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Hasta ahora sólo cuatro ministros han manifestado sus posturas con relación a la propuesta de Luis María Aguilar Morales sobre las acciones de inconstitucionalidad planteadas contra una reforma impulsada en noviembre de 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin votación definida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió el debate sobre el proyecto que busca acotar la prisión preventiva oficiosa para que ya no sea aplicada de manera automática y los ministros retomarán el tema el próximo 24 de noviembre.
Hasta ahora sólo cuatro ministros han manifestado sus posturas con relación a la propuesta de Luis María Aguilar Morales sobre las acciones de inconstitucionalidad planteadas contra una reforma impulsada en noviembre de 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador para adicionar tres delitos fiscales a la Ley de Seguridad Nacional y Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: defraudación fiscal, contrabando y factureros.
Con esta reforma, dichos delitos se adicionaron automáticamente al catálogo previsto en el artículo 19 constitucional de aquellos que merecen prisión preventiva de oficio, medida que se aplica para que cuando una persona es acusada de estas conductas, permanezca en prisión mientras espera que se le dicte sentencia.
El ministro Aguilar Morales propuso establecer una interpretación para acotar la prisión preventiva oficiosa y que los jueces dejen de aplicarla en automático sino que permitan un debate entre el ministerio público y la defensa sobre la necesidad de que el imputado permanezca privado de la libertad mientras se dicta sentencia.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ha sido el único, hasta ahora, que apoyó esta propuesta.
Yasmín Esquivel Mossa y Alberto Pérez Dayán se pronunciaron en contra y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo consideró que la Corte ni siquiera debe emitir criterio alguno sobre el tema debido a que no fue planteado en las acciones de inconstitucionalidad.
Aguilar Morales también planteó la invalidez de la reforma que adiciona los delitos fiscales a la Ley de Seguridad Nacional y la de Delincuencia Organizada, esencialmente al considerar que estos no representan un riesgo a la seguridad nacional y tampoco pueden considerarse como delincuencia organizada.
Incluso, prevé declarar que el Congreso de la Unión no tiene una facultad ilimitada para ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio.
A favor de esta parte del proyecto se pronunciaron González Alcántara Carrancá, Pardo Rebolledo y Pérez Dayán, que con el voto de Aguilar Morales suman los primeros 4 votos de los 8 necesarios para que la invalidez sea un hecho.
Mientras que la ministra Esquivel Mossa anunció su voto en contra de la invalidez propuesta por el ponente.
Con información de: Proceso
