By “En su infinita ignorancia y voracidad,creyeron que robar era gobernar”|
El filósofo de la Mixtequilla|
Contra el pesimismo que permea en el ambiente social veracruzano por la inacción de las autoridades federales en cuanto al montón de denuncias que se han interpuesto por presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, ayer hubo una noticia que levantó el ánimo y que permite pensar que el presidente Enrique Peña Nieto sí planea lucirse en su cuarto informe de gobierno anunciando que la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, que promulgó y le aprobó el Congreso, va en serio, tanto, que ya fue estrenada por uno o dos gobernadores de apellido Duarte.
La noticia que nos alienta a elaborar la anterior hipótesis es la que dio por la mañana el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, quien confirmó que la dependencia a su cargo realiza una auditoría fiscal al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, así como a cinco funcionarios más del gobierno estatal vinculados al caso de 34 empresas fantasma, precisando que se trata de actos de autoridad para los cuales está facultada.
Y aunque Aristóteles Núñez no precisó los nombres de los cinco funcionarios o exfuncionarios a los que se audita, ni aceptó dar más detalles sobre estas tarjetas de investigación, los veracruzanos sabemos de quiénes se trata y presumimos que si se ejerce acción penal no solo será contra el gobernante y los cinco señalados, la lista crecerá más en la medida en que la investigación continúe, pues se trata de una torpe banda de delincuentes quienes, como dijo Fidel Herrera, “no hicieron lo que debían”, es decir, robar sin dejar rastro.
Como lo informó en el histórico reportaje de Animal Político, crearon empresas fantasma sin completar los requisitos, con locales inexistentes, con nombres de personas que ni se enteraron de su involucramiento, vendiendo productos inexistentes al gobierno por lo que cobraron millones de pesos, es decir, con una torpeza nunca antes vista, por lo que ahora merecen ser procesados penalmente porque, como dicen las sagradas escrituras, no se castiga el pecado, se castiga el escándalo.
Fue el periodista mejor centaveado por la administración duartista, Ciro Gómez Leyva, el encargado, por instrucciones superiores (Los Pinos), de entrevistar al titular del SAT quien por cierto no precisó detalles de las investigaciones, pero precisó que en el caso de Duarte la investigación podría prolongarse hasta por dos años, de comprobarse que realizó operaciones financieras en el extranjero.
Aristóteles Núñez fue muy claro al asegurar que la auditoría a Duarte de Ochoa se realiza con base en una denuncia realizada por el gobernador electo en Veracruz, Miguel Ángel Yunes el pasado 6 de junio, por actos que pudieran representar una irregularidad fiscal.
También puso en claro que se trata de actos de autoridad para los que la dependencia está facultada y, aunque explicó que entre los investigados se encuentran cinco gobernadores, no precisó sus nombres salvo el de Javier Duarte de Ochoa, seguramente con línea peñista.
Y tratando de ponerse un disfraz de autonomía y honorabilidad, Aristóteles Núñez comentó que ni el presidente Enrique Peña Nieto, ni el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron poner especial atención contra el gobernador de Veracruz y aseguró que en lo que lleva del cargo nunca ha actuado bajo ninguna consigna.
Sobre las empresas fantasma que fueron denunciadas en un trabajo periodístico, el funcionario dijo que en una primera instancia se detectaron 26 y después ocho más, las cuales suman 34 que han dado lugar a la presentación de 32 querellas que están siguiendo un procedimiento ministerial en las instancias respectivas.
Contra basificación
Y, bueno, las noticias no son nada buenas para la administración duartista en extremaunción, ayer también la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la Acción de Inconstitucionalidad presentada el 12 de agosto en contra de la basificación masiva, a iniciativa del Ejecutivo estatal y aprobada por el Congreso del Estado de Veracruz, según declaró el Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (GLPAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés.
El legislador mencionó que, respecto a la Acción de Inconstitucionalidad en contra del uso del Impuesto del Tres por Ciento a la Nómina para el pago de deuda pública, presentada el 19 de agosto, se le sumó una controversia constitucional por parte de seis municipios.
Guzmán Avilés explicó que los Ayuntamientos participaron en este reclamo porque consideraron que se les estará privando de obras, dado que los recursos recaudados por el gravamen serán destinados en su totalidad al pago de pendientes que no fueron adquiridos ni por los empresarios.
El representante en el Congreso por el Distrito de Tantoyuca, confió en que la resolución de la SCJN sea favorable ante la falta de fundamento existente en ambas reformas: Basificación y del Tres por Ciento a la Nómina, en concordancia con lo planteado por la Ley de Disciplina Financiera.
El diputado panista celebró que, para los dos recursos legales, los diputados que sumaron las 17 firmas hayan apelado a su conciencia, independiente de los partidos que representan al ser iniciativas que dañan la economía de Veracruz.
Pepe, Héctor y Amadeo
Sin un gobernador que imponga su voluntad como primer priista del estado, tres son los personajes que tienen la responsabilidad de conservar la unidad de ese partido: el Presidente del CDE, Felipe Amadeo Flores Espinosa, y los senadores José Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa; de otra manera, la franquicia estaría en riesgo de caer en manos de políticos que solo la usarían para negociar (vender) las próximas candidaturas a las presidencias municipales, con lo que acabarían de hundir al partido en Veracruz. Esto nos lo comentó el presidente del CDE, Amadeo Flores, para explicar el porqué de su permanencia en la dirigencia tricolor.
Amparos, para no ser detenidos
En opinión de diferentes actores políticos, los funcionarios de Javier Duarte “están amarrándose el dedo” al tramitar amparos para evitar la cárcel por mal manejo de recursos en la administración estatal. Al menos así lo considera el comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila.
“El que debe, debe andarse preocupando, porque le quieren hacer algo, si algo deben, ese es el temor. Todos son presuntos inocentes, probablemente ese sea el fin de su amparo, que hay un error en la administración”, dijo con contundencia el petista.
Y aunque no han trascendido sus nombres, se sabe de otros exfuncionarios, como Vicente Benítez González, quien también ya tramitó su amparo.
En paraísos fiscales, nuestro dinero
El “miedo no anda en burro”, por ello, exfuncionarios y funcionarios duartistas se están amparando, tienen mucho que explicar y sobre todo que devolverle a los veracruzanos tras 12 años de “pesadilla” en que sólo se han dedicado a saquear a Veracruz, consideró el diputado local Hugo Fernández Bernal.
“Hoy sabemos dónde están recursos desviados, de las empresas “fantasmas”, de las simulaciones de devolución a la Federación, están invertidos en desarrollos inmobiliarios, ranchos y paraísos fiscales”, afirmó.
Enfatizó que muchos de ellos, al igual que el gobernador Duarte, son los culpables del quebranto financiero por lo cual tendrán que enfrentar todos los cargos que tienen y las demandas por parte de la Auditoría Superior de la Federación, porque este quebranto no lo hizo una sola persona sino “toda una banda de delincuentes”.
Reflexión
En Pacho Viejo y en el penal de alta seguridad de Villa Aldama se construyen celdas VIP para los huéspedes que pronto llegarán por camionadas. Los malandros se dan chaira y salivan ante suculentos manjares de los que podrán disfrutar: el que a hierro mata, a hierro muere. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx formatosiete@gmail.com www.formato7.com/columnistas
