By A pesar de ser el tercer estado con más población, ejercer uno de los presupuestos más grandes y recibir hasta 2014 uno de los mayores flujos de participaciones federales, además de otros recursos asignados por programas especiales, como el de seguridad pública, Veracruz no figura sino hasta el séptimo puesto por el número de funcionarios que en 2013 fueron objeto de sanciones por incurrir en infracciones, negligencias y delitos cometidos durante la labor pública.
La pregunta que salta es: ¿los funcionarios públicos de los niveles estatal y municipal de nuestro estado son de un dechado de virtudes tal que difícilmente incurren en actos de corrupción… o se ha desplegado un complicado y meticuloso mecanismo de protección de quienes se han enriquecido del erario o han desviado partidas para actividades no contempladas por los organismos de origen?
Ante el escandaloso despilfarro que caracterizó al gobierno de Fidel Herrera Beltrán, cuando incluso los recursos destinados a remediar los efectos negativos de los fenómenos meteorológicos desaparecieron (dejando sin materia los proyectos de reconstrucción de puentes y caminos que debían ser financiados al alimón por los gobiernos estatal y federal), no hubo absolutamente ningún funcionario de regular tamaño que fuera tocado siquiera por el pétalo de la sospecha.
Para aparentar que en su gestión actuaría con mano de hierro contra la corrupción, en un momento en que las finanzas públicas estaban en bancarrota, el gobernador Javier Duarte de Ochoa ordenó en sus primeros meses de gobierno arremeter con furia contra alcaldes de microscópicos municipios, a muchos de los cuales encarceló, mostrando sus cabezas en los medios informativos, en un acto meramente teatral que operó como cortina de humo para esconder a los grandes defraudadores, muchos de los cuales fueron contratados como funcionarios por su gobierno.
Desde aquellos meses de 2011, cuando la economía veracruzana se detuvo y retrocedió –culpa de un gobierno enormemente endeudado y sin capacidad para pagar sus facturas–, obras faraónicas como el túnel sumergido del río Coatzacoalcos y decenas de puentes numerados por Fidel aún sin concluir, arrojaron cifras negativas que mostraban un desaseado manejo de los recursos públicos.
Junto con los alcaldes que fueron llevados a Pacho Viejo, varios funcionarios involucrados en el área de Comunicaciones fueron señalados por la desaparición de recursos etiquetados para caminos y puentes destruidos, que nunca recibieron siquiera una camionada de grava, y hoy los vemos como diputados o funcionarios sin que se hubiera hecho nada en su contra.
Los sucesivos análisis de las cuentas públicas han mostrado cifras estratosféricas que pudieron haber implicado daño patrimonial por posibles desvíos de recursos estatales y municipales, sin que finalmente hubiera ocurrido una acción firme que sustentara juicios contra los posibles responsables. Tanto el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) como la Secretaría de Función Pública (SFP) del gobierno federal han terminado por aceptar como no punibles los actos que originalmente escandalizaron a los propios diputados locales, luego de la magia de quienes justificaron lo injustificable.
Solo 503 funcionarios infraccionados
Tal vez por eso, el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el apartado sobre Anticorrupción, coloque en los primeros sitios al Estado de México, el Distrito Federal, Jalisco y Oaxaca como las entidades con mayor número de funcionarios sancionados por infracciones, negligencias y delitos cometidos durante la labor pública.
Que el Estado de México y el DF estén en primero y segundo lugares tiene que ver con su población y enorme aparato burocrático. Lo lógico hubiera sido que entre el DF y Jalisco se colocara Veracruz, pero no.
Las cuatro entidades mencionadas en el primer párrafo concentraron en 2013 más del 60 por ciento de todas las infracciones cometidas por funcionarios en el país. El Estado de México, por ejemplo, aplicó 3 mil 378 multas, que representan el 30 por ciento de las 11 mil 259 sanciones registradas en el territorio nacional, si bien se señala que solo esa entidad concentra el 10 por ciento de los funcionarios públicos mexicanos. Le siguen los empleados públicos del Distrito Federal, mil 724 de los cuales fueron sancionados. El Edomex y el DF concentran más del 20 por ciento de los funcionarios y trabajadores públicos del país.
Tras estas dos enormes entidades, se desgranan los estados de Jalisco (864 empleados sancionados), Oaxaca (863), Sonora (782), Tabasco (562) y, en el séptimo lugar, Veracruz, con 503 empleados que fueron sancionados por delitos como cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, peculado o malversación de fondos públicos.
Si en Veracruz fuéramos testigos de la actuación de un gobierno republicano, austero, constructor, dialogante, empeñado en que los pocos recursos de que dispone se encaucen a obra pública, programas sociales, promoción económica, educación, salud y cultura, no tendríamos en nuestro fuero interno cabida para la mínima sospecha.
Pero lo que vemos es un gobierno que derrocha hasta lo inimaginable, funcionarios ostentosos, fortunas de raudo crecimiento, una casi nula inversión pública y la priorización del gasto político y electoral, lo que implica necesariamente desde la desviación de recursos para la satisfacción de ambiciones y caprichos hasta la desaparición de enormes partidas que no llegan a donde debieran ser invertidas.
Que haya pocos funcionarios sancionados, todos los cuales son de los niveles administrativos más bajos, debe ser motivo de explicación del gobierno del estado.
Ya veremos cómo le va a Veracruz en este tema en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), levantado entre el 6 de abril y el 8 de mayo de este año, y cuyos resultados no se publican todavía.
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