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El estado de Veracruz lídera a nivel nacional el acos judicial contra periodistas, sumando 10 casos documentados por Article 19.
El estado de Veracruz es la entidad con el mayor número de procesos de acoso judicial contra periodistas en todo México.
De acuerdo con el más reciente registro elaborado por la organización internacional Article 19, la entidad acumuló 10 casos documentados, encabezando una lista que evidencia el uso de las instituciones legales como una herramienta de intimidación hacia quienes ejercen la libertad de expresión en el territorio veracruzano.
El informe detalla que, entre enero y julio de este año, se contabilizaron 51 procesos de esta índole en todo el país. Esta cifra implica que, en promedio, cada cuatro días se inicia una nueva acción legal contra periodistas o medios de comunicación en territorio mexicano.
Aunque el fenómeno se ha extendido a por lo menos 17 entidades federativas, Veracruz destaca no solo por la mayor concentración de expedientes, sino por la sistematicidad con la que actores políticos recurren a estos mecanismos para frenar investigaciones críticas.
En el desglose nacional, después de Veracruz, se ubica la Ciudad de México con nueve procesos documentados. Article 19 señala que en la capital del país existe un uso constante de vías judiciales y administrativas para impugnar publicaciones, especialmente aquellas que involucran a funcionarios públicos.
Jalisco ocupa la tercera posición con seis casos, donde el acoso judicial suele emplearse como una estrategia para provocar un desgaste económico y emocional severo en los comunicadores, independientemente de si las denuncias tienen sustento jurídico o no.
Otros estados como Campeche, Oaxaca y Puebla reportan tres casos cada uno, mientras que en un bloque más amplio se encuentran Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Quintana Roo, Tamaulipas y Tlaxcala con dos registros.
La organización advierte que, sin importar el volumen de denuncias, el acoso judicial genera efectos inhibitorios alarmantes, pues los periodistas deben destinar recursos limitados a su defensa legal en lugar de continuar con sus labores informativas.
En el escenario específico de Veracruz, el informe documenta situaciones alarmantes en las que una misma figura política ha denunciado por presunta violencia política de género a decenas de personas, incluyendo a periodistas y organizaciones civiles. Estas acciones legales suelen derivar de menciones periodísticas sobre presunto nepotismo, utilizando la ley como un escudo para evitar el escrutinio público.
Article 19 señala que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz continúa enviando notificaciones derivadas de estos procesos, evidenciando cómo una sola persona puede activar múltiples procedimientos de manera simultánea.
Este patrón de acoso judicial no solo pone en riesgo el ejercicio periodístico en la entidad, sino que sienta un precedente peligroso que comienza a replicarse en otras regiones del país, amenazando el derecho de la sociedad a estar informada.
Con información de: E-consulta Veracruz
