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El Tribunal por los Derechos de la Naturaleza exige a AMLO suspender el megaproyecto; el veredicto es resultado de la escucha de 23 testimonios de miembros de comunidades indígenas, académicos y activistas
El Tribunal por los Derechos de la Naturaleza, una Organización No Gubernamental, señaló que el Estado Mexicano es responsable de crímenes de ecocidio y etnocidio, con la imposición del megaproyecto Tren Maya que se construye a marchas forzadas en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán para cumplir con los plazos fijados políticamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La intervención de la ONG obedeció a la interpelación de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xiinbal y del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), el 5 de junio del 2022, al que expusieron el caso de las afectaciones provocadas por el Tren Maya.
Considerando la gravedad y urgencia del tema, la Asamblea de Jueces del Tribunal Internacional convocó a una sesión in situ, realizada en marzo del 2023 en Quintana Roo y Yucatán.
Lo señalado es resultado de 23 testimonios de miembros de comunidades indígenas, académicos y activistas de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán; del análisis de estudios e información pericial de especialistas en materia forestal y agrícola, ecosistemas acuáticos y terrestres, biodiversidad, derechos colectivos de la naturaleza, ingeniería ambiental, riesgos ecológicos y afectación a la cultura y derechos inalienables de las comunidades.
Adicionalmente, se nutrió de la observación directa de los daños provocados por las obras del Tren, en el Tramo 5, que va de Cancún a Tulum, con la presencia de Maristella Svampa, presidenta del Tribunal, y del obispo, Raúl Vera, en México; Yaku Pérez, de Ecuador; Francesco Martone, de Italia y Alberto Saldamando, de Estados Unidos, que lo conforman.
Los miembros de la ONG fueron guiados a través del interior de cavernas subterráneas, por colectivos ciudadanos como Sélvame el Tren, SOS Cenotes, Cenotes Urbanos y Moce Yax Cuxtal, para atestiguar los impactos de la supuesta devastación de la selva y su relación con los acuíferos subterráneos.
“El Tribunal por los Derechos de la Naturaleza responsabiliza al Estado Mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la Naturaleza y del Pueblo Maya”, enunció Svampa, al dar lectura al veredicto, que condena al gobierno de México y le exige suspender inmediatamente la construcción del megaproyecto Tren Maya, con todos sus componentes.
Los señalamientos de la ONG determinan que el gobierno de López Obrador debe desmilitarizar inmediatamente los territorios indígenas y frenar el despojo de las tierras ejidales y, en general, del territorio, así como el terminar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación de las personas defensoras de la naturaleza.
“Se debe garantizar la vida, la integridad y la libertad de expresión de las personas que han manifestado su inconformidad con el proyecto y demás programas vinculados a éste”, dijo.
En su cuarto punto se pide declarar a los cenotes como sujetos de derecho, por constituir la fuente hídrica más importante para la supervivencia de los pueblos, las comunidades y especies de animales y plantas en la región.
Dentro de las medidas de reparación contenidas en la sentencia, se citó la realización de una auditoria independiente, inter y transdisciplinaria e intercultural, con la participación de comunidades afectadas por los siete tramos del “Tren militar”, como es llamado en la Península de Yucatán por grupos indígenas que se oponen al proyecto.
También se pide auditar el Plan Maestro de la millonaria obra, pues hasta el momento no ha sido presentado por las autoridades.
Svampa subrayó respecto a las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) autorizadas extemporáneamente, que deben ser “sistémicas u no parciales”, lo que implica evaluaciones integrales y no por tramos, contemplando los impactos acumulativos en la región.
En otro de los puntos se exige la reparación y restauración de todos los ecosistemas afectados por la ejecución del megaproyecto y sus instalaciones colaterales, así como de todos los impactos sociales generados por la obra en cuanto a la tenencia comunal de la tierra y de los territorios.
En el apartado de exhortaciones se llamó a las empresas e inversionistas del proyecto a respectar los derechos colectivos de los pueblos, derechos previstos en el Acuerdo de Escazú –signado por México– y en las demás normas establecidas en el ordenamiento jurídico.
Se solicitó al gobierno mexicano a revisar la Ley Agraria que establece propiedad social de la tierra, para reemplazarla por una ley que contemple la función sociecológica del territorio “en su relación indisoluble con las prácticas culturales sustentables de los pueblos y comunidades”.
Otra petición fue realizar reformas constitucionales para que la naturaleza sea sujeta de derechos y a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público.
Particularmente al Poder Judicial se le exigió aplicar los más altos estándares internacionales en todos los juicios presentados contra el Tren Maya.
Lo señalado por la ONG se envió a López Obrador, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a la Sedetus y al Instituto Nacional Indígena.
También al relator de ONU Derechos Humanos, ONU Hábitat, al representante de la Unesco en México, al relator de ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida, que lleva todos los recursos jurídicos promovidos contra el Tren Maya.
El Tren Maya es un megaproyecto que comprende una línea ferroviaria de mil 500 kilómetros, dividida por siete tramos, en cinco estados y más de 50 municipios en donde se construyen 19 estaciones y 12 paraderos; contempla la edificación de nuevos centros de población, llamados también “polos de desarrollo” o “comunidades sustentables”. El ferrocarril será de pasajeros y carga.
Las obras atraviesan la Selva Maya, el segundo pulmón forestal de América Latina, después de la Amazonia e incluyen la construcción de seis hoteles a cargo de la Sedena.
El gobierno mexicano lo promociona como un proyecto emblemático del régimen conocido como la Cuarta Transformación, que “fortalecerá el ordenamiento territorial de la región y potenciará la industria turística de la misma, generando derrama económica e incrementando la conectividad en la Península de Yucatán.
Para la ONG, el Tren Maya “pone en grave riesgo de destrucción y degradación ecológica a los ecosistemas, así como a los pueblos mayas, afectando la sustentabilidad de sus culturas y de sus territorios ancestrales”.
“Como se ha demostrado a través de las diversas pruebas recabadas por este Tribunal (…) este proyecto no es solo un tren ni es propiamente Maya, sino que se trata de un megaproyecto que se extiende hacia toda la frontera sur del país”.
Con información de: Crónica de Xalapa
