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“Nosotros, así lo instruí, no vamos a solapar a nadie. Lo que corresponda que se atienda y estaremos atentos”, dijo el gobernador
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz fue instruida para aceptar las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la muerte de Carlos Navarro y Gustavo Ortiz después de ser detenidas por elementos de la Policía Estatal y recluidos en el cuartel Heriberto Jara Corona, en Xalapa, en dos hechos distintos.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que se dio la instrucción a la SSP para que atendiera las recomendaciones 013/2022 y 31/2022, en las que se requiere a la dependencia reparar el daño a los familiares de las víctimas y colaborar con autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones para castigar a los elementos involucrados.
El área jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública deberá informar a la CEDH que se aceptó las dos recomendaciones y los términos en los que se dará cumplimiento a la reparación del daño, así como las garantías para que este tipo de casos no se repitan.
Carlos Andrés Navarro, de 33 años, al momento de su muerte, era padre de 3 hijos y ayudaba a su madre con el pago de la renta. Fue detenido presuntamente por una falta administrativa en una tienda de autoservicio el 2 de mayo del 2020.
La víctima se dedicaba a realizar trabajos de serigrafía y vinil y había salido de su hogar el día primero de mayo, aproximadamente a las 21:15 horas, comentando a su madre que iría a realizar un trabajo.
Después de buscarlo ante las instancias pertinentes, la familia de Carlos se enteró de su fallecimiento el 3 de mayo, cuando un fiscal informó a su madre que debía acudir a reconocer y recoger el cuerpo.
Dentro del certificado de defunción se asentó como causa de la muerte “un infarto agudo al miocardio fulminante debido al conjunto de traumatismos, y como domicilio donde se asentó la defunción es el ubicado en la calle Justo Sierra S/N esquina Alfonso Flores Bello, Cuartel San José”.
Sin embargo, su cuerpo presentaba signos de violencia que exhibían un abuso policial por parte de los elementos que lo detuvieron; mientras que dentro del cuartel se le había negado la atención oportuna para atender las lesiones.
En el caso de Gustavo Ortiz, su muerte ocurrió el 24 de octubre de 2020, luego de ser detenido en la comunidad El Rosario en el municipio de Banderilla, conurbado con Xalapa.
Elementos de la Policía Estatal violentaron su derecho a la libertad al retenerlo por conducir un vehículo sin placas al medio día, aunque no tenían la facultad de hacerlo debido a que no cuentan con funciones de control vial.
Sus familiares lo buscaron y hallaron el Audi de color negro en el Cuartel de San José, sin embargo, la SSP nunca les reportó la detención. Fue el propietario original del vehículo, quien vendió la unidad al fallecido, quien les dijo que un policía le confirmó su deceso.
Para las 20:00 horas personal de la Dirección de Asuntos Penitenciarios de la CEDH dijo a los hijos de Gustavo que debían dirigirse a la Dirección General de los Servicios Periciales para realizar el reconocimiento del cadáver, pues su padre murió al ser ingresado al cuartel.
Aunque la SSP trató de establecer la versión de que la víctima se encontraba alcoholizada al momento de la detención y esto habría sido la causa de la muerte, dictámenes periciales de la FGE comprobaron que el fallecimiento ocurrió por un golpe que habría causado daños en órganos internos. Como en el caso de Carlos, la familia exigió justicia.
Con información de: E-consulta Veracruz
