By “A Javier le vale queso que lo corran del PRI; él ya sacó su libre”|
Priista encanijado|
A estas alturas del sexenio ya nada sorprende, un día nos enteramos de otro atraco que se suma a los cientos que cometieron los duartistas, y al otro, de más veracruzanos sacrificados. La capacidad de asombro ya nos rebasó. Por ejemplo, ayer, gracias a las investigaciones de los periodistas del portal informativo Animal Político, el que descubrió el tema de las empresas fantasmas que tanto éxito tuvieron en esta administración, nos amanece con la novedad de que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del Estado de Veracruz identificó 55 nuevos contratos que el gobierno de Javier Duarte negoció con una serie de empresas fantasma, los cuales se suman a los 73 que reveló una investigación publicada en el mencionado medio en mayo pasado.
El Orfis confirmó, dice Animal Político, que no hay evidencia de que los productos presuntamente comprados con recursos públicos llegaran a los beneficiarios.
Y así, con cinismo, lo revela un apartado especial del Informe de la Cuenta Pública 2015 que el Orfis entregó al Congreso de Veracruz la semana pasada, y al que Animal Político tuvo acceso; el informe se hará público una vez que lo aprueben los diputados locales.
El documento incluye los resultados de una verificación hecha por los auditores locales a 25 empresas contratistas del gobierno estatal, lo que dio paso a una denuncia penal ante la Fiscalía de Veracruz por posibles actos de corrupción.
En total, de acuerdo con el dictamen del Orfis, son 131 contratos los que tres dependencias y una entidad del gobierno veracruzano dieron a este grupo de compañías que no existen en sus domicilios fiscales y cuyos accionistas tampoco son empresarios. El monto total de dichos contratos asciende a casi 950 millones de pesos provenientes de las arcas locales.
La investigación tendrá una segunda fase (¡otra!) luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó un mayor número de empresas involucradas y confirmó la inexistencia de todas ellas tras el plazo legal que se les dio para que respondieran al llamado del fisco.
En un resumen del caso, los auditores estatales explican que, el pasado 21 de junio se tomó conocimiento de las declaraciones hechas por el entonces jefe del SAT, Aristóteles Núñez, en el sentido de que 25 compañías contratistas del gobierno de Veracruz sufrieron la cancelación de su registro fiscal luego de que no se les localizó en su domicilio. Dicho hallazgo, subraya el Orfis, se realizó luego de que Animal Político publicó que estas empresas recibieron 73 contratos de parte de las secretarías de Protección Civil, Desarrollo Social, Educación y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), entre los años 2012 y 2014.
El reporte explica que, “en su momento”, se realizaron las auditorías a los procesos de licitación y adjudicación directa del gobierno en las cuentas públicas de esos años, sin que se detectaran irregularidades. La verificación se hizo sobre los documentos entregados por el gobierno, no con verificaciones en el terreno: “Se evaluó en los términos del artículo 109 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, sin que de la revisión se detectaran irregularidades documentales en los procesos de licitación y/o adjudicación”, indicó el Orfis.
Tras la confirmación del SAT de irregularidades en las empresas contratistas, el 25 de julio el Auditor General envió el oficio OFS/3722/07/2016 a la Dirección de Auditoría de Poderes Estatales para que se llevara a cabo un nuevo análisis pero esta vez de todos los procesos de adjudicación concedidos por el gobierno de Javier
“En la denuncia se mencionan 131 contratos realizados con el Gobierno del Estado en tres dependencias y una entidad, por un importe detectado de 940.2 millones de pesos, en la que se presume que los bienes motivo de los citados contratos no fueron entregados a los respectivos beneficiarios”.
Como pruebas, en la denuncia se incluyó el referido dictamen, además de las auditorías realizadas en los años anteriores, los hallazgos realizados hasta ese momento por el SAT y la investigación publicada por Animal Político en mayo pasado.
Esta es la primera denuncia de tipo penal presentada por el Orfis en contra de dependencias del gobierno estatal por lo menos de la última década. Las denuncias por irregularidades en el manejo de recursos públicos se habían concentrado en los municipios.
Veracruz: fueron destazados;
Javier Duarte dejó de gobernar
En su columna Pulso Político, el periodista Francisco Cárdenas Cruz hace una descripción de los difíciles momentos que vive Veracruz de la siguiente manera:
“Ante lo que ocurre en Veracruz con los secuestros de más jóvenes entregados a grupos criminales que no solamente les dan muerte sino que literalmente los destazan, ya no se sabe qué esperar con un gobernador priista como Javier Duarte que ha dejado de cumplir su responsabilidad, más preocupado en defenderse de las acusaciones de corrupción que le han hecho o seguir en espera de que la PGR solicite su desafuero, antes del 30 de noviembre o abandone el estado y desaparezca.
“Los cuerpos de los cuatro estudiantes que desaparecieron en el puerto de Veracruz el jueves 29 de septiembre –igual que los cinco de Tierra Blanca, en enero pasado- fueron hallados desmembrados en bolsas de plástico en una carretera del municipio de Camarón de Tejeda y tres de ellos fueron identificados por sus familiares: son Génesis Deyanira Urrutia, Octavio García Baruch y Leonardo Arano.
“Este escándalo se suma a los que han ocurrido en Veracruz durante la gestión de Duarte, por los hechos de violencia que se han registrado, los secuestros y ejecuciones de centenares de personas, entre ellos casi una veintena de periodistas y las de jóvenes estudiantes que son levantados en varios casos por los propios policías de los municipios en los que los cárteles de la droga se disputan el control de la distribución y venta de ellas, en connivencia con las mismas autoridades, como ha quedado demostrado en varios casos.
“Un reporte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, reveló que uno de los municipios con los más altos índices de violencia es Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, en donde las familias viven aterrorizadas por la feroz acción de los grupos criminales que lo mismo extorsionan que secuestran y ejecutan a gente inocente, en cuyas moradas irrumpen a mano armada para robar, levantar o matar a sus ocupantes, de lo que existe una larga lista de denuncias que son ignoradas.”
El Poder Judicial pagará a empleados
Cada quien se defiende con sus herramientas. El magistrado Alberto Sosa Hernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, anunció que la institución que representa ha requerido a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para cumplir con el pago de la compensación temporal compactable y el bono trimestral, a los empleados del Poder Judicial.
El Magistrado Presidente enfatizó que en cuanto se reciban los recursos, una vez que libere la partida correspondiente la Secretaría de Finanzas del estado, de manera inmediata se efectuará la transferencia bancaria a todos los servidores públicos del Poder Judicial.
Al mismo tiempo, se mostró en contra del bloqueo de calles realizado por los integrantes del Sindicato Democrático de Empleados que dirige Omar Mora del Moral, ya que lamentablemente afecta a los habitantes de la ciudad, así como a los automovilistas de paso hacia diferentes destinos
Clorinda, un peligro para Xalapa
El alcalde xalapeño Américo Zúñiga Martínez no sabe lo que tiene como colaboradores, y eso no es raro, él se dedica a trabajar, a estar con contacto con los xalapeños, a atender sus necesidades pero no a estar vigilando qué hacen sus colaboradores quienes tienen tareas específicas, como es el caso de la Subdirectora de Comercio, señora Clorinda Ferral Ferrando, de triste memoria en el Ministerio Público, de donde tuvo que salir al descubrirse que había facilitado la liberación de peligrosos delincuentes.
Ella aprovecha el espacio que tiene en la comuna para forrarse las alforjas con el dinero que obtiene producto de atracos a los comerciantes y lo hace con prepotencia e impunidad, porque eso lo sabe hacer desde que fungía como MP. Sus relaciones con el hampa son ampliamente conocidas en la Fiscalía del Estado donde podría Américo documentar esto que aseguramos con la intención de evitarle problemas. Los comerciantes en Xalapa viven en el terror; pagan sus impuestos, pagan derecho de piso a la doña a través de sus inspectores y pagan a los malandros. No se vale.
Reflexión
Para rematar nuestras tragedias, ayer Crisanto Grijalva, mejor conocido como “Farolito”, pidió no satanizar a los profesionales que se dedican a hacer sonreír a chicos y grandes en fiestas o en las plazas públicas, con los sujetos que se las gastan infundiendo temor a la población por las noches, vestidos con disfraces de payasos diabólicos… Mal y de malas. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx formatosiete@gmail.com www.formato7.com/columnistas
