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El presente y el futuro de Veracruz no están en gris, sino en negro. El actual gobierno estatal no solo ha fomentado el desempleo de alrededor de 10 mil burócratas, despedidos sin mediar liquidación, sino que está mostrando paralelamente una preocupante debilidad para dinamizar la economía estatal, al no lograr la atracción de inversiones privadas ni la activación de la inversión pública.
Para colmo, no ha atendido con efectividad y premura las áreas de emergencia en el sector primario en regiones afectadas por el más reciente desastre natural (lo que significará una merma en la aportación de la agricultura, la ganadería y la pesca al PIB estatal en lo que resta de su gestión), ni ha establecido políticas claras que permitan prever cómo le hará para contrarrestar los retrocesos en el sector petrolero y petroquímico.
Al galopante crecimiento de la violencia criminal, cuyos promotores parecen haberle tomado la medida a un gobierno que no invierte en seguridad pública (no, al menos, más allá de exigir la participación del gobierno federal y ofrecer recompensas para que la ciudadanía asuma el papel de una inexistente policía investigadora), se suman no solo los graves remanentes de 12 años de rapiña por parte de los más recientes gobiernos priistas, sino además el desinterés en establecer políticas que permitan revertir el estancamiento del PIB estatal, cuyo crecimiento ha sido negativo en 1.5 por ciento, según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda.
Que no se hace prácticamente nada para atraer capitales y generar nuevos empleos, lo señala el propio presidente de la Canacintra en Xalapa, Juan Manuel García González, quien este jueves alertó sobre la inacción del gobierno yunista en la atracción de inversiones. “No vemos que hagan algo por atraer inversiones, por eso los empresarios vamos a seguir buscándolas, con o sin el Gobierno, o a pesar de él”.
Aunque reconoció que la inseguridad que se registra en el estado inhibe las inversiones, el dirigente patronal dijo que los empresarios y las cámaras han hecho lo que les corresponde para atraer inversionistas y que le corresponde a la autoridad dar certeza a esas inversiones.
Primero, lo electoral
¿Qué es lo que inhibe al gobierno veracruzano para mover su pesado cuerpo en favor de un mayor dinamismo económico en la entidad? ¿Por qué se empeña en ser el principal impulsor del desempleo, tanto directa como indirectamente? ¿Qué aspectos entrañan una importancia tal que no es posible pensar en la economía, cuya caída alienta por cierto la incorporación de muchos jóvenes al crimen organizado?
Prácticamente toda la actividad gubernamental en los meses recientes ha girado en torno a asuntos judiciales (el encarcelamiento de exfuncionarios duartistas como una forma de distraer la atención de los temas fundamentales de gobierno) y a los intentos fallidos por disminuir los graves índices de incidencia delictiva que han colocado a la entidad en los primeros lugares nacionales, como ocurre con el delito de secuestro.
Aunque Yunes Linares ha pretendido que se le aplauda por logros que no han sido decisivos ni para abatir la impunidad y castigar la corrupción delirante del fidelato y el duartismo y, mucho menos, para disminuir la violencia criminal, lo cierto es que el saldo de su gobierno, empeñado en golpes publicitarios, ha sido de los más negativos, y se acerca a un periodo en que destinará absolutamente todas las fuerzas de su gobierno a la tarea de preservar en poder de su partido en los comicios de 2018, al parecer con la postulación de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez.
Lo dicho en el evento en que se conmemoró un cuarto de siglo de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno federal (precedido, por cierto, por declaraciones tronantes de alcaldes manipulados en contra de la delegada Anilú Ingram), celebrado en Palacio de Gobierno, no hace sino confirmar de qué se tratará este gobierno en los siguientes meses.
Ahí, frente a funcionarios estatales y federales, entre ellos la titular de la Sedesol estatal Indira Rosales (quien podría postularse al Senado), el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció que el próximo año (incluso desde finales de este) se incrementará en 50 por ciento el número de beneficiarios de los programas sociales estatales, a través del programa Veracruz Comienza Contigo.
Ya está demostrado que el impacto de los programas sociales (por su dispersión, la falta de control y la corrupción que les acompaña) en las familias mexicanas en condiciones de pobreza y pobreza extrema es raquítico, cuando no intrascendente y a veces negativo.
Y es que su principal objetivo es de orden electoral: permitir a los partidos que gobiernan comprar conciencias, adhesiones políticas y votos, la mayoría de las veces mediante el condicionamiento en el otorgamiento de los apoyos, sin que tengan el más mínimo efecto en la disminución de la población en situación crítica.
Que Yunes Linares anuncie desde ahora, frente a la dependencia federal que hace las veces de apoyar al PRI con programas sociales, que la administración panista incrementará en 50 por ciento el número de beneficiarios en 2017 y 2018, significa que buena parte de los recursos estatales se irán al apoyo a las candidaturas del PAN a los puestos federales y estatales, tanto del poder ejecutivo como legislativo.
“Quiero decirles que este año antes de terminar tendremos un número importante más de afiliados a este programa [Veracruz Comienza Contigo] y el año próximo haremos un esfuerzo adicional, extraordinario, para aumentar cuando menos en un 50 por ciento el número de beneficiarios del programa estatal de desarrollo social”.
Y dijo algo paradójico: “Pareciera que todo es violencia, inseguridad y de momento nos olvidamos que lo más grave a lo que nos enfrentamos es el problema de la pobreza, es la desigualdad social”. En efecto, Yunes Linares lo ha olvidado (y lo ha recordado solo para el discurso), pero no es con limosnas como se combate la desigualdad social sino con programas reales que permitan reactivar la economía.
El mandatario también lamentó que Veracruz sea el estado con menos población afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al ISSSTE, a pesar de tener una población de casi 8 millones, sin señalar que las afiliaciones al IMSS se logran mediante la creación de empleos formales, que han caído drásticamente por la ausencia de inversiones productivas, y que en el caso del ISSSTE significa que se ha descuidado el fortalecimiento de las condiciones laborales de la burocracia federal.
En conclusión, el minigobierno yunista permitirá (casi conscientemente) que los efectos negativos del saqueo delirante a que fuimos sometidos en al menos los dos
anteriores gobiernos priistas se fortalezcan, porque el interés primordial de estos dos años será preparar el camino político para un gobierno panista más, ahora de seis años, que podría encabezar un miembro de la familia.
