By Famosa por perturbar severamente las relaciones entre el gobierno estatal y los medios de comunicación, mediante acciones perversas y represivas que contribuyeron a crear un clima de violencia institucional contra los periodistas y a destruir sistemáticamente la imagen del gobierno al que servía, Gina Domínguez Colío, coordinadora general de Comunicación Social durante los primeros cuatro años de la administración de Javier Duarte, pretende ahora ‘contribuir’ a “reconsiderar y reivindicar la relación entre el Gobierno del Estado, el periodista y las empresas”.
Y es que hay colegas reporteros que no se detienen aún si su actividad ‘informativa’ permite revivir, mediante infames entrevistas de banqueta, a cadáveres que debieran disfrutar del ostracismo de la ultratumba, aunque sus promotores los mantengan en decorados sarcófagos, como la presidencia de la Fundación Colosio del PRI, cual es el caso que nos ocupa.
Durante su funesto paso por la oficina de comunicación de Palacio de Gobierno, la ahora ‘dirigente’ priista cinceló con denuedo y espíritu de misionero uno de los más negros periodos de represión, espionaje, chantaje, ninguneo y campañas de desprestigio contra medios y periodistas, que permitieron –y en esto nadie ha reparado– que los comunicadores ingresáramos en un umbral de la más grave vulnerabilidad, no solo en nuestra seguridad laboral y en el desarrollo de nuestras habilidades y capacidades periodísticas sino, lo que es más terrible, en nuestra seguridad personal y familiar.
Pero ¿qué dice la santa señora en la nota publicada la semana pasada en el portal Al Calor Político?: “Quienes se han dedicado al periodismo por mucho tiempo saben de la vulnerabilidad que viven los periodistas diariamente, no solamente a nivel de riesgo de su integridad, que hoy es un agregado, sino de la vulnerabilidad laboral”.
Apenas hay que recordar que hubo muchos señalamientos de reporteros y fotógrafos, incluso de conductores de radio y televisión, en el sentido de que a la divulgación de un comentario crítico contra el gobierno seguía una llamada de la ‘madame’ exigiendo su inmediato despido, so pena de cancelar la contratación de cualquier espacio publicitario en el medio que tuviera en nómina al periodista beligerante.
Los ejemplos sobran. Su mano de hierro cayó irremediablemente sobre los periodistas que no llevaran sobre su pecho la cruz duartista y muchos tuvieron que emigrar porque eran boletinados y ya nadie quería hacerse de sus servicios. Por supuesto, los empresarios mediáticos tuvieron su parte en este clima de hostigamiento, acostumbrados como estaban a lamer la mano que les daba de comer.
La violencia desatada
Gracias a los maléficos oficios de doña Gina, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa no pudo reaccionar adecuadamente para detener la escalada de violencia que, hasta el momento, ha cobrado la vida de más de 12 periodistas (si sumamos la de aquellos cuyos cadáveres fueron encontrados fuera de nuestro territorio), y que mantiene en la opinión pública nacional e internacional casi la certidumbre de una presunta participación o complicidad del gobierno estatal en los hechos.
¿Qué hizo, desde los primeros homicidios de periodistas, la ambiciosa y marrullera ex vocera de Duarte? En lugar de encabezar una coadyuvancia así fuera discreta que pujara por esclarecer lo más pronto posible los hechos, permitiendo al gobernador veracruzano una actitud de estadista preocupado por los comunicadores locales, armó rápidamente expedientes para victimizar a los caídos, atribuyéndoles (sin contar con una investigación ministerial que así lo concluyera) nexos con las bandas criminales, evitando la posibilidad de que una de las hipótesis de sus homicidios fuera su trabajo como periodistas.
Con ello, intentó que el gobierno estatal buscara zafarse inmediatamente del problema, de aislar el tema social de lo meramente policiaco, de reducir el entramado a un ajuste de cuentas y de condenar a la impunidad delitos que han lastimado profundamente a los veracruzanos, y no solo a quienes formamos parte del gremio.
¿Qué papel en el drama trata de protagonizar la enfermiza Gina Domínguez Colío, hoy convertida en una floreciente empresaria de medios, luego de que siempre había sido una simple reportera?
En la nota que a más de uno le parece a modo, la exvocera de Duarte pontifica:
“Es una relación tan compleja [que] los que tenemos muchos años en este tipo de medios hoy deberíamos hacer un alto en el camino y un punto de reflexión. No se trata de limpiar imágenes, sino de saber en qué punto está la relación prensa-gobierno, en qué punto hay que reconsiderar cosas y relaciones, porque si bien es cierto que las instituciones tienen que responder y resolver los temas como el caso Narvarte y los que han sucedido aquí en Veracruz, también tenemos que analizar cuál es la circunstancia del periodismo en Veracruz”.
Mucho nos ayudaría que nos dijera en qué punto dejó ella la relación entre el gobierno estatal y la prensa veracruzana, con qué saldos contribuyó para el estancamiento del periodismo estatal, cómo abogó mediante chantajes, intimidaciones y actos de espionaje a que muchos periodistas veracruzanos hubieran preferido migrar a otros sitios o dedicarse a otras actividades profesionales. ¿O es que ahora le preocupa la relación con el gobierno estatal porque ya es empresaria mediática y quiere beneficiarse de sus todavía relucientes influencias con el gobernador Javier Duarte de Ochoa, a quien perjudicó gravemente pero que ni se ha dado cuenta de ello a estas alturas?
Por mí, que Gina Domínguez Colío y sus estúpidas reflexiones se vayan al demonio.
Respuesta de Junta de Gobierno, ¿tardía?
Este domingo 27, a varios días de que se celebrara el Consejo Universitario General en que la rectora Sara Ladrón de Guevara lanzara un grito de alerta por el retraso en la transferencia de recursos tanto del subsidio federal como estatal por parte del Gobierno del Estado, la Junta de Gobierno ha publicado en la revista Proceso un desplegado dirigido al gobernador Javier Duarte de Ochoa en que se refiere al tema y en que lo solicita “resarcir a la Universidad Veracruzana del adeudo pendiente, mediante una calendarización de las transferencias requeridas”.
Ya hemos comentado en ocasiones anteriores cómo se estaba dejando sola a la Rectora en su batalla por los dineros que no se han entregado a la UV. Ni los dirigentes sindicales como el de Fesapauv, Enrique Levet Gorozpe, ni de organismos estudiantiles u organismos profesionales, se habían unido a la demanda de su autoridad. Ahora ha respondido la Junta de Gobierno que, dado su carácter y naturaleza, difícilmente puede dar una respuesta rápida y oportuna.
En el desplegado publicado señala que, para su óptimo desempeño, la UV “requiere de recursos económicos adecuados, los cuales, como lo establece la normatividad y las instancias legales, provienen tanto del Gobierno del Estado de Veracruz, como del Gobierno Federal”. Y añade en su petición pública:
“Como consta en los informes de las auditorías externas e internas de la Institución, desde 2008, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado adeuda a la Universidad Veracruzana cuantiosos fondos de los subsidios federal y estatal, adeudo que crece de manera alarmante. Dos años atrás, al inicio del actual Rectorado, los subsidios pendientes de transferir a la Universidad Veracruzana eran poco menos de 900 millones de pesos; hoy, rebasan los dos mil millones, 400 correspondientes a subsidios federales recibidos por el Gobierno del Estado pero no transferidos a la Universidad”.
Los miembros de la Junta de Gobierno señalan que ello ha llevado a la UV a aplicar políticas de racionalidad, pese a las cuales “se han limitado significativamente el crecimiento de la matrícula, la diversificación de programas educativos, la consolidación de la investigación, la creación y recreación artística y deportiva, el mantenimiento y renovación de la infraestructura física y el equipamiento de laboratorios y talleres, llegando, incluso a no pagar oportunamente los salarios del personal universitario”.
¿Cuál será el siguiente capítulo de esta novela de enredos?
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