By Los ayuntamientos de Cosamaloapan, Coatepec, Chinameca, Acultzingo, Hueyapan de Ocampo, Las Choapas y Pueblo Viejo, así como la Dirección General de Infraestructura Urbana de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y la Comisión de Agua de Veracruz (CAEV), no pudieron solventar el daño patrimonial detectado en la Cuenta Pública 2014 por más de 37 millones de pesos.
Al concluir la segunda fase de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014 correspondiente a la etapa de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones de los 39 ayuntamientos observados, siete continúan con daño patrimonial.
Mientras que de los cinco entes estatales observados, dos no pudieron solventar en su totalidad el daño patrimonial.
El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Francisco Garrido Sánchez, manifestó que el daño patrimonial en los siete ayuntamientos es por seis millones cinco mil 632.02 pesos y, en los dos entres estatales, por 31 millones 280 mil 113.28 pesos.
Asimismo, resaltó que durante la segunda fase de fiscalización hubo reintegros por 33 millones 444 mil 196.91 pesos.
En esos siete ayuntamientos el daño patrimonial, al iniciar la segunda fase de fiscalización a la Cuenta Pública 2014, era de 24 millones 378 mil 396.53 pesos y, al concluir la misma, el quebranto financiero es de seis millones cinco mil 632.44 pesos.
Así, Cosamaloapan se queda con un daño patrimonial de tres millones 908 mil 649.94 pesos; Coatepec, 585 mil 406.96 pesos; Chinameca, 538 mil 106.45 pesos; Acultzingo, 364 mil 700 pesos; Hueyapan de Ocampo, 279 mil 633.52 pesos; Las Choapas, 179 mil 571.71 pesos; y Pueblo Viejo, 149 mil 563.44 pesos.
En tanto, en los dos entes estatales el daño patrimonial era por 40 millones 155 mil 69.83 pesos y se quedó en 31 millones 280 mil 113.28 pesos.
La CAEV no pudo comprobar 25 millones 623 mil 840.02 pesos y la Dirección General de Infraestructura Urbana de la SIOP, cinco millones 656 mil 273.26 pesos.
Una vez que sean notificados los entes fiscalizables de esta resolución, los servidores y ex servidores públicos cuentan con 10 días hábiles para interponer un recurso de reconsideración ante el Órgano de Fiscalización Superir (Orfis) en contra de la resolución respectiva.
Si se recurre a ese medio de impugnación se puede presentar documentación, reintegros, pruebas supervenientes o solicitar se reconsideren las ya presentadas.
El Orfis tiene 45 días hábiles, siguientes a la fecha de interposición, para emitir una nueva resolución.
De no solventar o solventar parcialmente se formulará la denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos.
O, en su caso, tienen 15 días hábiles para interponer un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado.
De recurrirse a este medio de impugnación, los entes pueden presentar pruebas consistentes en documentación, reintegros, pruebas supervenientes o solicitar se reconsideren las ya presentadas.
De interponer el Juicio de Nulidad, inmediatamente después de ser notificado, el Orfis, mediante el Área Jurídica, actúa por dos vías: Interponer la denuncia penal o atender el juicio de nulidad ante el Tribunal.
FUENTE:Versiones
