By Aunque pareciera que, tras declaraciones de una y otra parte, se ha zanjado el diferendo entre el gobierno estatal y la Universidad Veracruzana por el asunto de los dineros públicos, que no fluyen adecuadamente desde hace varios años, lo cierto es que la moneda sigue en el aire, mientras la casa de estudios se mantiene en el limbo.
Y es que la situación financiera de la UV sigue en situación tan dramática como la describió la rectora Sara Ladrón de Guevara el lunes 7 de septiembre ante el Consejo Universitario General , cuando planteó que, a esa fecha, la morosidad en la entrega del subsidio estatal rebasaba los 2 mil millones de pesos, pese a que ese mismo día el gobernador Javier Duarte había declarado que su gobierno no le debía nada.
Si la aplanadora priista en el Congreso local no evita que la Rectora acuda a comparecer ante los diputados locales para exponer de viva voz lo que afirmó ese día, Sara Ladrón de Guevara tendrá oportunidad de mostrar el quebranto financiero que vive la institución que hoy forma a más de 60 mil jóvenes veracruzanos, y que ha debido apretarse el cinturón en temas tan importantes como docencia, investigación, infraestructura educativa, programas culturales y de vinculación con los sectores público, privado y social.
Aunque no había habido voces calificadas para respaldar a la Universidad Veracruzana (que no a la Rectora, cuya función es administrarla), en su litigio por recibir lo que le corresponde, este martes saltó a la palestra pública, en el programa Polaca a la Veracruzana, quien fuera rector y secretario de Educación, Víctor Arredondo, para marcar la pauta del compromiso legal, administrativo, moral y social que tiene el Gobierno del Estado con la UV, a través del subsidio público, lo que se confronta con la versión expuesta por Duarte de que no se trata de una obligación sino de un subsidio que se entrega siempre que haya disponibilidad de recursos.
Quien también fuera director de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública atajó la endeble interpretación, basada en el término subsidio, e incluso propuso que se cambie el concepto en los preceptos legales para que el término subsidio cambie a asignaciones directas cuando se trata de la universidad pública.
No es subsidio, es una obligación
En el programa que se transmite en los portales formato7.com y versiones.com.mx, conducido por los periodistas José Ortiz Medina, Raymundo Jiménez y Manuel Rosete, Arredondo se refirió al artilugio legal usado por Duarte en torno al término subsidio.
Dijo que hay una discusión entre expertos sobre lo que es la obligación del Estado Mexicano de subsidiar la educación superior, porque alegan que los subsidios se los da un gobierno a una institución que no es gubernamental; la diferencia es que la Universidad Veracruzana es un organismo autónomo descentralizado del Gobierno del Estado, no un organismo no gubernamental, y además se plantea como algo permanente, no como un apoyo temporal.
Arredondo también expuso algo que ha sido un tema sabido por todos los gobernadores del país, no solo por los de Veracruz, de que respaldar financiera y políticamente a la universidad pública es la forma más alta de apoyar al desarrollo educativo y, como consecuencia, al desarrollo económico y social del estado.
En efecto, destruir mediante el ahorcamiento financiero a una institución formadora de profesionistas para el estado y el país no debiera ser, de ninguna manera, una de las opciones que deba adoptar un gobierno estatal, y menos el de Veracruz, que históricamente se ha caracterizado por ser de los pocos (si no es que el único) que porcentualmente aporta más que el gobierno federal.
¿Qué propone el ex rector? Que los responsables de finanzas de la UV y la Sefiplan se reúnan para revisar el historial de adeudos de los últimos cinco años y busquen remediarlo.
Y es que el ‘subsidio’, aunque pareciera a los ojos del gobernador Javier Duarte de Ochoa un gasto exorbitante (sobre todo en medio de la grave situación financiera que vive su administración, derivada del sobreendeudamiento legado por Fidel Herrera Beltrán), es en realidad una obligación del Estado mexicano, que engloba a los gobiernos local y federal, y que Arredondo amplía a los gobiernos municipales, para garantizar una educación gratuita y laica.
Federalismo justo, transparencia y combate a la corrupción
En el mismo programa, Arredondo Álvarez propuso cuatro acciones o frentes que permitirían no solo que el gobierno estatal obtenga los recursos que necesita para cumplir con sus obligaciones (una de ellas con la UV), sino también para que los recursos públicos se apliquen con transparencia, se persiga a quienes hayan dispuesto ilegalmente de los recursos públicos y se evite que los efectos negativos de deuda y corrupción sean cargados sobre las espaldas de los veracruzanos en situación más vulnerable.
En primer lugar, pugnar por un federalismo más equitativo. Para muchos es claro cómo Veracruz ha generado una enorme riqueza, a cambio de contaminación, mano de obra barata, desplazamiento de poblaciones rurales y urbanas y creación de polos industriales que no significan un crecimiento en la calidad de vida de los habitantes originales sino un encarecimiento de productos y servicios. Es decir, Veracruz ha aportado históricamente muchos recursos fiscales, pero no ha recibido una retribución justa a los graves problemas que su desarrollo ha implicado para sus pobladores. Ante ello, Arredondo propone un mayor apoyo en materia de recursos fiscales por parte de la Federación.
En segundo lugar, que la renegociación de la enorme deuda pública estatal (multiplicada por diez por Fidel Herrera, y por tres en el presente sexenio) sea absolutamente transparente, sin manejo de cifras irreales, para que la población tenga elementos necesarios para apoyar las medidas que deriven de ese proceso.
En tercer lugar, que la deuda del gobierno estatal no sea pagada por los pensionados, los asalariados del gobierno estatal y las empresas constructoras, prestadoras de servicios y proveedoras de bienes, cuando los altos funcionarios y diputados locales no han contribuido en nada, ni se han apretado realmente el cinturón mediante la disminución de sus salarios y dietas. “A los que menos se debe sacrificar es a los asalariados, a las empresas y a los jubilados, porque si a estos tres se les afecta, el consumo interno se reduce, se caen los ingresos fiscales, desaparecen las empresas que tantos años costó levantarlas y la actividad económica se cae y si, junto a eso, no hay trasparencia, la inversión nacional o extranjera, no va a llegar a Veracruz”.
Y, por último, lo que todos los veracruzanos quisiéramos que se hiciera, que si ha habido mal manejo de los recursos por parte de los servidores públicos, que se resuelva antes de que llegue otro gobierno y lo haga, pues ello afectaría la imagen de la actual administración. “No se pueden dejar las cosas como están y salir por la puerta de atrás”.
Comentarios: belin.alvaro@gmail.com| Twitter: @HoraLibre | http://formato7.com/author/abelin/
