By Ya sabemos la razón por la que este martes, la diputada panista Marijose Gamboa, empleada de Miguel Ángel Yunes Linares y ariete del fiscal Jorge Winckler, pidió en el pleno legislativo la comparecencia de los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Eric Patrocinio Cisneros Burgos y Hugo Gutiérrez Maldonado, dizque para explicar las acciones que se realizan para abatir la violencia criminal, algo que nunca pidió al exgobernador (cuando la violencia tuvo sus cotas más altas), además de también convocar como invitado de lujo al convivio a su amigo del alma, Jorge Winckler, Fiscal General.
La jugada era muy clara cuando en la propuesta de punto de acuerdo pide a los dos primeros que informen la estrategia y plan de trabajo en materia de seguridad, mientras al segundo quiere ponerle la mesa servida para que se explaye en su supuesto trabajo de investigación en el actual gobierno, así como el número de carpetas concluidas y cuántas se han llevado ante el juez de control. Y todo ello, para que sobre los datos duros y objetivos, mas no políticos, según quiso esconder la maldad, sea posible emitir una opinión.
Y es que Yunes Linares tiene todo monitoreado y sabía que el mismo día, aunque en la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Maldonado, interponía en la Fiscalía General de la República (FGR), ante la inutilidad de la FGJ de Veracruz, una denuncia penal por irregularidades en el Sistema Estatal de Videovigilancia instalado justamente en la administración que presidió Miguel Ángel, donde se reportó una inversión total de mil 100 millones de pesos, bajo contrato suscrito con la empresa COMTELSAT.
Los hilos de las marionetas tanto en la Fiscalía local como en el Congreso jarocho son manejados con maestría por el tenebroso demonio azul, quien según todo mundo señala se llevó el equipo de espionaje de cuando gobernó para golpetear persistentemente a un gobierno que, por cierto, peca de novatez e inmadurez para responderle.
Luego entonces, el anteproyecto de punto de acuerdo presentado por Marijose Gamboa, un acto de ciega obediencia a quien le debe su carrera política y su libertad (y que fue turnado a la Junta de Coordinación Política, de donde podría no regresar al pleno), tenía la intención de amedrentar a los dos protagonistas de la primera denuncia penal presentada ante la instancia federal de justicia y de tender una cortina de humo que permitiera esconder la gran estafa armada por los panistas en contra del erario federal, una de tantas, con el tea de la videovigilancia.
Las benditas redes sociales
“Etapa 1: Va a bajar la gasolina.
Etapa 2: No va a bajar, pero tampoco va a subir.
Etapa 3: Sí va a subir, pero no en términos reales, solo igual que la inflación.
Etapa 4: Subió más que la inflación, pero es culpa de las gasolineras.” Luis Ramírez @ramirezmmx
Con Winckler, justicia para los suyos
Ya sabemos cómo le fue al secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, cuando acudió a la Fiscalía General de Justicia a presentar la denuncia contra sus antecesores en la SEV por disponer de forma cínica de las plazas magisteriales para llevarse millones.
En el mismo acto, un policía ministerial le entregó un citatorio para que se presentara a declarar por una denuncia presentada justamente por la medrada diputación panista por haber bloqueado, junto a otros diputados de Morena en la anterior legislatura, el edificio del Congreso, y evitar con ello los últimos coletazos del yunismo para disponer de bienes estatales y entregarlos a los alcaldes panistas de Veracruz (su hijo) y de Boca del Río, además de llevar adelante la designación de magistrados a modo.
El 30 de octubre pasado, en efecto, el presidente de la Jucopo, Sergio Hernández Hernández, junto a los demás diputados locales panistas, entre ellos la propia Marijose, denunció penalmente a los diputados en funciones así como a los electos de Morena por el delito de sedición por haber “secuestrado” el edificio de la calle de Encanto, un delito contemplado –según ellos– en el artículo 309 del Código Penal, castigado con prisión de dos meses a seis años, una multa de hasta 80 días de salario mínimo y suspensión en sus derechos políticos.
Por cierto, un delito por el que debió ser denunciado Miguel Ángel Yunes Márquez, entonces alcalde de Boca del Río, quien junto a otros de la recua y el propio dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, a la postre candidato presidencial, tomó el Palacio de Gobierno en octubre de 2016 y, luego, la Casa Veracruz, impidiendo el trabajo del entonces gobernador sustituto Flavino Ríos Alvarado.
¿Cómo se puede pensar que habrá justicia en Veracruz cuando el Fiscal General fue dejado en el puesto y defendido por los diputados panistas, perredistas e, incluso, diputados traidores que llegaron al puesto gracias a Morena, para proteger a la pandilla que en dos años dejó una grave estela de corrupción en Veracruz?
La denuncia presentada ante la FGR
El titular de la SSP, Hugo Maldonado, quien fue acompañado en el acto por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, puso el ejemplo de dónde deben tramitarse las denuncias en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y sus corruptos funcionarios, cuando en Xalapa cuentan estos con sus feroces defensores, encabezados por Jorge Winckler Ortiz.
Solo falta ver el desempeño de la dependencia, a cargo de Alejandro Gertz Manero, y si el jefe nacional, Andrés Manuel López Obrador va dejarlo operar, cuando ha dicho que su política será de borrón y cuenta nueva, de no barrer para atrás, de dejar ir a los corruptos aunque haya evidencias absolutas de que medraron con los recursos públicos.
Y es que en el asunto de las cámaras de videovigilancia, que sospechosamente solo en la conurbación Veracruz-Boca del Río tienen un desempeño regular, la cosa está que arde.
Según el comunicado emitido este martes, las irregularidades encontradas incluyen el funcionamiento de únicamente el 28 por ciento de las 6 mil 324 cámaras, equivalente a mil 695, mismas que operan con deficiencias. De los dispositivos instalados, el 72 por ciento no funciona, es decir, hay un total de 4 mil 354 cámaras sin operar.
Por citar un ejemplo, en la región de Xalapa solo son útiles 339 de los mil 228 dispositivos, lo que deja fuera de combate 879 cámaras instaladas; en cambio, en la región de Veracruz, de las mil 631 cámaras instaladas, están activas mil 196 y las restantes 435 son inoperantes.
En ciudades que acusan niveles de inseguridad alarmantes, como Poza Rica, de las mil 120 cámaras sólo funcionan 10, mientras que en Fortín, ni una sola de las 676 cámaras instaladas funciona.
La denuncia de hechos contra quien resulte responsable fue recibida por el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la FGR, Alberto Antonio Valle Gay.
