó.
El comité coordinador anticorrupción deberá integrarse, pero quiénes estarán ahí, el contralor, fiscal anticorrupción, CEDH y el del IVAI, todos ellos empleados de él, a quienes quieren dejar en los próximos cinco años. Una actitud perversa de Duarte y anteponiendo el interés de su grupo —adujo.
—¿Blindaje?
—Ardid político, Duarte no entiende que los veracruzanos no lo quieren, votaron para que se vaya y no haga más daños, incrementó la pobreza, el desempleo, sin obra importante. Se votó para decirle «Duarte vete». Más que crear una fiscalía debería ordenar las cosas para entregar bien a la siguiente administración, porque esta fiscalía dependerá de Luis Ángel Bravo. Pareciera que son omnipotentes. Antes de tomar esas decisiones lo que se debe hacer es evaluar el quehacer de la procuración de justicia.
—¿Nadie evalúa al jefe de la Fiscalía General del Estado?
—No hay reglamentación siquiera en la ley. Académicos pensamos que es necesario un Consejo Ciudadano de Evaluación de la labor del fiscal, porque sabemos que desaparecen jovencitos entre 14 y 18 años en Xalapa y el estado. Hay muchos reclamos de madres de y familiares desaparecidos, delitos del fuero común, violaciones, homicidios y pareciera que es un dios. No creo en el fiscal y nadie tiene por qué creer, debe ser evaluado por un comité que revise su accionar y valorar su permanencia o salida.
—¿Cómo se instrumentaría el consejo?
—Integrarse por quienes han sido lesionados, madres de desaparecidos, transparencia, de equidad de género o búsqueda de familiares, por gente de la UV y solvente ética y moralmente. Ahí deberían estar. Tendríamos que trabajar sobre integración de figura, pero el fiscal, antes de que tome el control de la fiscalía anticorrupción debe ser evaluado como funcionario público y su rendimiento profesional.
—¿Quieren dejar la fiscalía anticorrupción?
—Es difícil impedírselo, se han reformado artículos de la Constitución, el 67, que nombra a la especializada y combate a la corrupción. La intención de Duarte es blindarse para evitar ir a la cárcel. Son acciones de pánico. Quieren dejar un fiscal controlado por el gobernador saliente, inclusive al contralor e impedir que el nuevo gobierno impulse desarrollo pero sobre todo, regresar el dinero robado. No hay buenas intenciones.
—¿Quieren dejar al contralor, Ricardo García Guzmán, nuevamente?
—A lo mejor como estudiante no fue tan malo, pero funcionario fue parte de la camarilla que atracó al estado y era empleado, por eso se hizo secuaz. No puede permanecer, tendría que estar vetado. Estas acciones del gobernador con los diputados priístas en funciones, una lamentable legislatura cómplice del saqueo, quieren dejarlo para impedir un buen funcionamiento y echar abajo una propuesta de Miguel Ángel Yunes Linares, de que el contralor fuera propuesto por la UV. No la rectora, sino por el Consejo Universitario, tres personas sin que el gobernador electo supiera quiénes son y que el Congreso decidiera. Eso es transparente y ético de incorporar la academia en la toma de decisiones. Es una vacilada lo de Duarte, quiere dejar a un cómplice y lo quiere elegir como figura suprema.
FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ
