By Suenan extrañas las declaraciones del diputado moches, el panista Juan Manuel de Unanue Abascal, expresando su preocupación por el recorte al presupuesto de los organismos que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción.
Independientemente de que el hecho puede ser preocupante y vaya en la tendencia del gobierno federal de no fortalecer estas instancias bajo el argumento de que los nuevos funcionarios ya no son corruptos (lo cual está por verse), lo cierto es que la trayectoria de este personaje, quien se reeligió como diputado local representando a uno de los distritos del Puerto de Veracruz, no da para creerle mucho en su preocupación por la limpieza y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
En la pasada Legislatura, cuando el PAN lo dominaba todo en el Congreso, Unanue Abascal presidió la Comisión de Vigilancia junto con sus compinches. Cuando llegaron las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) a la cuenta pública de 2017, el primer año del bienio yunista, al Congreso y fueron canalizadas a la comisión presidida por Unanue, el equipo blanquiazul hizo un acto de magia: borró de un plumazo, sin tener facultades para ello, los 327 millones de pesos que estaban observados por Orfis, es decir, catalogados como fuente de posible quebranto financiero.
Ahora de nueva cuenta está en análisis dicho informe y se espera que pronto lleguen las observaciones del Orfis al ejercicio presupuestal de 2018, justo el año electoral en que el presupuesto público fue convertido por Miguel Ángel Yunes Linares en la caja chica (y chueca) de la campaña electoral de su hijo a la gubernatura. Por fortuna, ya no están Unanue y su banda de cómplices.
La cuenta pública de 2017 ha sido encargada al diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente de la Comisión de Vigilancia, para dar el seguimiento al tema, pues hay indicios de que la comisión anterior (con mayoría panista) hizo acciones que no les corresponde
Ahora, Juan Manuel Unanue Abascal señala absolutamente inquieto y preocupado que la medida administrativa no es positiva, pues lo que se debe impulsar es fortalecer el sistema para poder prevenir, combatir y erradicar la corrupción de la administración pública, algo que no le preocupó en lo más mínimo cuando tuvo en sus manos la posibilidad de sancionar las corruptelas de sus correligionarios, y la suya propia en el Congreso.
Según la nota informativa, el ansioso legislador panista dijo que con el recorte al presupuesto se puede debilitar toda la estructura que se integró con el objetivo de prevenir actos de corrupción. “De una u otra manera van a depender del Gobierno del Estado y de lo que les va a dar la Secretaría de Finanzas y Planeación, y obviamente a todos los organismos que les suceda esto, tanto a nivel estatal como federal, van a depender siempre de papá gobierno”.
Y en esto último sí que tiene experiencia: en los dos años en que compartió el poder desde el Congreso con su aún jefe Yunes Linares, Unanue fue absolutamente omiso ante la necesidad de vigilarle las manos a los funcionarios de su propio partido en el poder; no solo eso, se le acusa de haber pedido moches a los alcaldes señalados con supuestas irregularidades en la cuenta pública de 2017 para borrar toda huella que les pudiera resultar en investigaciones ministeriales.
Varios alcaldes lo denunciaron, otros cayeron en el garlito y le dieron lana, y algunos lo mandaron a comer burro porque prácticamente ya habían aclarado las observaciones. Ah, pues este corrupto, ahora se escandaliza porque le han bajado el presupuesto a varios entes del Sistema Estatal Anticorrupción, entre ellos a su cuate, el cómplice de Jorge Winckler Ortiz en las marranadas hechas durante el gobierno yunista, el Fiscal “Anticorrupción”, Marcos Even Torres Zamudio.
Las benditas redes sociales
“Acabo de leer el Memorándum recién emitido por el Presidente. Carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Fácilmente impugnable jurídicamente”. José Ramón Cossío D. [Ministro en retiro] @JRCossio
Periodismo en Veracruz, en una grave crisis
Recién pasada la elección para la gubernatura de Veracruz en 2016, Miguel Ángel Yunes se comprometió a que nunca más habría un peso del erario para exaltar la imagen de los servidores públicos de su administración.
En el impasse entre el triunfo electoral y su toma de protesta regó ante la opinión pública que el pillo Javier Duarte había utilizado más de 8 mil millones de pesos para la promoción de su gobierno.
Ya como gobernador constitucional, a los periodistas que lo criticaron les dijo de todo, que si la prensa “a modo”, que si “las plumas distractoras”, que si algunos comunicadores deseaban que le fuera mal a Veracruz. Con todo eso, la crítica al mandatario nunca se detuvo.
En junio del año pasado, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) hizo público su Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, en el que —entre otras cosas graves— detectó que la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno de Yunes realizó pagos irregulares a la red social Facebook.
De hecho, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) detectó en comunicación social un gasto 262 por ciento mayor al aprobado, pese a que en su permanente pleito ranchero con la prensa había reiterado que no gastaría un quinto en convenios publicitarios, lo que hace suponer que en pago de campañas en redes sociales e Internet (tanto de su gobierno como de su candidato a gobernador y de su partido), así como en publicaciones en medios nacionales, se fue de la mano.
Nada ha cambiado. El gobierno panista mantuvo durante los dos años en el poder las mismas prácticas que en el pasado en términos de opinión pública. De hecho, hasta reutilizó (y sigue valiéndose de ellos) a periodistas que antes exhibió por sus jugosos moches en las dependencias de Duarte.
Recordarán el caso de la señora Claudia Guerrero, a quien en los años previos a la campaña la acusaron de recibir recursos de la Secretaría de Seguridad Pública que entonces dirigía Arturo Bermúdez Zurita. Un día sí, y al otro también, filtraban facturas a opinadores y medios de comunicación, en las que se comprobaba la transferencia de recursos del estado, que a veces superaban el millón de pesos, a sus cuentas bancarias.
Como en el gobierno de Duarte, en el de Yunes, ante la menor crítica, algunos periodistas también dieron muestras de parcialidad. Lo más grave es que muchos de ellos se mantienen en las nóminas, ya no del gobierno del estado, sino de ayuntamientos como los de Veracruz y Boca del Río, y hay quienes afirman que la nómina de la Fiscalía General del Estado tiene chispazos de extraordinaria generosidad para periodistas untuosos que son capaces de armar escándalos sobre supuestos atentados o amenazas que solo anidan en las mentes febriles de quienes los manipulan.
Cuando algún funcionario estatal pone, por ejemplo, en duda la efectividad de Jorge Winckler, salen sus defensores a sueldo de sus madrigueras. Tiene la desgracia el yunismo blanquiazul de haberse agenciado los servicios de “opinadores” desprestigiados y otros que ni en sus casas les obsequian con la flor de su lectura.
Para los periodistas veracruzanos, sacudir la memoria debería llevarnos a discutir cómo debemos reencausar el oficio. Al gobierno de Cuitláhuac García le toca garantizar la libre manifestación de las ideas de todos, sea o no de periodistas, pero es desde el propio gremio en donde debemos encontrar equilibrios para que no nos ocurra como esos casos en los que, por un lado presumimos ética y buena conducta, y por el otro somos serviles a un funcionario intolerante a la crítica con argumentos.
Y cuando hablo de crisis no solo me refiero a la financiera, que sigue cobrando víctimas, sino a la de confianza. Hoy tal vez no enfrentemos amenazas desde el poder, pero ya se fortalece el linchamiento social con solo esgrimir un argumento contrario al de los nuevos tlatoanis.
Las benditas redes sociales 2
“Baia baia. Dice @lopezobrador_ que lo malinterpretamos ayer, que nunca quiso amenazar a la prensa. Y minutos después recomendó que no hagamos el ridículo y que no hay cabida para rebeldes sin causa. Así las ¿disculpas? ¿aclaraciones? En la #ConferenciaPresidente”. Ruido en la Red @RuidoEnLaRed
¿Y qué fue de la desconcentración del gobierno federal?
El año pasado creíamos que pronto veríamos por Xalapa, dialogando con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a la ingeniera ambiental Blanca Elena Jiménez Cisneros quien ocupa la dirección general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Como todos sabemos, como parte del proceso de descentralización anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su campaña, en Veracruz (y particularmente en la región de Xalapa) se reubicarían las oficinas de la Conagua, y el gobernador García Jiménez habló en su momento del municipio de Emiliano Zapata, colindante con Xalapa, para asentar las nuevas oficinas.
No sabemos cuántos serán los trabajadores que junto con sus familias tendrían que emigrar a nuestra región, aunque el presupuesto no es menor. En 2016 rondaba los 40 mil millones de pesos, si bien la administración peñista le recortó el 38 por ciento, quitándole recursos cercanos a los 15 mil millones para el ejercicio de 2017.
¿Quién es Blanca Elena Jiménez Cisneros? Es ingeniera ambiental con estudios de posgrado en Francia y perito del Colegio de Ingenieros Ambientales; tiene 35 años de experiencia en el tema del agua, especializada en la protección y remediación de la calidad del líquido, así como en su uso eficiente y con equidad social.
Estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y, posteriormente, ingresó al Instituto de Ingeniera de la UNAM. Ha sido vicepresidenta y presidenta de la Academia Mexicana de Ciencia en el periodo 2011-2012, así como presidenta de la Asociación Internacional del Agua-México en el mismo periodo y presidenta del Colegio de Ingenieros Ambientales de 1999 al 2000, entre otros cargos.
Jiménez Cisneros ha colaborado en auditorías ambientales, además de que, junto con un grupo de expertos internacionales, realizó los criterios de reúso de agua para la industria alimentaria, entre otras acciones destacadas.
¿Será que ya no tendrá que contratar el camión de la mudanza?
