By Mientras miles de veracruzanos sufrían los efectos destructivos de Earl (muy lejos de Coatzacoalcos donde se instaló la sesión del Consejo Estatal del Protección Civil), las autoridades estatales erraban en sus medidas preventivas y el gobernador Javier Duarte se ocupaba y distraía en su penosa confrontación con el gobernador que ha de sucederle.
En el primer fenómeno meteorológico que golpea a Veracruz, las zonas costeras e, incluso, la mayoría de las cuencas ribereñas sufrieron pocas afectaciones más allá de fuerte oleaje, lluvias torrenciales e inundaciones en zonas urbanas y tierras de cultivo. En esas áreas se concentró la atención oficial.
Sin embargo, donde la muerte y la destrucción tocaron la puerta fue en las zonas montañosas, donde las laderas reblandecidas por tanta agua se deslizaron llevándose consigo viviendas y causando la muerte de al menos 13 personas, según las cifras oficiales, que vivían en comunidades de la Sierra de Zongolica, en particular Tequila; en Coscomatepec, Huayacocotla y La Perla, además del municipio de Medellín de Bravo, conurbado con Veracruz.
No bastó con emitir alertas, con publicar recetarios sobre lo que se debe hacer en caso de un huracán, con establecer rutas de impacto y recomendar a los ayuntamientos habilitar albergues, con medir persistentemente los niveles de los ríos para reubicar a familias que pudieran estar en riesgo de inundación. No, no bastaron las tradicionales recetas implantada por Protección Civil para evitar pérdidas humanas, a falta de posibilidades de impedir las pérdidas materiales.
El disturbio tropical Earl puso en el tapete la nula efectividad del gobierno de Veracruz para proteger a la población; los 13 veracruzanos que murieron fue como producto del reblandecimiento del suelo, que trajo consigo la destrucción de sus viviendas y de sus vidas, bajo un alud de lodo y olvido.
Puede que comparen con Puebla, donde la situación fue más grave (allá murieron más de 28 personas en similares circunstancias que acá), pero lo cierto es que ninguna recomendación o acción preventiva estuvo orientada a la población que no está en las costas o en la ribera de los ríos, sino en zonas altas, tanto rurales como urbanas. Ya hemos visto que también hubo aludes de lodo en Xalapa donde varias casas fueron destruidas por la fuerza de la naturaleza.
El colmo político es que, antes de que este lunes reaccionara Javier Duarte y acudiera a pasearse por las zonas afectadas por el desbordamiento del río Jamapa (ya sabemos que no admite viajes muy largos como el que debería emprender para llegar hasta Huayacocotla), ya lo había hecho su próximo sucesor, Miguel Ángel Yunes Linares, a quien al estilo del Tío Fide se le vio con los pantalones arremangados, acompañado de su hijo el senador Fernando Yunes, dialogando con la gente en los momentos más difíciles de la inundación.
Lo que Earl ha desnudado
Con impacto en el Caribe mexicano, esta tormenta vino a poner en entredicho la existencia de políticas públicas en materia de desarrollo urbano, y también, a cuestionar las estrategias clientelares de los partidos políticos, en especial del PRI, que en aras de votos favorecen a líderes sin escrúpulos que promueven la invasión de predios urbanos en áreas vulnerables, como las laderas de los cerros, para que personas sin recursos construyan viviendas amenazadas permanentemente.
Desde el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, Veracruz ha hecho de este tema (la protección ante desastres naturales) una forma de ocultar graves carencias en materia de políticas urbanas y de infraestructura que podrían disminuir realmente el impacto de huracanes o sequías, carencias que son más ostensibles a la hora de prevenir catástrofes humanas como la ocurrida en el Complejo Pajaritos de Coatzacoalcos en abril pasado.
Ya hemos hablado en este espacio de otros beneficios para la clase gobernante: utilizar los recursos obtenidos del gobierno federal para atender a damnificados como una caja chica que ha permitido que se enriquezcan, dejando en el olvido a miles de veracruzanos afectados en sus vidas y sus bienes.
Y pronto le llegarán recursos frescos al gobierno de Javier Duarte. Por lo pronto ya ha enviado solicitud de reconocimiento de desastre natural en 48 municipios, donde sufrieron 28 deslaves y varias inundaciones, por lo que 6 mil 300 casas sufrieron daños y más de 32 mil personas fueron afectadas.
El problema, sin embargo, es que la Secretaría de Protección Civil ha sido un enorme parapeto que esconde la enorme simulación de sucesivos gobiernos, más interesados en el desvío de recursos públicos que en la seguridad de sus gobernados.
Vale la pena reflexionar en las palabras del asesor ambiental Guillermo Montealegre (un apellido que contrasta con la tristeza y desolación que encontraron varios veracruzanos en los montes en que vivían) quien observa cómo, pese a que hay leyes que prohíben asentamientos humanos en zonas irregulares y de alto riesgo, las autoridades no actúan de manera suficientemente rígida como para evitar que la población se instale cerca de los ríos o en declives pronunciados.
Para él, el argumento de la pobreza como justificación para los asentamientos en derechos federales, como vías del ferrocarril o riberas de los ríos, no debería ser válido cuando se exponen vidas. El problema es que en muchos casos son las autoridades estatales y municipales las que legalizan este tipo de poblamientos, muchos de ellos producto de invasiones, mediante la dotación de servicios públicos, cuando debiera haber acciones inmediatas para la reubicación de las familias.
Por eso, por la inexistencia de políticas públicas en materia de desarrollo urbano en Veracruz y tener a una Secretaría de Protección Civil ocupada en meras recetas para que la población se prevenga sola, la guadaña de la muerte siempre estará a punto de blandirse sobre la humanidad de miles de veracruzanos.
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