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Colectivos de búsqueda de desaparecidos desaprobaron la reforma a la fiscalía de Veracruz.
Colectivos de búsqueda y organizaciones de familiares de personas desaparecidas en Veracruz alertaron que las reformas impulsadas por el Congreso del Estado ponen en riesgo la autonomía de la Fiscalía General del Estado (FGE) y provocarían retrocesos en las investigaciones, identificación forense y atención a víctimas.
En un comunicado, las agrupaciones señalaron que las recientes decisiones legislativas y judiciales modifican las condiciones bajo las cuales debe operar la fiscalía y generan un escenario de incertidumbre institucional que advirtieron podría incluso incidir en procesos penales de alto impacto, como el caso de desaparición forzada del que se le acusa al exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
El documento, dirigido a diputadas y diputados locales, a la gobernadora y a la opinión pública, recalca que la autonomía de la fiscalía “es un componente esencial para que las indagatorias se desarrollen sin presiones políticas”. Recordaron que, sin independencia técnica, cualquier investigación puede verse condicionada por intereses ajenos al acceso a la justicia.
De acuerdo con los colectivos, los cambios aprobados afectan directamente la continuidad de expedientes, la protección de víctimas y la operatividad de áreas clave como los servicios periciales. En un estado con miles de personas desaparecidas, afirmaron, la estabilidad institucional es indispensable para sostener procesos de búsqueda que requieren años de trabajo acumulado.
Advirtieron que una reforma que permita la remoción de la persona titular de la fiscalía con base en decisiones del Poder Ejecutivo desvirtúa el diseño original del órgano autónomo y abre la puerta a cambios discrecionales. Cada sustitución abrupta, señalaron, obliga a reiniciar vínculos institucionales, interrumpe diligencias y afecta dictámenes forenses que son fundamentales para la identificación de restos.
Las familias insistieron en que el Congreso debería concentrar sus esfuerzos en fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar la crisis de desaparición que atraviesa Veracruz.
Enumeraron la urgencia de ampliar la infraestructura científica, mejorar los servicios forenses, crear más espacios de resguardo, contratar personal especializado y garantizar mecanismos efectivos de atención y acompañamiento.
“No pedimos discursos ni simulaciones: exigimos instituciones con capacidad real de buscar, identificar y garantizar justicia”, enfatizaron.
El pronunciamiento también expresó inquietud por el contexto en que se anuncia la salida de Verónica Hernández Giadáns de la fiscalía de Veracruz, justo cuando se discuten modificaciones legales que advirtieron vulneran la autonomía del órgano encargado de investigar delitos.
Los colectivos recordaron que cada cambio legislativo hecho sin transparencia ni consulta a las víctimas tiene un impacto directo en los procesos de justicia, pues altera los marcos de actuación y debilita la confianza de quienes dependen de las instituciones para encontrar a sus familiares.
Una parte del comunicado se concentró en el caso de Duarte. Las organizaciones expresaron un especial temor por la posibilidad de que el proceso por desaparición forzada sea sobreseído, lo que podría abrir la vía para la liberación del exmandatario.
Aseguraron que una decisión de ese tipo sería “un golpe irreparable” para las víctimas, pues permitiría que uno de los principales responsables de violaciones graves a derechos humanos durante su administración evadiera la justicia, profundizando la impunidad y afectando la verdad histórica de los hechos.
En su mensaje final, los colectivos exigieron garantías plenas de autonomía para la Fiscalía y rechazaron cualquier reforma que debilite su independencia. También solicitaron que la transición institucional se realice sin cálculos políticos, con participación directa de las familias y bajo criterios de estabilidad, experiencia comprobada y solvencia técnica.
Con información de: E-consulta Veracruz
