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Los tres gobernadores cuya expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) promueve una corriente interna acumulan, en combinación, al menos 78 denuncias y averiguaciones previas.
De acuerdo con el procedimiento de suspensión de derechos interpuesto por la organización priista denominada Corriente Solidaridad, el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tiene dos denuncias de la Universidad Veracruzana (UV), que lo acusa de no pagar subsidios por más de 2mil millones de pesos; también, 32 procedimientos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) ante la Procuraduría General de la República (PGR) por contratos con “empresas fantasma”, así como 26 denuncias generadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “relacionadas con el desvío de recursos públicos provenientes de partidas federales”.
César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua, tiene 17 procedimientos legales en su contra por probables irregularidades encontradas también por la ASF, mientras que Roberto Borge Angulo, Gobernador de Quintana Roo, enfrenta una denuncia penal ante la PGR desde 2014, así como una solicitud del Congreso de la Unión para que se investigue el destino de más de 16 mil millones de pesos.
La denuncia de la Corriente Solidaridad, interpuesta ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor, argumenta que las acusaciones mencionadas son suficientes para suspender temporalmente los derechos como militantes de los mandatarios “hasta en tanto no se concluyan los procesos penales ejercitados en su contra por los delitos dolosos” que se les imputan.
También, que los hechos denunciados “influyeron” en las derrotas electorales que sufrió el tricolor en el pasado 5 de junio en siete entidades.
Los procedimientos de suspensión de derechos como militantes priistas y la eventual expulsión de los aún gobernadores está considerada por una parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI como una medida “preventiva” para evitar que las denuncias de corrupción que los rodean causen más derrotas electorales, sobre todo ante los comicios de 2018.
Frenan procedimiento de expulsión
Pero, de acuerdo con Armando Barajas Ruiz, integrante de la Corriente Solidaridad y quien presentó la denuncia de suspensión, el procedimiento se encuentra detenido en la Comisión de Nacional de Justicia Partidaria, encabezada por Fernando Elías Calles.
“No han notificado a su servidor, que es el denunciante; entonces, está siendo omiso el presidente de la comisión al no informarme en qué sentido o como va el procedimiento sancionador”, agregó el priista e integrante del Consejo Político Nacional.
Además de la denuncia contra los tres mandatarios que concluyen este año su Gobierno, Barajas presentó otra en contra de Rodrigo Medina de la Cruz, ex Gobernador de Nuevo León hasta 2015 y quien este mes recibió también una vinculación a proceso (antes llamado “auto de formal prisión”) por ejercicio indebido de sus funciones.
La corrupción atribuida a los mandatarios priistas fue considerada por el Comité Ejecutivo Nacional como una de las principales causas de las derrotas del 5 de junio, además de la imposición de los mandatarios en la selección de candidatos.
Una fuente consultada por este medio en el CEN informó que, si bien la anterior dirigencia [encabezada por Manlio Fabio Beltrones Rivera] trató de promover que al menos Duarte de Ochoa pidiera licencia antes de la elección y así evitar el voto de castigo, éste logró sostenerse en el cargo gracias a un “compromiso económico” hecho desde 2012 con el Presidente Enrique Peña Nieto.
FUENTE: VERSIONES
De acuerdo con el procedimiento de suspensión de derechos interpuesto por la organización priista denominada Corriente Solidaridad, el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tiene dos denuncias de la Universidad Veracruzana (UV), que lo acusa de no pagar subsidios por más de 2mil millones de pesos; también, 32 procedimientos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) ante la Procuraduría General de la República (PGR) por contratos con “empresas fantasma”, así como 26 denuncias generadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “relacionadas con el desvío de recursos públicos provenientes de partidas federales”.
César Duarte Jáquez, Gobernador de Chihuahua, tiene 17 procedimientos legales en su contra por probables irregularidades encontradas también por la ASF, mientras que Roberto Borge Angulo, Gobernador de Quintana Roo, enfrenta una denuncia penal ante la PGR desde 2014, así como una solicitud del Congreso de la Unión para que se investigue el destino de más de 16 mil millones de pesos.
La denuncia de la Corriente Solidaridad, interpuesta ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor, argumenta que las acusaciones mencionadas son suficientes para suspender temporalmente los derechos como militantes de los mandatarios “hasta en tanto no se concluyan los procesos penales ejercitados en su contra por los delitos dolosos” que se les imputan.
También, que los hechos denunciados “influyeron” en las derrotas electorales que sufrió el tricolor en el pasado 5 de junio en siete entidades.
Los procedimientos de suspensión de derechos como militantes priistas y la eventual expulsión de los aún gobernadores está considerada por una parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI como una medida “preventiva” para evitar que las denuncias de corrupción que los rodean causen más derrotas electorales, sobre todo ante los comicios de 2018.
Frenan procedimiento de expulsión
Pero, de acuerdo con Armando Barajas Ruiz, integrante de la Corriente Solidaridad y quien presentó la denuncia de suspensión, el procedimiento se encuentra detenido en la Comisión de Nacional de Justicia Partidaria, encabezada por Fernando Elías Calles.
“No han notificado a su servidor, que es el denunciante; entonces, está siendo omiso el presidente de la comisión al no informarme en qué sentido o como va el procedimiento sancionador”, agregó el priista e integrante del Consejo Político Nacional.
Además de la denuncia contra los tres mandatarios que concluyen este año su Gobierno, Barajas presentó otra en contra de Rodrigo Medina de la Cruz, ex Gobernador de Nuevo León hasta 2015 y quien este mes recibió también una vinculación a proceso (antes llamado “auto de formal prisión”) por ejercicio indebido de sus funciones.
La corrupción atribuida a los mandatarios priistas fue considerada por el Comité Ejecutivo Nacional como una de las principales causas de las derrotas del 5 de junio, además de la imposición de los mandatarios en la selección de candidatos.
Una fuente consultada por este medio en el CEN informó que, si bien la anterior dirigencia [encabezada por Manlio Fabio Beltrones Rivera] trató de promover que al menos Duarte de Ochoa pidiera licencia antes de la elección y así evitar el voto de castigo, éste logró sostenerse en el cargo gracias a un “compromiso económico” hecho desde 2012 con el Presidente Enrique Peña Nieto.
FUENTE: VERSIONES
