By En medio del show armado por el abogado Jorge Reyes Peralta para presentar al corrupto exalcalde priista de Coatepec, Roberto Pérez Moreno, alias Juanelo, como exonerado por la justicia mexicana, pese a que los asesinos materiales lo señalaron como el que ordenó el asesinato de quien fuera su Tesorero municipal, Guillermo Pozos Rivera, el ambiente en la capital de Veracruz se ha colmado de peticiones de que el Fiscal Jorge Winckler no solo abandone el puesto sino, incluso, de que se le lleve ante la justicia por múltiples omisiones, complicidades y aberraciones que convirtieron a la entidad en el paraíso de la impunidad.
El abogado oaxaqueño que, en su gestión de más de dos años al frente de la Fiscalía, solo ha respondido a las órdenes de Miguel Ángel Yunes Linares, busca con desesperación, utilizando los recursos humanos y financieros de la propia Fiscalía, los mecanismos políticos y jurídicos que le permitan mantenerse en el puesto, no para brindar justicia sino para hacerle el trabajo sucio electoral al exgobernador panista, con miras a los comicios de 2021 y 2024.
La situación del Fiscal es insostenible. Y le digo por qué. En primer lugar, una reforma a la Constitución local aprobada en el Congreso local que permite a ese órgano legislativo no solo nombrar sino también (y esta es la novedad) revocar el nombramiento del Fiscal, podría este jueves llevar al pleno una propuesta fundamentada en diversos hechos y denuncias que harían urgente la revocación de este personaje nocivo del puesto que ostenta.
Las benditas redes sociales
“El presupuesto para @cultura_mx en 2015 fue de 18,500 millones de pesos. Suponiendo que solo hubiera incrementado la inflación, en 2019 tendría que ser de $22,500 millones. @lopezobrador_ propone que sea de $12,000 millones. #PaqueteEconomico2019 #NoMásRecortesACultura”. Jorge Álvarez Máynez @AlvarezMaynez
Como gato boca arriba…
Jorge Winckler, por cierto, ni presto ni perezoso, presentó ante el juez decimoquinto de distrito del séptimo circuito en Xalapa una solicitud de amparo contra la decisión del Congreso por la tarde del mismo día en que los diputados lo aprobaron.
Sin embargo, la jugada no parece haberle dado frutos: un juez federal determinó desechar de plano la demanda que buscaba evitar su remoción como Fiscal General de Veracruz, pues el recurso promovido por el oaxaqueño sólo buscaba proteger su cargo y no defenderse de una violación de garantías en su persona.
El juez federal determinó que la intención del quejoso era proteger su esfera personal de derechos subjetivos como persona física y no para proteger funciones en el ejercicio del encargo como Fiscal.
Lo más deleznable de la acción emprendida por este personaje es que usó abogados de la Fiscalía para protegerse contra la remoción; cuatro de sus representantes legales, así señalados en la demanda, resultaron ser trabajadores en activo de la FGE, entre ellos el propio abogado general de la Dirección General Jurídica, Néstor David Morales Pelagio. El resto de los representantes son: Marco Antonio González Cuevas, subdirector de Amparo Civil y Penal; Gonzalo Emilio Rodríguez Acosta, subdirector de Consultoría Jurídica, y José Adán Alonso Zayas, subdirector de Asuntos Contenciosos.
Según algunos señalamientos puntuales, la designación de estos cuatro funcionarios se contradice con lo que establece el artículo 79 de la Ley Orgánica de la FGE que claramente señala que “el personal de confianza de la FGE no podrá: (…) II. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia, de su cónyuge, de su concubina o concubinario, de sus ascendientes o descendientes, adoptante o adoptado”.
El haber usado al personal bajo su mando para realizar una diligencia judicial de carácter personal puede constituirse en una falta administrativa grave, contemplada en el artículo 53 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en que se señala que “cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso para sí de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”.
Todos lo quieren fuera… de inmediato
Aunque con sobrada estulticia Jorge Winckler y algunos diputados panistas en el Congreso se han empecinado en hacer ver esta necesaria remoción como un acto de venganza política o con ánimo de imponer en el puesto a un incondicional de Morena, lo cierto es que son muchos los sectores sociales que han solicitado públicamente que se le revoque el nombramiento hecho al inicio de la gestión de Yunes Linares; el más reciente, el de un grupo de empresarios xalapeños.
Y se han pronunciado además por llevarlo a tribunales para que responda por la mala integración de las carpetas de investigación contra exfuncionarios duartistas, por el absoluto desprecio por resolver el problema de la desaparición de personas, manifiesto en la inactividad en labores de detección de fosas clandestinas y de identificación de los restos encontrados por los colectivos de búsqueda; por la participación de una verdadera red delictiva formada por él y sus funcionarios para intercambiar facilidades procesales a cambio de denuncias hechizas o la entrega de bienes y recursos por parte de los exduartistas, entre otros hechos que podrían ser constitutivos de delitos y que podrían salir a la luz pública en cualquier momento.
A la asociación civil Semillero Empresarial para el Desarrollo de México, que coordina Carlos Salvador Abreu, que este martes anunció la entrega de una carta a la Legislatura pidiendo la salida de Winckler, se deben añadir las peticiones presentadas por la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), despachos de abogados de los presos exduartistas; el clamor de propios funcionarios ministeriales bajo su mando que han visto la actitud facciosa con que Winckler ha manejado los asuntos de la Fiscalía.
De manera, pues, que mientras se incrementa el número de homicidios, secuestros, feminicidios, asaltos violentos y extorsiones en la entidad, la permanencia de Jorge Winckler se hace cada vez menos sostenible.
Sin importar que en un futuro se observe una acción efectiva de las policías preventivas en conjunto con las fuerzas federales para contener la ola de violencia que padecemos los veracruzanos, si sigue Winckler en la Fiscalía General no habrá manera de que aplique la justicia. No sirve para eso, no fue nombrado para esas funciones sino para llevar a cabo las venganzas de Yunes Linares.
De ahí que diciembre deba ser el mes decisivo para darle una patada en el trasero.
