By Todos los mexicanos hemos quedado atónitos ante la efectiva lucha contra la impunidad que han emprendido pueblo y autoridades judiciales de Guatemala, cuyas más recientes manifestaciones han sido el encarcelamiento de la vicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) desde el 21 de agosto, y la dimisión y posterior prisión provisional al expresidente Otto Pérez Molina este jueves 3 de septiembre, acusados ambos de liderar una red de corrupción aduanera conocida como La Línea.
Antes de estos hechos que muestran al país vecino, asolado durante décadas por dictaduras militares y gobiernos represivos, como una nación que da grandes zancadas hacia una democracia moral y éticamente responsable, con un poder judicial independiente respecto del poder ejecutivo y una población empeñada en no dejar que los gobernantes en turno infrinjan daños severos a las arcas públicas, ya había ocurrido la detención de empresarios y funcionarios del sector salud que habían medrado millonarias sumas con la seguridad social.
Vecino del sur, Guatemala está dando ejemplo de valor ciudadano, y sus jueces y magistrados ofrecen a los de México una gran lección de lo que deben hacer para que la ley se aplique sin contemplaciones.
¿Qué tienen que ver estos hechos con lo que sucede en México y en Veracruz? Nada menos que uno de los más graves lastres que cargamos los ciudadanos de este lado de la frontera: la constatación cotidiana de enormes robos de que somos objeto por parte de quienes nos gobiernan, desde el alcalde de la municipalidad más pequeña y apartada hasta el propio Presidente de la República, recientemente exonerado por su amigo por la adquisición sospechosa de ostentosos bienes inmuebles a empresas que han sido beneficiadas, tanto en el Estado de México como en el Gobierno de la República, con contratos multimillonarios. Y no es el único.
Si la violencia generada por los cárteles de la droga y diversas organizaciones delictivas constituye uno de los más preocupantes riesgos que impiden no solo la convivencia pacífica de los mexicanos sino incluso el desarrollo nacional, cada vez es más impactante escalada de corrupción que está dejando exangües y endeudadas las arcas públicas a nivel nacional y en el ámbito veracruzano.
El día de ayer pudimos ser testigos de múltiples manifestaciones y tomas de oficinas públicas por parte del magisterio, burócratas y pensionados por la reiterada postergación de sus pagos, derivado de una administración estatal desastrosa y endeudada.
¿Se requiere una reforma estructural en el país en materia de justicia? La verdad es que no. La sola aplicación de las leyes actuales, sin manoseo de quienes se han erigido en juez y parte, permitiría lo que está ocurriendo en Guatemala: que quien meta la mano al cajón, que quienes se organicen criminalmente detrás de la inmunidad que les otorga un puesto público para realizar actos de corrupción, que quienes se aprovechen de su capacidad de decidir en materia de obra pública para chantajear y pedir ‘moches’ a los contratistas y proveedores, sean investigados y castigados con severidad, no solo con el despido o la inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos, sino mediante la cárcel y la devolución de los recursos que hubiesen sustraído ilegalmente.
En 2% del PIB, costo de la corrupción
Los costos de la corrupción en México son verdaderamente altísimos y preocupantes. Según el observatorio económico México ¿Cómo Vamos?, en 2014 los actos de corrupción significaron pérdidas por el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que en números en metálico significó un costo de 341 mil millones de pesos. Para colmo, los empresarios dejan de invertir en la medida que aumentan la percepción y los costos de la corrupción.
Para tener una idea de lo que hemos dejado de crecer por las prácticas corruptoras generalizadas, dicho organismo ha tasado en 15 por ciento de la inversión pública de 2014 los recursos que se perdieron en el drenaje de las prácticas delictivas de los funcionarios.
¿En cuánto se estima la cantidad que se desvió por la corrupción el año pasado? En 84 mil millones de pesos.
Viridiana Ríos, directora general del observatorio, señaló el pasado 26 de febrero, cuando dio a conocer el semáforo económico de 2014, lo siguiente:
“Si se tiene en cuenta que la reducción del gasto anunciado por Hacienda fue de 124 mil millones de pesos, el recorte pudo haber sido sólo una tercera parte de lo que se hizo si se redujera la corrupción. Es decir, no hay mejor recorte presupuestal que un recorte de la corrupción”.
¿Se está haciendo algo para contener esta tendencia? La absolución de todo pecado del presidente Peña Nieto y demás funcionarios de su gobierno, como el secretario de Hacienda Luis Videgaray, no parece dar muchas garantías al respecto.
Es cierto que se busca instaurar, con las leyes correspondientes, el Sistema Nacional Anticorrupción, que se pretende fortalecer la observación fiscal y financiera de estados y municipios, que se intenta brindar más facultades de inspección y persecución a los organismos de fiscalización tanto del poder legislativo como ejecutivo en el orden federal. Sin embargo, todo ello suena a los oídos de los mexicanos como una maniobra propagandística y política más, para esconder los mecanismos de corrupción que tanto dañan al desarrollo del país.
Bien valdría la pena que nuestros grupos legislativos acudieran a Guatemala a observar procesos judiciales extraordinarios como el que acaba de cambiar el gobierno nacional de tajo, en lugar de anunciar, como lo hicieron ayer los diputados federales veracruzanos del PRI y el PVEM, una excitativa a la Procuraduría General de la República para que investigue de inmediato denuncias por corrupción presentadas contra su compañero de cámara, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, cuando los mismos que se plantaron tienen una enorme cola que les pisen.
¿Por qué no coadyuvan en la investigación que se sigue por las anomalías financieras detectadas por la Auditoria Superior de la Federación con el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, en el que incluso pueden salir raspados quienes ayer se erigieron en paladines de la honestidad?
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