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Más que enfocarse en una denuncia de carácter penal contra el gobernador electo de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, lo que busca realmente Javier Duarte de Ochoa es jugar con los medios de comunicación y utilizarnos como vía para tiznar el camino político de su sucesor.
Y es que precisamente el todavía titular del Ejecutivo veracruzano acudió este lunes primero de agosto a la Fiscalía General del estado para acusar al gobernador panista de poseer propiedades en el extranjero, además de 16 en territorio veracruzano con un valor de 50 millones de pesos.
Para tales efectos, una denuncia por enriquecimiento ilícito ante la fiscalía contra Miguel Ángel resulta poco ortodoxa, con los años de experiencia de Duarte y entrenado en la guerra sucia, este traspasó los límites de su poca cordura y obtuvo una pésima asesoría al intentar penetrar en la mente ciudadana con llamaradas de petate.
Duarte sabe muy bien que si existió un enriquecimiento ilícito este no fue propiamente en la entidad, esto pudo darse cuando MIYULI fue director del ISSSTE o tras ocupar otros cargos en el gobierno federal.
Ante este panorama, la Procuraduría General de la República (PGR) es la institución que debió enterar del delito y perseguirlo desde hace años, pero no sucedió.
Con lo anterior Javier Duarte también sabe que la denuncia presentada debió ser de orden federal y no solicitar el respaldo de la misma PGR desde Veracruz en la fiscalía que encabeza Bravo Contreras.
A modo de historia retomo que la última vez que Miguel Ángel Yunes Linares obtuvo un cargo en una administración estatal, fue cuando Secretario de Gobierno y esto ocurrió en el sexenio de Patricio Chirinos Calero de 1992 a 1997.
Recordemos que en esa época Yunes logró el mote de represor, pero a su vez adquirió fortaleza política y su andar se cimentó, sin embargo en esa ocasión tampoco sonó algún tema de enriquecimiento inexplicable, ya han pasado casi dos décadas y Miguel Ángel continúa caminando con la frente en alto.
Es detestable la comparsa de alcaldes, diputados federales, diputados locales y titulares de diferentes secretarías del estado que acompañaron al gobernador Javier Duarte de Ochoa, queriendo dar certeza y legalidad con las instituciones a cuesta, en el intento de hacer creer que esto va en serio.
Pero debe recordar el propio gobernador que es él quien está siendo investigado por la Procuraduría General de la República.
Medios de comunicación nacionales confirmaron que la PGR solicitó a la Dirección General de Catastro y Valuación de Veracruz información “con carácter de urgente y confidencial” sobre las propiedades que poseen 69 personas físicas y morales, entre ellas Duarte y varios miembros de su familia, a partir de una denuncia presentada por Yunes Linares.
Desde esta percepción, la denuncia ante la fiscalía general de Miguel Ángel Bravo Contreras no traspasará más allá de las fronteras estatales aunque se pida investigar propiedades del electo, la querella fenecerá por el capricho del gobernante en turno, ya que lo obtenido por MIYULI no fue en este ni en el anterior periodo gubernamental.
Son más de 18 años que Miguel Ángel Yunes Linares no ha sido funcionario estatal, en el mejor de los casos, el fiscal tendría que declararse incompetente por la naturaleza del delito, y reitero que la denuncia es un tema mediático, con la intención de opacar la llegada del político albiazul y la reunión que tendría con los alcaldes veracruzanos este mismo día, en el marco de la instalación del Comité Rector del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.
