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Hasta la fecha, no quedaba claro si la empresa israelí había terminado también las licencias otorgadas, pero Nuevos elementos muestran que nunca fue vetada por la empresa de ciberespionaje, pues mantuvo una relación con sus más altos ejecutivos durante la administración de López Obrador.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) escondió un contrato para un «servicio de monitoreo remoto de información» que celebró en abril de 2019 con una empresa que tenía la representación exclusiva para vender la tecnología de NSO Group, la empresa israelí que desarrolla el spyware Pegasus.
En 2017, a un año de estallar el escándalo Gobierno Espía, que exhibió los ataques del gobierno de Peña Nieto contra los celulares de cientos de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos con Pegasus, NSO Group canceló los contratos que tenía en México con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Hasta la fecha, no quedaba claro si la empresa israelí había terminado también las licencias otorgadas a la Sedena, que aparte de ser su primer cliente en el mundo –adquirió Pegasus en 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa– fue uno de los principales usuarios del spyware durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Nuevos elementos muestran que la Sedena nunca fue vetada por la empresa de ciberespionaje, pues mantuvo una relación con sus más altos ejecutivos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador: en enero de 2018, Shalev Hulio y Niv Ovadia Leibovitch, respectivos cofundador y Director de Clientes de NSO Group, enviaron cartas a la Sedena para certificar que las empresas Comercializadora Antsua, S.A. de C.V. y Aircap, S.A. de C.V. contaban con su representación exclusiva para vender su tecnología a la Sedena hasta el 31 de diciembre de 2019, es decir, hasta el final del primer año del gobierno actual.
El 18 de enero de 2020, en un oficio “secreto” interno de la Sedena –consultado en esta investigación entre los cientos de miles de documentos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya–, un general adscrito a la Dirección General de Administración de Guerra Electrónica, se refirió a un contrato con clave DN-10 SAIT-1075/P/2019, celebrado el 12 de abril de 2019, que amparó el “servicio de monitoreo remoto de información» y fue fincado a la empresa “Comercializadora Antsua, S.A. de C.V.”.
En el oficio, el general señaló que el servicio fue recibido entre el 1 y el 30 de junio de 2019, y que se emitió una factura al respecto.
La existencia del contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 toma una importancia particular, pues exhibe el hermetismo y una mentira relevante de la Sedena.
Primero, el contrato no aparece en la base de datos de contrataciones federales Compranet, lo que evidencia la opacidad y la falta de rendición de cuentas de la Sedena.
Y más grave: preguntada específicamente sobre sus contratos con Comercializadora Antsua mediante diversas solicitudes de información –como la número 0000700340519 o la 0000700340619– y de la propia Fiscalía General de la República (FGR), la Sedena respondió que nunca celebró contrato alguno con la empresa. Dicho de otro modo, mintió.
Comercializadora Antsua y Aircap forman parte de la red de compañías mexicanas que gravitan alrededor de Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, el empresario de origen israelí que vendió Pegasus al gobierno de Peña Nieto, y al que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan por lavado de dinero.
La Sedena ha sido uno de los principales clientes de Ansbacher –y por ende de NSO Group– en México. En el informe que presentó el pasado 18 de agosto, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) reveló que la Sedena intervino con Pegasus los celulares de diversos actores de la desaparición forzada de los 43 normalistas, y que lo hizo a través de la empresa Proyectos y Diseños VME, S.A. de C.V., que también forma parte de la red de empresas de Ansbacher.
La CoVAJ resaltó en su informe que Proyectos y Diseños VME tuvo contratos con el gobierno federal a partir de 2015, aunque sus registros telefónicos “demuestran su operación al menos desde 2014”, y señaló que “el 93% de los contratos realizados fueron con la Sedena de entonces”.
Entre los documentos del hackeo a la Sedena aparecen una serie de seis facturas y pagos de pólizas entre julio de 2016 y mayo de 2017 con Proyectos y Diseños VME.
“Muy a menudo, lo que hace NSO es trabajar con un cliente para establecer sociedades cascarones que asumen su función en una transacción. Evidentemente el cascarón se crea con el propósito de esta transacción, quizás para conseguir fondos, o cosas necesarias para este propósito”, señala John Scott Railton, integrante del Citizen Lab, el grupo de expertos de la Universidad de Toronto que a lo largo de cerca de una década se ha dedicado a rastrear las actividades de Pegasus y NSO Group.
Las empresas Comercializadora Antsua y Aircap, autorizadas para vender las tecnologías de NSO Group a la Sedena durante el sexenio de López Obrador, comparten direcciones, apoderados y empleados con Proyectos y Diseños VME, principalmente el abogado Víctor Raúl Cedillo Hernández y Marco Antonio Suárez Cedillo, todos bajo la estructura de Ansbacher.
El gobierno federal, en voz de Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la UIF, confirmó que Proyectos y Diseños VME –creada en enero de 2013 en la Ciudad de México– formaba parte de la red de empresas de Ansbacher, que despachaba desde unas oficinas ubicadas en Ejército Nacional 598, en Polanco.
De hecho, el 24 de junio de 2019, policías ministeriales de la FGR realizaron un cateo en el edificio. El director jurídico de operaciones, quien llevaba 11 años en el corporativo, reconoció que la empresa prestó servicios de intermediación para NSO Group entre 2013 y 2017, años en los cuales vendió Pegasus a la Sedena, la Procuraduría General de la República (PGR) y la PF.
Ya en julio de 2017, Aristegui Noticias documentó que la extinta PGR, el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen) y la Sedena habían pagado por lo menos 489 millones de pesos a Proyectos y Diseños VME para renovar licencias de Pegasus. De acuerdo con las facturas exhibidas por el sitio de noticias, la Sedena pagó un millón 113 mil 600 dólares para utilizar el sistema de espionaje durante el único mes de septiembre de 2016.
Durante el sexenio de Peña Nieto, Ansbacher consiguió de NSO Group la representación exclusiva para vender Pegasus, en sustitución del empresario tapatío de origen japonés, José Susumo Azano Mantsura, cuya empresa Security Tracking Devices había vendido Pegasus a la Sedena en julio 2011 por 5 mil 628 millones de pesos. Para demostrar la potencia del programa, Azano había invitado al entonces titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, y al propio presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a una presentación como revelaron Proceso, R3D y Aristegui Noticias.
El 26 de enero de 2015, una compañía que forma parte de la red de empresas de Ansbacher –llamada Grupo Comercial Vicra– envió 500 mil dólares a Shalev Hulio, el cofundador y presidente de NSO Group, quien ese año estuvo en la boda del empresario que vendió el sistema en México. En aquella fiesta, Hulio fue uno de los cuatro amigos de Ansbacher que sostuvieron la Jupá, el palio nupcial que se utiliza en las bodas judías.
En México, Ansbacher gozaba de lazos estrechos con la administración de Peña Nieto. El propio mandatario había nombrado a su socio, Samuel Avishai Naria, cónsul honorario de México en Haifa, en Israel, en 2014. Las empresas de Ansbacher recibieron contratos de por lo menos 4 mil millones de pesos durante la administración del mexiquense, según reveló Santiago Nieto Castillo en una presentación que hizo durante una conferencia matutina de López Obrador en julio de 2021.
En la presentación de Nieto no aparecieron los contratos del gobierno federal con Comercializadora Antsua ni AirCap, a pesar de que ya se había documentado su rol en la red de Ansbacher.
Es que, más allá de la presunta venta de Pegasus, Comercializadora Antsua tiene un historial de negocios turbios con los gobiernos de Peña Nieto, que se extendieron durante la administración de López Obrador.
En las últimas semanas del sexenio del priista, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) adjudicó directamente una serie de seis contratos a la red de Ansbacher, por mil 631 millones de pesos, que amparaban distintos servicios, incluyendo el sistema de cámaras y reconocimiento facial. El dinero provenía de la muy opaca partida 4310, “Transferencias para Gastos de Seguridad Pública y Nacional”.
Uno de estos contratos, adjudicado a Comercializadora Antsua por 145 millones 154 mil pesos, consistía en la adquisición de un millón de medicamentos, y resultó turbio: al revisar las partidas del anexo técnico, Proceso detectó sobrecostos en los precios de los medicamentos que oscilaban entre 100% y 300%.
A pesar de las irregularidades, en 2019 y 2020 el gobierno de López Obrador, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), adjudicó directamente contratos por 324 millones 371 mil pesos a Comercializadora Antsua y otra empresa hermana, Nemecisco, de los cuales 230 millones 578 mil pesos se esfumaron en una red de 26 empresas de papel, como lo documentó Proceso en noviembre pasado.
Los procesos de contrataciones fueron amañados por el equipo de Francisco Garduño Yáñez –el titular del INM–, y los precios de los servicios presuntamente contratados fueron inflados de 75% hasta 845%, según determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un informe publicado el año pasado.
En la trama de corrupción del INM, la presencia de Ansbacher es innegable. Por lo menos 42 millones 400 mil pesos que Nemecisco cobró en el INM fueron transferidos a Stavton Corporation S.A., una sociedad de papel creada en Panamá el 6 de marzo de 2020 por “Uri Emanuel Ansbacher”, de acuerdo con el acta constitutiva obtenida por Proceso.
Con información de: Proceso
