By No parece que alguno de los candidatos presidenciales brinde total certidumbre de que la lucha contra la corrupción será decisiva en sus gobiernos, en caso de ganar, y lograr con ello que México ingrese a mejores escenarios de competitividad, desarrollo y crecimiento económico.
De los seis que se presentarán en la boleta electoral del 1 de julio (tres propuestos por coaliciones partidistas y otros tres por la vía independiente), ninguno puede señalarse con una trayectoria límpida y transparente en este rubro.
Dos han sido, de un lado y otro del espectro, los que se venden como personajes que podrían ofrecer un programa de gobierno que incluya la lucha contra la corrupción como el principal motor para el cambio en el país.
Por un lado, Andrés Manuel López Obrador, quien la tiene como slogan; y por el otro, José Antonio Meade, quien en Veracruz marcó como uno de los ejes de su campaña el combate sin cuartel al fantasma de la corrupción. En el caso del primero pesa la atracción de personajes marcados profundamente por la corrupción, los que han sido perdonados por el tabasqueño, quien por otra parte no ha podido explicar correctamente la participación de tres de sus hijos abiertamente en el partido Morena y en su campaña, aunque él diga que Morena no les paga un quinto; está por destaparse del ocultamiento en que están los expedientes el caso de la entrega de predios en la Ciudad de México a empresas inmobiliarias de alto costo, lo mismo que sucede con Marcelo Ebrard.
Según una nota del periódico 24 Horas, publicada el 12 de febrero, Andrés Manuel López Obrador “cedió terrenos a cambio de vialidades que hoy albergan condominios lujosos en Santa Fe, cuyos departamentos se venden en millones de pesos e, incluso, se rentan en dólares. Por su parte, su sucesor y hoy coordinador de Morena en la primera circunscripción electoral del país, Marcelo Ebrard, privilegió la venta de predios con un costo mucho menor a su valor real, con lo cual benefició a las mismas constructoras que el tabasqueño”.
Al candidato priista, José Antonio Meade se le involucra en actos de corrupción más por omisión u ocultamiento, a su paso por la Sedesol, en que estarían más bien involucrados funcionarios anteriores a su gestión. En su defensa, Meade ha explicado las acciones para perseguir a los que fueron señalados en las auditorias, que concluyeron con diversas sanciones a un buen número de funcionarios públicos.
Por su parte, acaba de caerse del pedestal de la lucha contra la corrupción el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, quien enfrenta una tormenta perfecta por supuestos negocios con empresas fantasmas, a través de un negocio inmobiliario que se habría finiquitado con esquemas de lavado de dinero.
Dos independientes no se salvan
Del lado de los independientes, las cosas no parecen tampoco claras. Margarita Zavala trae detrás suyo una cola muy larga desde el sexenio de su esposo Felipe Calderón y lo más grave que se le puede señalar a vuela pluma es la forma en que protegió la negligencia e irresponsabilidad que llevó a la muerte de 49 niños de entre cinco meses y cinco años de edad, y que otros 106 resultaran heridos, por el incendio ocurrido en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009. No hubo justicia para los padres de las víctimas, todo parece indicar que por intervención de la entonces Primera Dama del país.
El gobernador de Nuevo León con licencia, Jaime Rodríguez El Bronco, no ha tenido una gestión impoluta al frente del gobierno neolonés, que ganó con enorme holgura como independiente, y se ha hablado mucho sobre la forma burda en que usó recursos públicos del gobierno estatal para el financiamiento de las acciones que le permitieron obtener alrededor de 2 millones de firmas para su nueva aventura. Armando Ríos Pitter, exsenador por el PRD, no aparece con escándalos de corrupción.
México sigue cayendo en percepción de corrupción
Y es que nuestro país parece seguir hundiéndose gravemente en el lodo de la corrupción. Pese a los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, y probablemente por las resistencias que ha despertado, México cayó en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana.
Según este indicador, la calificación de México empeoró por un punto, pasando de 30 a 29, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia. Esto ubica al país en la posición número 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción.
A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia, y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay. Es además, junto a Rusia, el país peor evaluado del G20 y el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
Paradójicamente, México es de los mejor calificados en materia de transparencia. Según el Índice de Transparencia Presupuestaria 2017, publicado por la International Budget Partnership, México ocupó el 6° lugar de 102 países, posicionándose como el mejor país del continente americano, incluso por encima de Canadá y Estados Unidos.
Diversos organismos nacionales e internacionales han subrayado la ausencia de instituciones independientes para investigar y sancionar los grandes casos de corrupción en México. Los datos del Índice de Corrupción se suman a la reciente Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que señaló que en México el lavado de dinero aún no es un delito que se persiga de manera proactiva y sistemática, lo cual es un riesgo de impunidad y corrupción tanto para el sector público como el privado.
Muy largo el trecho ara alcanzar posiciones de avanzada en el combate a la corrupción, un tema que es cada día más preocupante porque deriva en una disminución drástica en los niveles de desarrollo. Quien tenga las mejores propuestas para combatir este flagelo deberá enfrentar el reto de conducir al país.
