By La principal función de un gobernador es mantener la gobernabilidad en su estado, generar canales de diálogo y resolver aquellos problemas que pudieran desestabilizar la convivencia democrática. De ninguna manera, contribuir a la confrontación, poner en riesgo derechos fundamentales como el de manifestación, afectar el proceso educativo de decenas de miles de estudiantes y poner en riesgo a instituciones que, sin formar parte de su estructura de gobierno, han contribuido al desarrollo de la entidad y han jalado parejo con las políticas estatales.
En la decisión del gobierno veracruzano está la causa de que la Universidad Veracruzana haya llegado a la inusitada decisión de convocar a una marcha y una manifestación masiva para demandar lo que legalmente le corresponde: los recursos comprometidos para realizar sus funciones sustantivas, que benefician a más de 70 mil miembros que conforman su comunidad. Si en el gobierno estatal está la causa, ahí también está la solución.
Nadie que se jacte de tener una mínima idea del quehacer político y de cómo se manejan algunas organizaciones sociales, puede creer que la manifestación puesta en marcha este miércoles por Antorcha Campesina, con anuncio de plantón permanente en la Plaza Lerdo, sea espontánea, de genuinas razones sociales. Dicha organización ha sido movilizada para evitar que la marcha monumental universitaria arribe a su lugar de destino y manifieste lo que a su derecho convenga, ejerciendo un derecho que reconoce nuestra Constitución Política a todos los mexicanos.
Que los antorchistas se apuesten frente a Palacio de Gobierno constituye una grave premonición de posibles confrontaciones, las que seguramente no se darán porque los universitarios que acudirán a la marcha de este jueves han mostrado un mayor respeto a la civilidad que la que han mostrado sus autoridades.
Es una pena que la Secretaría de Educación de Veracruz haya decretado la suspensión de clases en el municipio de Xalapa, y que haya tomado como pretexto la marcha universitaria como si se tratara de infundir en la población de la capital estatal el temor a posibles actos de violencia.
Las repercusiones que tendrán las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado, como también puede considerarse como impulsada por el aparato estatal una ridícula movilización para exigir a la UV procesos de modernización y de certificación que no han sido posibles justamente por la asfixia económica a que ha sido sometida, lo único que demuestra es que tenemos a un gobernador irascible y pendenciero, imposibilitado para actuar como estadista.
Los ojos del país están puestos en Veracruz. A los actos de violencia criminal, a la muerte de 15 periodistas, los problemas de endeudamiento extremo de las arcas públicas y la corrupción, se suma el conflicto con la Universidad Veracruzana. Esperemos que la crispación política y social no vaya a rebasar la capacidad del gobierno solo porque el gobernador está enojado. El que se enoja, pierde. No hay que olvidarlo.
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