By Tras la grave tormenta política y mediática enfrentada con bajos reflectores propios en las dos semanas previas, el gobernador Javier Duarte de Ochoa tendrá que iniciar esta semana con medidas que le permitan restar intensidad a los focos rojos creados por su administración (muchos pensamos que sin ninguna utilidad y más bien producto de actos de torpe espontaneísmo e indudable propósito pendenciero) y tratar de no emprender una nueva batalla personalista.
En el último mes, Duarte ha colmado de piedritas su propia agenda política. Ya era grave el retraso en el pago de pensiones a los jubilados de toda la estructura gubernamental, que viene arrastrando desde el año pasado y que pone en su contra no solo a los afectados directos sino a miles de veracruzanos que siempre estarán a favor de personas que han ofrecido su vida al trabajo en escuelas y oficinas.
Lo más grave mediáticamente ha sido su batalla, directa o por intermedio de dos de sus secretarios (Sefiplan y Segob) emprendida contra la Universidad Veracruzana, algunos dicen que por la amistad entre la secretaria universitaria de Administración y Finanzas, Clementina Guerrero, y el candidato de la alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares, e incluso por los vínculos con el PAN entre el esposo de la rectora Sara Ladrón de Guevara.
Si esto fuera cierto (que no es una tragedia si consideramos que vivimos en un régimen democrático), la mejor forma de desactivar la posible utilización electoral del diferendo por parte de Yunes Linares habría sido acordar de inmediato un calendario de pagos que asegurara la liquidación en el corto plazo de la deuda por más de 2 mil millones de pesos que se arrastra desde el año pasado.
En lugar de eso, y en medio de las denuncias penales interpuestas por la UV tanto en el ámbito local como federal, la reacción gubernamental se basó en una torpe demanda tanto de un supuesto adeudo de la UV al IPE y al impuesto a la nómina, ambas sin ningún fundamento jurídico, que solo atrajeron la mirada inquisitoria tanto de la prensa nacional como de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, que el jueves pasado aprobó una solicitud al gobernador Duarte para que pague de inmediato el adeudo.
Su salida fue anunciar, un día antes de que Xalapa viviera una de las manifestaciones más impactantes de la comunidad universitaria (alejada por cierto de la convocatoria de los partidos políticos, cuyos integrantes egresados también se expresaron pero como universitarios), el envío al Congreso local de una iniciativa de reforma constitucional que obligue al gobierno estatal a destinar obligatoriamente el 3 por ciento de su presupuesto anual a la casa de estudios.
Solo habría que preguntar si esa iniciativa, una vez aprobada por los diputados, podrá ser aplicada en 2016 (último año de su gobierno en que ya se aprobó un recorte de más de 200 millones de pesos) o solo es un pendiente que dejará al próximo gobierno, a partir de 2017. También, si en paralelo retirará definitivamente la reforma al artículo 98 de la Ley del IPE que obligaría a la UV una erogación anual superior a los 400 millones para cubrir el déficit en el IPE.
Peña Nieto, ¿limitado por la complicidad?
Pero siendo lo más relevante lo de la UV, que podría saldar si hace fluir los abundantes recursos retenidos, Javier Duarte de Ochoa tendrá que pensar (con apoyo de funcionarios federales) cómo bajarse del tren de la insana vocería con relación al tema electoral.
Cada vez que sale a la prensa, en entrevistas buscadas a propósito, Duarte ha puesto en mayor riesgo la credibilidad ya no de su gobierno (de por sí perdida) sino en la del precandidato priista Héctor Yunes Landa, quien ha debido engolar la voz y recrudecer el tono de su discurso contra la visible corrupción en el gobierno estatal, para marcar distancia y deslindarse del fardo que significa para el PRI lo que ha ocurrido en los últimos 11 años.
En medio de todo ello, parece clara una cada vez más ríspida relación de Duarte con el gobierno federal y el PRI nacional, que le ha convertido en víctima de una ruda campaña mediática, donde se prodigaron datos duros sobre presuntos desvíos de recursos federales por parte de su gobierno, se le cuestionó su personal batalla contra Héctor Yunes Landa y se le ubicó en un escenario de inminente renuncia a su cargo, para contener males mayores.
Aunque era deseo de un gran número de veracruzanos, lo cierto es que muy difícilmente se le puede hacer a un lado si él no está de acuerdo, y mal haría el gobierno federal en aplicar una medida de este talante (que ya aplicó en Guerrero y Michoacán), aplicando métodos más drásticos, si antes no preparó el terreno.
Ya sabemos que las constantes visitas del presidente Enrique Peña Nieto a Veracruz (ninguna de ellas, por cierto, para inaugurar obras o anunciar inversiones para otras), han dado la imagen de que su gobierno apoya al veracruzano; por ello, cambiar el rumbo de manera súbita tendría que manejarla siempre que hubiera voluntad del sacrificado.
Por lo demás, Peña Nieto ha mostrado ser un mandatario desentendido de lo que ocurre en el país. A no ser su apoyo sin precedentes al Estado de México en materia de inversiones millonarias en infraestructura, pese a que dicha entidad es la que más ha fallado en materia de seguridad pública, corrupción e impunidad, a Peña Nieto se le ve ausente, como si lo que le ocurriera a las partes del cuerpo nacional le tuviera sin cuidado.
A Veracruz solo ha venido a perder el tiempo y a hacer gastar al gobierno estatal los pocos recursos con que cuenta. Ni siquiera en materia de seguridad pública ha mostrado un real interés por atenderlo.
Pese a que en los tres estados del Golfo de México (Tamaulipas, Veracruz, Tabasco) hay muestras de una intensa actividad delictiva que trasciende territorios, incluso con la utilización de Oaxaca como territorio de refugio, el gobierno federal no ha tomado una sola medida para mandar a personal policiaco a su mando que pueda moverse con libertad en persecución de las bandas delictivas.
En un falso respeto a la autonomía estatal, si bien ha permitido la participación de Ejército, Marina y Policía Federal Preventiva, en ningún momento ha instrumentado una política enfocada a atacar el problema con un sentido regional.
La incorporación de la Gendarmería Nacional (creada en agosto de 2014) a labores de persecución de las bandas delictivas podría dar un mayor éxito, porque estas se mueven con toda facilidad entre un estado y otro, lo que no pueden hacer las policías estatales por rebasar sus respectivas atribuciones.
Como en la Comarca Lagunera, donde coinciden en una zona metropolitana los estados de Durango y Coahuila, la participación de la Gendarmería Nacional podría hacer más efectiva la labor contra quienes han violentado a la población de los tres estados del Golfo de México más Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí, con los que colinda Veracruz.
Todo permite sospechar que hay una complicidad que tiene su antecedente en la campaña presidencial, durante la cual el entonces candidato Enrique Peña Nieto (directamente o a través del PVEM) habría disfrutado de abundantes flujos financieros provenientes de Veracruz.
En fin, ya veremos si Javier Duarte tiene capacidad de reinventarse y de ocultar de la memoria colectiva los enormes pendientes en materia de inversión productiva, seguridad pública, justicia y política social, sumamente dañados duarnte su gobierno.
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