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El fallo permite continuar las obras en Big Bend mientras se resuelve una demanda contra las exenciones ambientales del gobierno. Habitantes, empresarios y políticos de ambos partidos advierten daños al paisaje y la economía local.
La Corte Suprema autorizó el lunes al gobierno de Trump a reanudar, por ahora, la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, en Texas, lo que representa un revés para los opositores bipartidistas que argumentaban que el proyecto es un despilfarro de dinero que amenaza el singular paisaje.
El muro fronterizo es un proyecto emblemático del presidente Donald Trump, quien desde hace tiempo prometió construir un muro desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México.
El verano pasado, los republicanos en el Congreso financiaron el proyecto con 46 mil millones de dólares, y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza ha estado erigiendo rápidamente 12 millas de barreras fronterizas por semana a lo largo de toda la frontera.
El gobierno ha seguido adelante emitiendo exenciones generalizadas para eludir las regulaciones destinadas a proteger el medio ambiente, pero que históricamente han ralentizado los grandes proyectos de construcción.
En la región de Big Bend, en Texas, la oposición bipartidista se ha movilizado para luchar contra el proyecto, que incluiría muros de acero de 9 metros de altura en algunas zonas, así como barreras para vehículos y nuevas carreteras.
Argumentan que las barreras son un despilfarro de dinero que amenaza la economía local y el estilo de vida en una zona con una inmigración ilegal históricamente baja. Afirman que el trabajo podría realizarse mejor utilizando únicamente tecnología de vigilancia, como drones.
Una jueza de Texas dio la razón a los opositores, al considerar que el Congreso probablemente no había autorizado claramente exenciones tan amplias para una zona con la tasa más baja de detenciones de migrantes en la frontera sur. Ordenó la paralización inmediata de toda actividad de construcción en la zona, que incluye el Parque Nacional Big Bend, así como terrenos a lo largo del río, tanto de propiedad estatal como privada.
La administración Trump afirma que hay cruces fronterizos ilegales e incautaciones de drogas en Big Bend, y que podría desviarse más tráfico hacia allí si se abre una brecha en el muro. Los fiscales federales declararon que la jueza se extralimitó en sus funciones, ya que la ley limita estrictamente las impugnaciones judiciales a las exenciones para la construcción de la frontera.
La decisión del tribunal superior permite que la construcción continúe mientras se resuelve el caso.
Con información de: Proceso
