By Algunos de los trabajadores de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV) han sido expuestos a dosis altas de radiación, así también ha tenido “paros automáticos” por problemas técnicos y no maneja adecuadamente sus residuos, por lo que la Asociación Mundial de Operadores Nucleares le dio una calificación reprobatoria, pero los directivos de la planta ocultan y minimizan esta información, afirma la revista Proceso en su edición número 2211.
Con el título “Laguna Verde una bomba de tiempo envuelta en mentiras” y firmada por el reportero Emilio Godoy, la nota refiere que a través de datos obtenidos por la ley de transparencia, la Central Núcleoeléctrica localizada en el municipio de Alto Lucero y propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se enfrenta al riesgo de saturación de desechos.
Refiere que el 20 de agosto del 2017 durante la recarga de combustible de uno de los reactores de la central, -localizada a 110 kilómetros de Xalapa- la radiación emitida por tuberías y válvulas afectó a cinco trabajadores, a dos de ellos de gravedad (De acuerdo con el expediente de la inspección IIIE-01/18-LV01).
Los trabajadores descontaminaban equipo en el llamado pozo seco que se ubica entre la vasija que alberga los reactores y el contenedor de concreto que envuelve el área de máquinas. Una de las dos personas con contaminación grave es Ana Luisa Rodríguez Valladares.
Al respecto el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Bernardo Salas Mar, explicó que en la sala donde trabajaron “hay mucha contaminación y eso implica un riesgo para la salud. Si la radiación se acumuló en sus pulmones es muy difícil eliminar y le va a dar cáncer”.
Rodríguez Valladares tiene una experiencia de 20 años como trabajadora en la planta, y 16 años en protección radiológica, para ella sería otra jornada de purificación de equipo como muchas emprendidas durante su carrera como técnica en descontaminación.
En un acta de hechos, la empleada considerada “Personal ocupacionalmente expuesto” (POE) a condiciones laborales peligrosas, inseguras o contaminantes, relató en diciembre ante cuatro inspectores de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) que al iniciar las tareas asignadas la persona a cargo les dijo que los niveles de radiación eran bajos porque el día anterior había hecho reducción de polución de válvulas.
Para la actividad le entregaron un overol, careta y mandil de plástico, pero ella pidió cambio de indumentaria porque “En mi experiencia de área el equipo no era el adecuado para las condiciones de la válvula”; el técnico de protección radiológica lo negó, porque presuntamente los niveles radioactivos eran bajos.
La teledosimetría asignada – medición de radiactividad para evaluar el riesgo- era de 400 milrems (mrem) de dosis acumulada y de mil 500 mrem/hora de rapidez de dosis. Pero antes de iniciar la labor, recibieron la alarma de rapidez de la dosis. El mrem mide el efecto de la rapidez en el cuerpo, mientras que la rapidez de dosis de refiere a la fracción de rayos absorbidos en determinado lapso.
“De inmediato mostré al técnico el dosímetro y estaba prendida la luz de alarma”, a lo que él, primero respondió, que continuaran con el trabajo. Al salir del área el técnico le señaló que la dosis recibida era de 200 mrem, “nivel que no pudo constatar”.
Al concluir la actividad y someterse a una medición, Rodríguez reportó niveles de 240 mrem y una rapidez de dosis de siete mil 600 mrem/horas. El Reglamento General de Seguridad Radiológica, de 1988, estipula un límite de dosis efectivo anual para POE de cinco mil mrem.
“No hubo apoyo de protección radiológica (PR) para mi descontaminación, la cual realicé personalmente con ayuda de otro compañero” de nombre Víctor, y quien también estuvo expuesto.
Luego de dos evaluaciones más, Rodríguez tomó tres baños helados sin que bajaran los niveles. A los cinco trabajadores expuestos les tomaron muestras de saliva, fosas nasales y oídos para efectuar los análisis pertinentes.
Luis Huesca, uno de los jefes de turno de protección radiológica los retiró del área, pese al riesgo de la contaminación. Además, a instrucción suya, la persona encargada de descontaminación tiró las muestras tomadas. “¿Qué parte de que las tires no entendiste?”, espetó ante la insistencia de que esas tomas debían ser analizadas. Además, ordenó que los afectados no se inscribieran en el auto-registro de personal contaminado.
Antes de salir les avisaron, que debían someterse a mediciones los siguientes 10 días. A partir del 21 de agosto del 2017, la trabajadora empezó a pedir los conteos diarios, pero le respondieron que no se los podían dar por ser “información interna”.
Desde esa fecha le impidieron el acceso al área restringida de la Unidad 1 de la Laguna Verde y los monitores se practicaron cada tercer día entre el 03 y el 17 de septiembre, cuando concluyó su contrato temporal con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre el 09 de octubre y el 19 de noviembre, Rodríguez reingresó para trabajar en la recarga de combustible de la Unidad 2, pero relató que sus actividades consistieron en la separación de desechos.
Al salir del edificio de desechos, los equipos de monitoreo indicaron radioactividad en piernas y hombros. Mediante el oficio AOO400/034/2018, el 05 de marzo de 2018, la CNLV informó de un caso de contaminación interna con cobalto-58 (Co-58) y cobalto ´60 (Co-60), isótopos radioactivos producidos en reactores nucleares, ocurrido presuntamente durante una recarga de combustible nuclear de la Unidad 1.
En una notificación del 05 de marzo del 2018, la CNSNS indicó que el 29 de noviembre del 2017, Rodríguez solicitó a la Dirección General Adjunta de Vigilancia Radiológica, Ambiental, Seguridad Física y Salvaguardias una revisión para descartar contaminación interna con Co-58 y Co-60, que emiten rayos gamma, que una dosis alta son letales.
La empleada reveló que el área de Dosimetría de la CNLV que habia absorbido esos radionúclidos “Situación que le causó preocupación por un posible riesgo a la salud”. A partir del examen del 05 de diciembre del 2017, esa dependencia constató la presencia interna de ambos componentes.
La mujer declaró al personal de la Dirección General Adjunta que “Ha sido ajena a los conteos” efectuados en el laboratorio de la generadora y que el personal de protección radiológica había ignorado su solicitud de acceso a esos registros.
El documento menciona que el informe radiológico sobre la recarga de combustible del reactor no menciona casos de contaminación, un dato irreal.
“Informes falsos”
Después de repetidas solicitudes, Rodríguez recibió en enero de 2018 sus conteos que confirmaron la presencia de Co-58 y Co-60, según consta el oficio AOO.400/040/2018 del 12 de marzo del 2018.
Para el físico, Bernardo Salas a quien la CFE despidió en 1996 por denunciar la inseguridad de la planta de Laguna Verde, la dosis que recibió Rodríguez fue muy alta.
La CNVL valuada en más de 53 mil millones de pesos según la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) está compuesta por dos unidades generadoras, la primera de ellas la Comisión le otorgó licencia de operación comercial en 1990, y a la restante en 1995. Ambas expirarán en 2020 y 2025 respectivamente.
En su conferencia matutina del 28 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que solicitará un informe con elementos técnicos, creíbles y sólidos; y el 11 de febrero afirmó ante los medios de comunicación que no existe ningún riesgo en la planta y tiene un certificado de un organismo internacional que se hace cargo de la seguridad.
Por su parte, el director de la CFE, Manuel Bartlett declaró que la seguridad de la Laguna Verde está asegurada por la vigilancia que ejercen los organismos internacionales.
Tanto López Obrador como Manuel Bartlett aludieron al reporte más reciente de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) un ente privado que aglutina a las empresas atómicas y que no es un regulador internacional.
“Riesgo de cancelación temporal”
Por el manejo de esos casos, la CNSNS que regula el uso de materiales nucleares en el país concluyó que el personal de la CNLV ocultó, modificó o eliminó parte de la información; una grave falta que puede ameritar la suspensión de la licencia de la Unidad 1.
En total la CNSNS halló seis quebrantos a la ley relgamentaria del artículo 27 Constitucional sobre materia nuclear; dos al Reglamento General de la Seguridad Radiológica y un incumplimiento de la NOM -008-NUCL-2011 sobre control de la radiación en áreas de trabajo, según el dictamen de inspección del 21 de junio del 2018 y dirigido al entonces director de la CNLV, Pablo Chama, y que fue sustituido en enero del 2019 por Ricardo Córdoba Quiroz.
Con información de Proceso
