Veracruz, el dolor de cabeza nacional

Veracruz, el dolor de cabeza nacional

Aunque la agenda política de Javier Duarte de Ochoa es la más complicada y adversa que gobernador alguno haya enfrentado en la entidad, lo realmente grave es lo que le está ocurriendo en todas las esferas sociales de Veracruz.
Tiene su mayor reflejo en la contienda electoral, que está confundiendo a los más serenos observadores políticos, a muchos de los cuales hemos observado dando bandazos entre los dos más fuertes aspirantes a suceder a Duarte, unas veces hablando maravillas de Miguel Ángel Yunes Linares (de la alianza PAN-PRD) y en otras ocasiones resaltando las enormes virtudes de Héctor Yunes Landa, de la coalición que encabeza el PRI.
Pero, retomo, lo más peligroso ocurre en términos del futuro de los veracruzanos y sus instituciones, desde la del Gobierno estatal y los poderes legislativo y judicial, hasta el órgano encargado de arbitrar los comicios (OPLE), la Universidad Veracruzana, el Instituto de Pensiones del Estado e, incluso, los ayuntamientos.
Hace tiempo que Veracruz ha sido inmovilizado, maniatado, contenido en su desarrollo. La Universidad Veracruzana está previendo los peores escenarios, en medio de  la contienda presupuestal con la Secretaría de Finanzas y Planeación, y se visualiza entre algunos analistas la quiebra del IPE.
En la UV, por ejemplo, se barajan con seriedad medidas como la desaparición temporal de la oferta de algunas carreras, la disminución en el ingreso de estudiantes, el cierre por tiempo indefinido del Museo de Antropología de Xalapa (una de los mayores atractivos del turismo cultural de la ciudad) porque el presupuesto gestionado ante el gobierno federal para su mantenimiento simplemente no llega y su funcionamiento podría poner en riesgo incluso a los visitantes.
Todas las carreteras de la entidad, estatales y federales, muestran un deterioro tan grave que ha provocado no solo el incremento en los accidentes viales, la mayoría con resultados letales para los automovilistas, sino que están impidiendo que los productos y servicios generados en la entidad o que la tienen como destino o como vía de paso redunden en fuertes pérdidas económicas. Si a ello agregamos la inseguridad de automovilistas y transportistas por la presencia de bandas criminales, falta poco porque se opte por otras vías de tránsito.
Las clínicas y hospitales de todos los niveles y en todos los rumbos de nuestro territorio están sufriendo ya los efectos no solo de la falta de medicamentos sino también el envejecimiento y descompostura de los instrumentos y equipos quirúrgicos y de atención, cuyo ejemplo más patético es la cancelación de tratamientos en el Centro de Cancerología (Cecan) en Xalapa, aunque en todos los hospitales se sufren las mismas o peores carencias.
La mayoría de las empresas veracruzanas, en particular las que prestan sus servicios al Gobierno del Estado hace tiempo que están desapareciendo por la lentitud y, en ocasiones, la negativa a pagarles los adeudos contratados por la Sefiplan.
Para colmo, la fama de Veracruz ha escalado a las altas esferas del Gobierno Federal por los constantes desvíos de los recursos enviados para obras y programas gubernamentales, lo que ha provocado que –en tiempos en que se han decretado severos recortes presupuestales– el primero en ser hecho a un lado sea Veracruz.
Estos son los efectos más perniciosos de un gobierno estatal que ya representa una carga fiscal y política.
Javier Duarte, en la tablita
No se ve por dónde se pueda obligar a Javier Duarte para que deje la gubernatura mucho antes de concluir su sexenio en noviembre próximo. Aunque le han puesto fecha a su caída, lo cierto es que muy difícilmente lo podrán obligar desde el centro del país, pese a que de todos lados se habla mal de su gestión.
Este martes y miércoles, por ejemplo, en el Senado de la República se aprobaron dos temas que le conciernen.
Por un lado, se turnó a comisiones un punto de acuerdo por el que la bancada del PAN solicita llevarlo a juicio político por el presunto desvío de más de 35 mil millones de pesos de recursos federales en lo que va de su gobierno.
Por otro, las comisiones de Educación y de Hacienda (la primera presidida por el panista Carlos Romero Hicks, exrector de la Universidad de Guanajuato y exgobernador de esa entidad, y la segunda, por el senador veracruzano José Francisco Yunes Zorrilla) pidieron al gobernador Duarte acatar el Convenio de Apoyo Financiero de 2015 y pagar a la UV los más de 2 mil millones de pesos que le adeuda.
Junto con la petición al mandatario veracruzano, el resolutivo solicita al presidente Enrique Peña Nieto verificar la correcta aplicación de los recursos federales destinados a la universidad y que, en general, tanto el Presidente como los gobernadores, los órganos de fiscalización y las universidades estatales revisen la eficacia de los mecanismos para el manejo de los recursos destinados a las instituciones de educación superior.
El resolutivo, por cierto, fue avalado por todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara alta.
Por desgracia, los recursos federales retenidos apenas rebasan los 400 millones de pesos (que no son poca cosa), mientras que el mayor incumplimiento se observa en la ministración de los recursos estatales (unos mil 600 millones), de los que debe responder, sea porque la denuncia penal presentada por la UV ante la Fiscalía local tiene su correspondiente trámite, o porque el Congreso local aprueba un punto de acuerdo para pedir a Sefiplan su cumplimiento, ninguna de las cuales parecen posibles.
Mientras tanto, se prevé una alta participación en la marcha organizada en todas las regiones universitarias para la mañana de este viernes, misma que varios directivos de escuelas y facultades, y el mismo Fesapauv, tratan de minimizar, los primeros amenazando a estudiantes, profesores y trabajadores para que no acudan, y el segundo, dirigido por Enrique Levet Gorozpe, quien ha jugado a llevar dos banderas, convocando a una manifestación este jueves.
Lo cierto es que, aunque Javier Duarte ha retirado del Congreso su iniciativa para reformar el artículo 98 de la Ley del IPE, con que prácticamente condenaba a la UV a su extinción este año, todo puede ocurrir. Y no hay dinero en ninguna parte para saldar tan altas deudas.
 
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