By CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exija al gobierno de Estados Unidos interrumpir la separación de niñas, niños y adolescentes migrantes de sus familias, y que adopte las medidas cautelares necesarias para protegerlos.
“Los beneficiarios de dichas medidas cautelares son las niñas, niños y adolescentes migrantes que lleguen con sus familias a la frontera sur de Estados Unidos de América y que sean separados de las mismas por autoridades de ese país”, destacó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en una iniciativa a la que se sumaron las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de los otros cuatro países.
En ese sentido, demandaron a la CIDH “que le requiera a Estados Unidos de América que: a) interrumpa la práctica de separar a los niños, niñas y adolescentes migrantes de sus familias, y b) adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos a la integridad personal, la salud, la familia y la libertad personal, en relación con los derechos de la niñez”.
De acuerdo con los ombudsman que solicitaron las medidas cautelares, resulta de particular preocupación el cambio en la política migratoria de Estados Unidos, que dejó de proteger el derecho a la unidad familiar y el interés superior de niñas, niños y adolescentes migrantes, y decidió utilizar la separación de familias como una sanción para quienes intentan migrar a dicho país.
En su solicitud a la CIDH también mencionaron que resulta especialmente peligroso que la separación de familias se tome como mecanismo para disuadir a las personas de migrar hacia ese país, enfrentándolas al peligro de ser separadas de sus hijos si lo intentan; dicha postura del gobierno estadunidense, afirmaron, es inhumana y representa “un total desprecio por los derechos de niñez y adolescencia migrantes, así como por la especial necesidad de protección que tienen”.
Expusieron que la política migratoria de Estados Unidos de separar a las niñas, niños y adolescentes migrantes de sus padres y madres, rompe el vínculo familiar existente entre ellos. Y recordaron que Estados Unidos está obligado por el Artículo VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que establece el derecho de protección a la infancia, a hacer cumplir el principio del interés superior de la niñez.
“La separación de los hijos de sus padres es contraria al interés superior por los daños emocionales que esto ocasiona a niñas, niños y adolescentes”, puntualizaron.
En el documento se pone de manifiesto que el interés superior de la niñez es uno de los principios rectores que conforman los derechos humanos de ese grupo poblacional en contexto de migración, y toma en cuenta que como personas sus integrantes tienen derechos humanos y por su condición de proceso de maduración necesitan de protección y cuidados especiales.
“Toda autoridad que tenga contacto con dicho grupo debe considerarlo prioritario al momento de tomar decisiones que los involucren, lo que redundará en su adecuada asistencia y protección integral”, destaca el texto.
Para la CNDH y las INDH, la libertad personal de las niñas, niños y adolescentes es violentada si son separados de sus familias y detenidos sin que se justifique de manera alguna.
Tales separaciones afectarán su integridad y romperán sus relaciones familiares, sin que posteriormente sea posible una reparación del daño, puesto que el deterioro en su desarrollo físico y mental podrá provocar enfermedades como ansiedad o depresión, sin que sea viable reparar dicho daño psicológico y emocional. Además, el impacto en su derecho a la unidad familiar quedará afectado sin que exista una posibilidad de repararlo, resaltaron.
La petición de medidas cautelares fue dirigida, el lunes 18, al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrāo, y está firmada por los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, Luis Raúl González Pérez; Defensoría del Pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Nefret Mosquera; Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, Augusto Jordán Rodas Andrade, y Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, así como por la encargada de la Defensoría del Pueblo de la República de Ecuador, Gina Benavides Llerena.
fuente: proceso
