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Ricardo Ahued reconoció que el gobierno no puede intervenir directamente en las decisiones de una empresa privada
El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, rechazó que la administración estatal haya fallado al no anticipar el cierre del ingenio San Pedro de Lerdo de Tejada y aseguró que las decisiones empresariales no corresponden al Gobierno estatal.
El ingenio, propiedad de Grupo Porres, anunció su cierre definitivo el pasado 5 de agosto, una decisión que impacta a la actividad económica de la región de Los Tuxtlas. De acuerdo con información publicada tras el anuncio, la operación de la factoría estaba vinculada con alrededor de 7 mil productores de caña y cerca de 48 mil hectáreas de cultivo.
La afectación alcanza a municipios como Lerdo de Tejada, Ángel R. Cabada, Saltabarranca, Tlacotalpan, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla e Isla, además de los trabajadores del ingenio, proveedores, transportistas y otras actividades económicas relacionadas con la producción.
Ante este escenario, Ahued fue cuestionado este martes 18 de agosto sobre si desde la Secretaría de Gobierno debieron detectar con anticipación el problema y atenderlo antes de que se concretara el cierre.
El funcionario rechazó que haya existido falta de atención y explicó que el Gobierno estatal mantiene comunicación con organizaciones cañeras y que el tema ya había sido abordado en reuniones con representantes del sector.
Recordó que hace unas semanas participó en un encuentro con organizaciones cañeras en el puerto de Veracruz, al que acudió por invitación y en el que también estuvo el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Rodrigo Calderón Salas.
“No, porque nosotros no intervenimos en las decisiones empresariales; se dan de momento y después tenemos que estar en comunicación con esa y otras más”, respondió Ahued.
Ricardo Ahued señaló que la situación de la industria azucarera es compleja, pero afirmó que la gobernadora Rocío Nahle García busca evitar que el cierre represente la pérdida de una fuente de empleo para la región.
Dijo que la intención de la administración estatal es salvaguardar los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, encontrar una alternativa que permita mantener la actividad productiva.
