By Debido a la baja calificación crediticia del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla y gobernado por el priísta Manuel Rosendo Pelayo, ningún banco decidió prestarle un crédito por 220 millones de pesos que le había autorizado el Congreso local y apenas le prestaron 30.7 millones de pesos.
Y es que la empresa calificadora de riesgos Fitch Ratings ratificó la calificación BBB(-mex) al ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, pues establece que existe un riesgo moderado de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, los cambios en circunstancias o condiciones económicas tienen más probabilidades de afectar la capacidad de pago oportuno que en el caso de los compromisos financieros que poseen una calificación más alta.
A través de su boletín, establece que el municipio decidió contratar un monto considerablemente menor, por lo que el efecto de este financiamiento nuevo en el perfil crediticio de la entidad no fue significativo.
“Este crédito se contrató finalmente por un monto de 30.7 millones y su destino fue el prepago del crédito que tenía vigente el municipio con la banca de desarrollo y el monto restante para llevar a cabo la modernización de parte del alumbrado público de la entidad. Entre las características principales del crédito nuevo se encuentran un plazo de 10 años, tasa de interés variable y la existencia de un fideicomiso de garantía por medio del cual se afectó 22.5 por ciento del fondo de fortalecimiento municipal”, establece.
De esta forma, se indica que ninguna institución crediticia de la banca comercial se aventuró a prestarle a la administración del priísta Manuel Rosendo Pelayo por temor a no poder recuperar el dinero.
Fitch Ratings explica que algunas de las limitantes por las cuales el ayuntamiento de San Andrés Tuxtla mantiene una baja calificación crediticia está por el bajo dinamismo en sus ingresos propios; la dependencia pronunciada de los recursos federales, que en su mayoría son utilizados para cubrir el gasto operativo, que resulta muy abultado; además que advierte de la existencia de gasto corriente y transferencias de recursos no etiquetados.
Con información de La Jornada Veracruz
