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La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI consideró al menos 14 conductas negativas que se imputan al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y a otros cinco militantes para suspenderles sus derechos político-partidistas.
Entre ellos, la comisión puso sobre la mesa la existencia de un “clima de violencia” en contra de los periodistas en Veracruz, que ha tenido como consecuencia el homicidio, secuestro, desaparición y desplazamiento a otras entidades de quienes se dedican a este oficio. Según consta en el expediente, al cual EL UNIVERSAL tuvo acceso, esta instancia valoró, además, que los militantes hoy suspendidos de sus derechos son acusados de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo o función, como desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
“Existencia de un contexto violento en el estado en el que hay desaparición de personas; falta de pago a la Universidad Veracruzana; adeudos con distintas dependencias y órganos; participación en la creación de empresas fantasma y celebración de adjudicaciones y contratos con ellas; donación de bienes inmuebles propiedad del estado de Veracruz para pagar deudas; amenazas a alcaldes y diputados locales para aprobar iniciativas en materia de corrupción, o bien, para manifestarse a favor del gobierno del estado; aumento desproporcionado e irracional de la deuda pública”, son algunos de los hechos que se imputaron a los priístas denunciados y que la Comisión de Justicia consideró para suspender sus derechos.
Esas acusaciones, señala el expediente, afectan la imagen del partido. “De no estimarlo así [de no tomar la medida], la imagen del partido tendría una nueva afectación por la ausencia de reproche, disciplina y sanción ante la conducta indiciariamente desplegada por Javier Duarte de Ochoa, Juan Carlos Rodríguez García, Gabriel Deantes Ramos, José Antonio Chara Mansur Beltrán, Arturo Bermúdez Zurita, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez”, estableció la comisión.
Añadió que de no tomar la medida de suspender derechos como militantes, se permitiría la posibilidad de que los implicados se presenten de nuevo a nombre del PRI en comicios, exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
Con ello, la comisión estableció que se sentó la base para evitar que se siga lesionando la estabilidad del PRI, que se ponga en riesgo la existencia o identidad partidaria, entre otros.
Los hechos imputados fueron considerados “muy graves”, por lo que se procedió a la suspensión de derechos de militantes. “Para salvaguardar a futuro la unidad, el prestigio, la representatividad y el patrimonio del Partido Revolucionario Institucional, por lo que la adopción de la medida cautelar es idónea, razonable y proporcional”, dice el expediente.
Disculpa pública. Arturo Zamora, vocero de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, reconoció que Juan Carlos Rodríguez García, quien aparece en la lista de militantes de Veracruz a los que se les suspendieron sus derechos, no pertenece al tricolor. “En el caso de Juan Carlos Rodríguez, se trata de una homonimia y hay que corregir, es lo justo”, comentó en entrevista.
Zamora explicó que la confusión surgió porque existe un militante con el nombre Juan Carlos Rodríguez García, que se registró en Zongolica, Veracruz.
Consideró una buena noticia que el ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, acusado por diversos delitos durante su función, no sea militante del partido. “Es una buena noticia, que bueno que no es priísta, por todos los antecedentes que tiene y por el daño patrimonial que hizo a Veracruz”, declaró.
Dijo que se rectificará y se ofrecerá disculpa pública.
En el caso de José Antonio Chara Mansur Beltrán, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez, que también han negado su militancia, Arturo Zamora aseguró que ellos sí tienen un registro dentro del partido y es comprobable.
“Ellos van a negar todo, así como su participación en la creación de empresas fantasma. A ellos les precede la falsedad, todos son priístas e incluso son consejeros políticos en Veracruz”, aseveró Zamora.
Entre ellos, la comisión puso sobre la mesa la existencia de un “clima de violencia” en contra de los periodistas en Veracruz, que ha tenido como consecuencia el homicidio, secuestro, desaparición y desplazamiento a otras entidades de quienes se dedican a este oficio. Según consta en el expediente, al cual EL UNIVERSAL tuvo acceso, esta instancia valoró, además, que los militantes hoy suspendidos de sus derechos son acusados de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo o función, como desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
“Existencia de un contexto violento en el estado en el que hay desaparición de personas; falta de pago a la Universidad Veracruzana; adeudos con distintas dependencias y órganos; participación en la creación de empresas fantasma y celebración de adjudicaciones y contratos con ellas; donación de bienes inmuebles propiedad del estado de Veracruz para pagar deudas; amenazas a alcaldes y diputados locales para aprobar iniciativas en materia de corrupción, o bien, para manifestarse a favor del gobierno del estado; aumento desproporcionado e irracional de la deuda pública”, son algunos de los hechos que se imputaron a los priístas denunciados y que la Comisión de Justicia consideró para suspender sus derechos.
Esas acusaciones, señala el expediente, afectan la imagen del partido. “De no estimarlo así [de no tomar la medida], la imagen del partido tendría una nueva afectación por la ausencia de reproche, disciplina y sanción ante la conducta indiciariamente desplegada por Javier Duarte de Ochoa, Juan Carlos Rodríguez García, Gabriel Deantes Ramos, José Antonio Chara Mansur Beltrán, Arturo Bermúdez Zurita, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez”, estableció la comisión.
Añadió que de no tomar la medida de suspender derechos como militantes, se permitiría la posibilidad de que los implicados se presenten de nuevo a nombre del PRI en comicios, exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
Con ello, la comisión estableció que se sentó la base para evitar que se siga lesionando la estabilidad del PRI, que se ponga en riesgo la existencia o identidad partidaria, entre otros.
Los hechos imputados fueron considerados “muy graves”, por lo que se procedió a la suspensión de derechos de militantes. “Para salvaguardar a futuro la unidad, el prestigio, la representatividad y el patrimonio del Partido Revolucionario Institucional, por lo que la adopción de la medida cautelar es idónea, razonable y proporcional”, dice el expediente.
Disculpa pública. Arturo Zamora, vocero de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, reconoció que Juan Carlos Rodríguez García, quien aparece en la lista de militantes de Veracruz a los que se les suspendieron sus derechos, no pertenece al tricolor. “En el caso de Juan Carlos Rodríguez, se trata de una homonimia y hay que corregir, es lo justo”, comentó en entrevista.
Zamora explicó que la confusión surgió porque existe un militante con el nombre Juan Carlos Rodríguez García, que se registró en Zongolica, Veracruz.
Consideró una buena noticia que el ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, acusado por diversos delitos durante su función, no sea militante del partido. “Es una buena noticia, que bueno que no es priísta, por todos los antecedentes que tiene y por el daño patrimonial que hizo a Veracruz”, declaró.
Dijo que se rectificará y se ofrecerá disculpa pública.
En el caso de José Antonio Chara Mansur Beltrán, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez, que también han negado su militancia, Arturo Zamora aseguró que ellos sí tienen un registro dentro del partido y es comprobable.
“Ellos van a negar todo, así como su participación en la creación de empresas fantasma. A ellos les precede la falsedad, todos son priístas e incluso son consejeros políticos en Veracruz”, aseveró Zamora.
FUENTE: VERSIONES
