By No parece que, en los meses próximos, la cautela política vaya a ser el signo de la actividad pública en Veracruz. En materia de partidos, veremos un severo derrumbamiento de la molicie priista antaño hegemónica, a manos de un panismo demoledor, con argumentos sólidos para mantenerlo comiendo el polvo de aquí a los comicios municipales.
Si el bienio panista logra buenos resultados, y no dudemos que así será incluso por mera comparativa con los terroríficos años en que gobernó la organización criminal fidelista, el PRI no tendrá la más mínima oportunidad para recuperar en 2018 la gubernatura y significará la loza que sepulte sus aspiraciones de mantenerse en la Presidencia de la República.
El gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares ha marcado la tónica de su trato con los últimos vestigios de la Fidelidad. Lo que viene es un verdadero rosario de procesos judiciales en contra de esos saqueadores menores que han medrado con el dinero público desde oficinas más modestas que las usadas por el prófugo Javier Duarte de Ochoa. Y mire que abundan en toda la estructura gubernamental.
Algunos han escapado al altiplano cobijados por el fuero constitucional por ser diputados del Congreso de la Unión, aunque tienen detrás una larga estela de corrupción en las oficinas públicas locales más importantes; otros se aprestan a obtener ese fuero que ha de brindarles el Congreso local; otros simplemente han desaparecido o, como en el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, han intentado con diferente suerte lograr el amparo de la justicia federal.
Hay, sin embargo, decenas de funcionarios medios y menores que siguen despachando en oficinas públicas y organismos descentralizados del Ejecutivo estatal cuyas finanzas, a partir de noviembre según ha anunciado Yunes Linares, serán sometidas a un meticuloso escrutinio por parte de despachos particulares para detectar aún el más insignificante movimiento ilegal en el manejo de los recursos de los veracruzanos.
Y ya veremos corriendo fuera de la entidad a los diputados locales que concluirán su gestión el 5 de noviembre. Buena parte de ellos incurrieron en graves fallas jurídicas que los convirtieron en cómplices del desfalco del siglo instrumentado por el criminal Javier Duarte, aunque haya ingenuos como el exlector de noticias de Telever, el diputado priista Tonatiuh Pola, para quien ningún diputado local mató una vaca, aunque sí autorizaron con su gustosa firma que se sacrificara el animal.
Hay muchos colegas que ven con desencanto que Miguel Ángel Yunes Linares mantenga en alto las banderas de guerra contra el régimen agonizante; que confronte con especial encono al último de sus representantes, el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado quien, por cierto, siempre se mostró dispuesto a defender hasta la ignominia a quien lo impuso cuando ya tenía su solicitud de licencia en el despacho de la presidenta de la Comisión Permanente de la Legislatura.
Es cierto que el minatitleco atemperó el clima de confrontación que había impuesto el desquiciado Javier Duarte, y que ha dado muestras de la civilidad política que no campeó en los dos últimos gobiernos priistas; que ello ha permitido crear mejores condiciones para el proceso de transición.
Pero lo que busca Yunes Linares es, creo yo, recuperar la confianza de los veracruzanos en el imperio de la ley, y nadie va a creer en él si lo primero que hace es paralizarse y hacer como que la Virgen le habla ante tanto saqueo en la estructura de gobierno; sería tanto como aceptar que la impunidad se enseñorea en su más inmediato contexto, dejando en entredicho lo que pueda hacer para parar la violencia en las calles.
Buena parte de los veracruzanos esperan que sean castigados con severidad no solo Javier Duarte, Karime Macías Tubilla y la familia de uno y otro, además de sus destacados cómplices, sino también todos aquellos que no serán tocados por la justicia presidencial y que, sin embargo, contribuyeron a hacer más terrible la pesadilla de los últimos seis años.
Bien haría en incluir a quienes también robaron antes que Javier Duarte. Fidel Herrera Beltrán y su familia.
En el PRI, como si nada
Mientras tanto, no parece que en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) haya mucha preocupación por su futuro, pese a que al frente de su comité estatal se encuentra un líder con tablas y experiencia.
Sí ha habido cambio en el discurso, primero alejando al exgobernador de las decisiones partidistas y, ahora, sin él, enfocando sus baterías en la reorganización de su estructura territorial y en un supuesto proceso democrático para elegir a los candidatos a alcaldes, síndicos y regidores que se enfrentarán a los de los demás partidos en los comicios municipales del año entrante.
Amadeo Flores Espinosa ha logrado elevar su protagonismo en el PRI, ha empezado a mover sus piezas y ha logrado el respaldo de su dirigente nacional Enrique Ochoa Reza; pero no ha aterrizado en la culminación de movimientos urgentes para desembarazarse de personajes impresentables identificados con Javier Duarte como la presidenta de la Fundación Colosio, Gina Domínguez Colío (exvocera del prófugo), o el bravucón diputado federal Fidel Kuri Grajales, dueño de la franquicia de los Tiburones Rojos, quien se mantiene como Secretario de Organización desde el periodo de Alberto Silva Ramos, sin mover siquiera las pestañas; o de la dirigente de la OMPRI, Martha Montoya.
Si el PRI no atiende a la necesidad de deslindarse por completo de la Fidelidad, va a estar frito. Ya hemos visto cómo en el liderazgo de la fracción del PRI en la próxima Legislatura mantienen al impuesto por Duarte, el dirigente magisterial Juan Nicolás Callejas Roldán, en pago al nefasto líder actual Juan Nicolás Callejas Arroyo, quien a costa de la poca credibilidad que le restaba gestionó la aprobación vergonzosa de todas las iniciativas lanzadas por el gobernador con licencia, la mayoría rechazadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, motu proprio o por petición de la PGR, y otras (como la basificación masiva) echadas abajo por Flavino.
El discurso debe estar corroborado por los hechos. Lo más indicado es que el liderazgo de la próxima fracción parlamentaria esté a cargo de un diputado electo con mejores calificaciones y mejor fama pública, pero parece que seguirá rigiendo el sometimiento a los sectores y organizaciones supuestamente más poderosos.
Y es que incluso en el PRI nacional, las cosas no están totalmente consensuadas. En el caso de la expulsión de Javier Duarte del PRI y su enjuiciamiento por parte de las autoridades judiciales, hay voces miserables que todavía quieren anteponer el silencio y el comedimiento cuando se trata de castigar a correligionarios sorprendidos en delincuencia organizada. Para botón de muestra, el exdirigente nacional César Camacho Quiroz, miembro del grupo mexiquense, quien pidió un proceso penal “justo” para el caco mayor de Veracruz, que antes de condenarlo haya “una investigación profunda y un juicio justo” para que se le finquen las responsabilidades debidas.
Le duele a muchos el ruido político de este caso y de otros que no han corrido la misma suerte, como la de los exgobernadores priista Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y de César Duarte Jáquez, de Chihuahua. Los tres, por cierto, perdidos o prófugos, pese a que solo a Javier Duarte se le ha girado orden de aprehensión.
Si siguen de manirrotos, van a valer sombrilla los priistas en los próximos dos procesos electorales.
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