By Esto se acaba, hasta que se acaba, solía decir un cronista de béisbol. Y esto viene a cuento porque a pesar de que hay signos claros de que la balanza se inclina a favor del senador Héctor Yunes Landa, el primer priista no deja de expresar en corto su preferencia por el dirigente estatal del PRI, Alberto Silva Ramos.
Como muestra baste un botón. Este domingo, durante el informe del senador José Yunes Zorrilla, Javier Duarte de Ochoa y Karime Macías, entraron al World Trade Center de Boca del Río, acompañados del tuxpeño.
Pero en el peor de los casos, si no llegara a cuajar lo de Beto Silva, comentan que el mandatario estatal habría dicho a sus más cercanos que “cualquiera, menos Héctor”. Mejor se la jugaría con Pepe Yunes. Por eso es que acudió al informe del peroteño.
Y es que el Gobernador sabe muy bien que si Héctor Yunes Landa resulta ser el ungido –sabemos de excelente fuente que en los próximos días y semanas habrá más señales a favor del choleño– no le irá muy bien por aquello del “cañazo”.
Si Héctor, aún no es el abanderado y ya anda hablando en estos días de encarcelar a los duartistas y a obligarlos al vómito negro, imagínense lo que haría una vez sentado en la silla principal de Palacio de Gobierno.
Así que ya veremos en los próximos días una andanada de ataques teledirigidos desde el régimen en contra del amigo de Manlio Fabio Beltrones. Las intrigas y las insidias estarán a la orden del día.
Se sabe que el “destape” oficial del candidato a gobernador será hasta enero. ¿Será que Héctor llegue vivito y coleando hasta ese mes? Ya se verá si los prósperos lo dejan llegar.
UN NUEVO ESCÁNDALO estalló en el Instituto Nacional de Migración. Las garitas que dicha dependencia tiene establecidas en Oaxaca y Veracruz han sido señaladas por presuntos actos de corrupción. De acuerdo con personal de la propia dependencia, personas que se dedican al traslado de migrantes, les llaman “polleros”, pagan mil pesos por cada persona que pasa sin riesgo de ser detenida; en ese proceso estaría implicado el jefe operativo de la frontera sur del INM, Jorge Maza Pereda, quien ya habría sido sujeto a investigación por irregularidades similares, cuando se desempeñó como jefe operativo de la Policía Estatal de Puebla, en 2012. Los empleados de Migración señalaron que decenas de autobuses con hasta 20 indocumentados cada uno cruzan diariamente por las estaciones migratorias en Acayucan y La Tinaja, en Veracruz, y La Ventosa, en Oaxaca, con la complicidad de este mando y otros agentes, quienes habrían orquestado un mecanismo para recibir el dinero, mediante depósitos en cuentas bancarias. Esta no es la primera vez que ocurre algo similar en el INM; hace poco más de un año, en agosto de 2014, un periódico de circulación nacional denunció actos de corrupción en la garita de Acayucan, cuyos agentes fueron señalados por extorsionar a los centroamericanos, en su tránsito por este país. Entre los denunciados estaban el entonces director comisario de la garita, Horacio Alcocer Rangel, así como los agentes migratorios José Luis Guzmán Méndez, Augusto Bravo Ángeles e Iván Patricio Vidal, quienes fueron cesados por el Órgano de Control Interno del INM. Al frente fue nombrado Jorge Maza Pereda, quien hoy también es señalado por incurrir en cobro de cuotas para dejar transitar a los indocumentados. ¿Y Tomás Carrillo estaba enterado de las irregularidades de sus colaboradores? Si no lo sabía, malo. Y si lo sabía, peor.
CON LA APROBACIÓN de los nuevos lineamientos para que las empresas telefónicas colaboren con las autoridades en el monitoreo de llamadas telefónicas, las secretarías de Seguridad Pública de los gobiernos estatales, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal podrán tener acceso a los datos de los teléfonos celulares, sin previa orden judicial. Esa información, sin embargo, no abarcará grabaciones y contenido de las llamadas; únicamente números de origen y destino, horas de llamadas y datos de los equipos. Hasta hoy, 11 Procuradurías locales, una Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda (SHCP) han designado funcionarios para esas acciones, que se enmarcan en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Lo que llama la atención es que el Estado de México y Veracruz, con 32 y 12 designaciones, respectivamente, concentran a más de la mitad de los funcionarios habilitados. La entidad veracruzana facultó para el monitoreo de teléfonos, a todas las unidades de la Fiscalía.
