By Mientras el gobernador Cuitláhuac García ha buscado desmarcarse del evidente conflicto que existe entre su gobierno y el pegoste de Yunes, Jorge Winckler Ortiz, todavía Fiscal General del Estado, por otro lado se ha recrudecido el enfrentamiento entre el abogado y el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien mantiene su postura de que se hará todo lo legalmente posible para que el empleado del exgobernador Yunes esté muy pronto de patitas en la calle.
Winckler sabe que libra lo que podría ser su última batalla por mantener como cabeza de playa del yunismo el edificio de la FGE en Arco Sur e, incluso, evitar su reclusión en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec.
Luego de la aprobación el jueves pasado de la reforma al artículo 33 constitucional, que otorga al Congreso local la facultad no solo de nombrar sino también de revocar el nombramiento del Fiscal General, Jorge Winckler solicitó de inmediato la protección de la justicia federal.
Ya veremos cómo le va, porque justo al día siguiente, el viernes 7, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una tesis según la cual es improcedente el juicio de amparo contra resoluciones de las legislaturas locales dictadas soberana o discrecionalmente para la elección de funcionarios, al señalar que dichas decisiones no transgreden el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por cierto, en torno a la aprobación de la reforma debo aclarar que, contra lo que afirmé en mi anterior entrega de Hora Libre, cuando afirmé que dos diputadas panistas votaron a favor de la denominada Ley Winckler, erróneamente escribí que, a la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, se había sumado la diputada plurinominal Elizabeth Cervantes de la Cruz, a quien le pedimos una disculpa. En realidad fue la diputada María Graciela Hernández Íñiguez, hija del alcalde de Misantla, Othón Hernández Candanedo, quien se sumó a la propuesta de que el Congreso pueda revocar el nombramiento del Fiscal General.
Pero siguiendo con el tema. Lo grave es que este personaje turbio de las cloacas porteñas, oriundo de Oaxaca, implicado en diversos juicios encaminados a adueñarse de terrenos para sus millonarios clientes, no ha cejado en torpedear mediáticamente a Eric Cisneros. La última ha sido acusarlo a él, y al gobierno de Cuitláhuac, de haber perdonado a quienes se posesionaron casi por un mes del palacio municipal de Santiago Tuxtla, para mostrar su oposición a que panistas y perredistas de la anterior Legislatura decretaran la creación del municipio 113 con cabecera en Tres Zapotes, el feudo de la perredista Yazmín Copete Zapot.
La respuesta de Cisneros
Al referirse a esta toma de palacio en Santiago Tuxtla, el secretario de Gobierno aclaró que esa dependencia participó en las mesas de atención para dar solución a dicho conflicto, desde su nivel de facultades y atribuciones, tal como lo instruyó el titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Y añadió que los insidiosos señalamientos del Fiscal Jorge Winckler Ortiz en torno a supuestos actos de perdón por parte de la Segob, son totalmente infundados, ya que ahora en Veracruz se respeta la ley.
“Estamos superando lo que antes ocurría, cuando fiscales negociaban la libertad de ladrones de cuello blanco”, dijo Cisneros Burgos; además, reiteró que en la presente administración estatal no se permitirán actos de corrupción al interior de las instituciones.
Su mensaje fue duro: desde el 1 de diciembre, se acabaron los acuerdos en lo oscurito. Estamos superando lo que antes ocurría cuando fiscales negociaban la libertad de ladrones de cuello blanco.
Para no dejar perdido el hilo, añadió: “El caso del fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, lo denunciamos de manera pública: negoció la liberación de ex funcionarios acusados de desviar dinero público. Lo he dicho de frente a la gente: él es el verdadero líder de la delincuencia política, y eso no lo vamos a permitir más. Por eso es que ahora presiona y acusa sin argumentos. Asegura que un servidor perdona a quienes toman palacios municipales”.
Y explicó: “En el caso de la toma del palacio municipal de Santiago Tuxtla, la Secretaría de Gobierno, en representación del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez —desde su nivel de facultades y atribuciones— participó en las mesas de atención del conflicto sin conceder perdón a los responsables, como señala el abogado Winckler, quien sí concede perdón y gracia a los aliados de sus patrones. Que no se equivoque el señor fiscal: Veracruz ya no es el mismo de hace unos días. ¡Ahora, se respeta la ley!”.
Esperemos que pronto pueda darse el cambio en la Fiscalía General, cuyo titular hoy está más empeñado en generar conflictos que en la impartición de justicia.
Las benditas redes sociales
“Ampliar el número de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa no va a disminuir los delitos, pero sí va a aumentar el número de pobres arrojados a la cárcel sin mayores pruebas”. Alejandro Hope @ahope71
El PRI, ni para punto de referencia
Américo Zúñiga Martínez sigue arrastrando la cobija de la presidencia estatal del PRI, a cinco meses de una de las más apabullantes derrotas que partido opositor alguno le hubiera propinado en las urnas, y no parece que vaya a recuperarse.
Tanto él como los escasísimos representantes populares que el PRI llevó al Congreso de la Unión, cada que abren la boca son tundidos inmisericordemente en las redes sociales, mientras parte de su antigua militancia se enfila a formar de sus despojos partidos estatales como el proyecto de Podemos y el de Vía Veracruzana, que la semana pasada hicieron público su interés en buscar su registro como tales.
Nada más declarar que el PRI no dará línea a sus diputados locales en torno a los juicios políticos contra el fiscal Jorge Winckler Ortiz, la respetable audiencia le recetó frases memorables, como que lo único que da Américo es lástima y que con tres diputados, aunque dé cualquier línea no va a servir de mucho peso en las deliberaciones y, menos, en las votaciones.
En el Puerto de Veracruz, en efecto, quien ya vive días de más en la dirigencia estatal priista dijo que los juicios políticos contra el fiscal Jorge Winckler Ortiz deben ser analizados para no caer en una irregularidad, y añadió que por ello no darán una “línea” a los diputados locales del PRI para que voten ese tema en el Congreso del Estado.
“Los diputados priistas, y en particular su coordinadora, la diputada Éricka Ayala, actúan con plena responsabilidad y libertad, tenemos una gran coordinación y una extraordinaria línea de comunicación abierta y fluida con ellos, lo que no tenemos es una instrucción desde el partido hacia nuestros legisladores ni a nivel federal en la cuestión de los diputados que representan a Veracruz en el congreso, ni en el congreso local”, dijo el xalapeño.
Américo Zúñiga aprovechó para indicar que es necesario iniciar el proceso de renovación de la dirigencia de su partido en el estado, que culminará el próximo año, y reconoció que su periodo al frente del PRI no está vencido, ya que cuando fue designado presidente del CDE, no hubo una fecha determinada de conclusión.
Ya debe urgirle salir del puesto, porque al parecer ya no hay más lana de que pueda disponer para disfrutar de la vida, como lo hizo en el pasado proceso electoral donde a cambio de tan pingües ganancias, hizo muy poco para que ganara su candidato a gobernador, Pepe Yunes. Ha de decir que en este periodo, solo vergüenzas y mentadas maternas gana.
Despidos en gobierno de Cuitláhuac
Hace dos años, una de las principales causas de molestia social en Xalapa fue el grosero e ilegal despido de cientos (algunos dicen que miles) de empleados públicos que laboraban en la estructura gubernamental, por órdenes de Miguel Ángel Yunes Linares, quien justificó la medida con el sambenito de que hacía falta disminuir el déficit presupuestal y, también, porque eran legados del exgobernador Javier Duarte. A todos se les endilgó la etiqueta de aviadores, cuando no de improvisados y faltos de capacidad para aportar al estado.
En realidad, detrás de esos trabajadores, muchos de los cuales por cierto le dieron su voto a Yunes porque querían un cambio y habían sido testigos de la enorme corrupción que campeaba en sus dependencias, vinieron las huestes de Chiquiyunes, quienes no solo coparon los espacios arrancados contra toda justicia laboral sino que nos salieron más caros.
Un año después, el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, hacía lo mismo y con similares métodos: violencia laboral, cero análisis de los perfiles de quienes fueron arrancados de la nómina sin que se les diera oportunidad de exponer su experiencia. De nueva cuenta, sus lugares no fueron desaparecidos para disminuir el gasto corriente: fueron ocupados por seguidores de Morena.
Hoy, la estructura gubernamental está sufriendo un nuevo tsunami; las víctimas siguen siendo los empleados públicos, muchos de los cuales, como en 2016, votaron por el cambio, ahora en favor de Morena.
Es cierto que persisten los aviadores, quienes se mantuvieron con Yunes, pese a ser unas verdaderas rémoras que se han adherido al tiburón en turno desde Fidel o Duarte, pasando por Miguel Ángel, y que hoy quieren hacerlo con el escualo morenista. Ojalá que en esos casos la guillotina caiga sin piedad. Pero su supervivencia en la nómina muestra la enorme injusticia que se ha cometido contra quienes no han tenido un lazo, una influencia, una forma de mantener la piel burocrática.
Para colmo, como sucedió en el caso de Jorge Alberto Moctezuma Pineda, quien como administrador de CMAS corrió groseramente a una trabajadora municipal en enero pasado y se hizo un escándalo mayúsculo por la grabación de su altanera perorata, hoy se filtran quejas contra Hugo Luis Martínez Bouzas, subdirector administrativo del Instituto de Espacios Educativos, dependiente de la SEV, quien de manera prepotente está despidiendo a un primer grupo de 40 personas, según ha dicho, lista que se engrosará en los próximos dos años.
Uno pensaría que, en aras de sanear la nómina, se deba prescindir de los servicios de varios trabajadores; sin embargo, lo que uno esperaría de un gobierno de izquierda es que al menos se respeten los derechos laborales y se otorguen las liquidaciones contempladas en la Ley Federal del Trabajo, en su apartado B, y no que se argumente falta de recursos para evadir esa responsabilidad.
El problema es que para evitar debates con el personal, Martínez Bouzas está actuando igual que su colega municipal traído de la Ciudad de México y quien ya no está prestando sus servicios en el ayuntamiento. En efecto, ha llegado muy agresivo, gritándole a los trabajadores, amenazándolos, violentándolos, tal vez porque no tiene argumentos jurídicos para fundar sus acciones.
Faltaría saber si, como dice Martínez Bouzas, esa ha sido la instrucción que le dio el ingeniero Ricardo García Jiménez (quien, por cierto, no tiene parentesco con el gobernador, pese a tener los mismos apellidos), director de la dependencia, o está interpretando mal una política instrumentada por el gobernador Cuitlpahuac García Jiménez.
De todas maneras, pobre Xalapa; de depender principalmente del sector de servicios y, sobre todo, de la burocracia estatal, municipal y universitaria, cientos de familias están pasando de un momento a otro al desempleo, hundiendo cada vez más la economía de la capital veracruzana.
