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El diputado federal Adrián González Naveda informó sobre el avance de las acciones judiciales contra presuntas mafias ambientales que operan en la región del Cofre de Perote.
En video que circula en redes sociales, el legislador morenista informó sobre las acciones emprendidas y señaló directamente al Ayuntamiento de Perote, encabezado por su alcalde Vinicio Ascencio Fernández, de ser el principal protector de los responsables de estos ecocidios.
Recordó que una serie de denuncias ciudadanas y legales han puesto al descubierto el modus operandi de presuntas acciones ecocidas en la región del Cofre de Perote.
González Naveda detalló que, gracias a las denuncias interpuestas, las autoridades federales y estatales han logrado avanzar en la intervención de dos predios de explotación ilegal de tepetate.
El primero de ellos, ubicado en un cerro que fue incendiado y deforestado de forma intencional para su explotación, ya contaba con una clausura por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Sin embargo, el legislador denunció que los operadores violan los sellos de seguridad durante las noches para continuar con la extracción clandestina, configurando el delito de violación de sellos, por el cual incluso se investiga penalmente al Alcalde de Perote.
El segundo predio fue asegurado por la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) de Veracruz, debido a que operaba de manera clandestina, sin Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), sin los permisos correspondientes y afectando de manera ilegal terrenos de propiedad privada colindantes.
El diputado federal señaló que la administración municipal se ha negado a responder las solicitudes de información emitidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia respecto a los cambios de uso de suelo aprobados en opacidad por el Cabildo desde el año 2021.
De acuerdo con el legislador, esta falta de transparencia también ha afectado a las investigaciones de la PMA, a la cual tampoco se le han facilitado los datos requeridos.
González Naveda hizo un llamado a la ciudadanía a documentar y denunciar mediante fotografías y coordenadas GPS cualquier explotación que incumpla con la obligación legal de reforestar las zonas impactadas, recordando que la ley exige que los terrenos intervenidos sean devueltos a su estado forestal original.
Con información de: Crónica de Xalapa
