By Por Luis Manuel Toto Pólito
San Andrés Tuxtla, Ver. –En medio de la revisión de la cuenta pública 2018 para los 212 ayuntamientos y entes fiscalizables de todo Veracruz, San Andrés Tuxtla se encuentra como uno de los municipios con más cantidad de insolvencias detectadas, y enfrenta serias variaciones en los estados de posición financiera y parte técnica, por lo que tendrá una atención especial a partir de los meses subsecuentes, así lo manifestó en entrevista el diputado presidente de la comisión de vigilancia del congreso del estado, Erick Domínguez Vázquez.
“Estamos en la etapa de validación de observaciones, ya se le envío un primer paquete y están en la etapa de solventación, hay que dejar claro que los resultados son preliminares, no son definitivos, y los ayuntamientos tienen derecho a la solventación de las irregularidades que se les han determinado”.
Sin embargo, el legislador subrayó que han sido sorpresivos los resultados que han tenido los municipios de Pajapan, San Andres Tuxtla, y Atoyac, en donde se “tendrán los ojos más puestos que nunca”, para “ver bien los resultados” finales de la cuenta pública 2018.
Ayer, el legislador manifestó que existen serias variaciones, y en el caso de San Andrés Tuxtla, se refiere a sus estados de posición financiera, a la cuenta pública en materia técnica, obra pública, y estas variaciones no concuerdan con los resultados que debieron tener, estas son las irregularidades que han asumido y no han podido solventar al cien por ciento.
El presidente de la comisión de vigilancia añadió que hubo una inversión desproporcional en lo que corresponde a obras y acciones en el 2018, y además no se ha podido comprobar si efectivamente las obras que se han manifestado en papel se han materializado físicamente, por esto se realizarán revisiones físicas de las obras que han declarado como concluidas, y revisar si se han hecho o elaborado porque hoy por hoy el Órgano de Fiscalización no se va dejar llevar por la declaración documental.
Los resultados preliminares arrojan que el presupuesto asignado no está siendo compatible con su cuenta pública y los resultados que debieron haber obtenido.
Adelantó que de no solventarse las irregularidades que se están pidiendo de manera formal, se verificará físicamente si se han realizado las obras, y el ayuntamiento mantiene un plazo de tres meses para resolver su situación a partir de este mes de julio.
Posteriormente, de llegarse a comprobar esta variación y el ayuntamiento no logra aclarar las irregularidades preliminares qué se están determinando en el ORFIS, en su momento se le determinaría un probable daño patrimonial.
Añadió que el congreso tratará de transparentar todos los actos o actividades que realicen los entes fiscalizables del estado, y por supuesto que se verificará a fondo la cuenta pública de los ayuntamientos.
