By La relación de poderes en Veracruz se está volviendo ríspida, de confrontación, de desentendimiento y chantaje, lo que puede generar problemas graves cuando las cosas ya no tengan vuelta atrás.
Nadie dijo que el primer gobierno de la alternancia la tendría fácil. Los partidos que lo postularon (PAN y PRD, juntos) no tienen mayoría calificada en el Congreso, lo que obliga a negociar con las otras representaciones, una de ellas, la de Morena, tempranamente está confrontada con el propio Gobernador, mientras que las otras, más débiles pero subsidiarias, como la que encabeza el PRI y la de los independientes, empiezan a hacer valer su insignificancia navegando de un lado al otro con tal de plantarle cara a Miguel Ángel Yunes Linares.
Para colmo, el líder de la Junta de Coordinación Política, el panista Sergio Hernández Hernández, ha mostrado su inexperiencia a la hora de negociar con las distintas fracciones parlamentarias e, incluso, con los propios diputados de su corriente, lo que ha impedido llevar a buen término los debates en torno a iniciativas enviadas por el Ejecutivo estatal.
Quien reflexionara sobre el tema y solo viera los últimos encontronazos entre el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y los grupos legislativos, podría decir que es positivo que ambos poderes busquen una actuación autónoma, sin los vergonzosos sometimientos del legislativo que se observaron en los últimos estertores del gobierno del criminal Javier Duarte de Ochoa.
Y es que, como nunca, incluso los diputados del partido en el poder han presentado iniciativas que han obtenido la aprobación mayoritaria, poniendo en jaque la visión del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares: la más reciente, la iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito presentada por la panista Marijose Gambia Torales para incorporar la figura de mototaxis, aprobada por mayoría pero rechazada abiertamente por el gobernador, quien se negó a publicarla y decretarla, y quien anticipó que la vetaría.
La diputada panista ha sido blanco de ataques en varios comentarios periodísticos, que la han puesto como una política desleal con quien le facilitó el ingreso a la Cámara. Pero Marijose ha sido siempre contestataria y no tiene nada de malo que los diputados busquen desprenderse de jetaturas cuando consideren que tienen la razón.
Es cierto que ha sido desmedida y que, en aras de defender su posición, ha faltado a la lealtad partidista al acusar a Miguel Ángel Yunes Linares de estar “protegiendo a las mafias de transportistas”, cuando lo que ha reiterado el gobernador es que su principal y primer objetivo en este punto es ordenar el transporte público en la entidad, asunto en el que metería mucho ruido la incorporación legal de los mototaxis.
El problema es que en las últimas sesiones, Yunes Linares ha sacado poco provecho de la Legislatura. Su propuesta para actualizar, conforme a lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el número de regidores en al menos 95 de los 212 ayuntamientos, sufrió dos descalabros seguidos.
El primero ocurrió el 17 de enero, cuando las fracciones parlamentarias de Morena y PRI se salieron del recinto para reventar la sesión; el 21 de enero, cuando volvió a presentarse la propuesta, el líder parlamentario no creó las condiciones para que tuviera el apoyo de la mayoría.
Así, una propuesta que habría disminuido 236 regidores a las comunas veracruzanas, permitiendo un ahorro de cerca de 140 millones de pesos anuales, recibió el voto negativo de 29 diputados mientras que seis se abstuvieron y solo 9 diputados votaron a favor. De nueva cuenta, el gobernador se confrontó con los diputados al anunciar que promovería un recurso de inconformidad.
Este distanciamiento, que puede ser observada positivamente en una sociedad democrática con una efectiva división de poderes, en realidad constituye un juego de fuerza en que no solo están inmiscuidos el gobernador y los diputados de oposición, sino también los diputados de los partidos que acudieron juntos a los comicios del 5 de junio para llevar al poder al actual mandatario.
Apoyo a víctimas: poco dinero, pésima dirección
Este jueves, además, la diputada panista Cinthya Lobato Calderón exhortó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), mediante el anteproyecto de Punto de Acuerdo, a que asigne de manera inmediata los recursos necesarios al Fondo de Atención Integral de Víctimas del Delito ya que desde hace 4 años las víctimas en Veracruz carecen de ese fondo de reparación.
La legisladora blanquiazul busca con este punto de acuerdo presionar a una dependencia del Ejecutivo (la Sefiplan) que gobierna su partido, para que canalice recursos a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de Delito de Veracruz, para la ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas directas e indirectas de algún delito,
Lobato Calderón resaltó que el fenómeno de la victimización por delito y por transgresiones a los derechos humanos fundamentales, es un asunto de alta prioridad en atención para los tres niveles de Gobierno debido a que esa problemática es de extrema sensibilidad y se cae en la revictimización.
El problema es que quien está al frente de esa comisión ejecutiva, aprobada por la anterior Legislatura en sesión plenaria del 26 de mayo de 2015, es Mireya Toto Gutiérrez, un oscuro personaje emergido del PRI, luego incorporada a Convergencia junto a Dante Delgado, y posteriormente reincorporada por Javier Duarte de Ochoa justamente en una dependencia que nunca ha tenido resultados, pese a tener presupuesto.
En teoría, esta comisión estatal es responsable de la ejecución de los instrumentos, políticas, servicios y acciones estatales en materia de ayuda, asistencia, atención y reparación a las víctimas, por lo cual está supuestamente a cargo del Registro Estatal de Víctimas, del Fondo, de la Asesoría Jurídica y Victimológica, así como de la coordinación y asesoría técnica para los mismos fines, con el Sistema Estatal.
Dos puntos ennegrecen desde su creación las expectativas de esta comisión: Por un lado, la imposibilidad de que los organismos civiles que han luchado por la atención de víctimas del delito, coadyuven en el trabajo de atención, apoyo, registro y protección de quienes han sido afectadas por la acción del crimen organizado y de los delincuentes del orden común, y por otro, el nombramiento de Mireya Toto Gutiérrez.
Pese a que entre los requisitos esgrimidos por la ley estatal para ser comisionado, el establecido con el numeral IV señala que deben “gozar de buena reputación”, las organizaciones civiles manifestaron en su momento su preocupación por que la presidiera Mireya Toto Gutiérrez, quien en más de dos años al frente de la anterior comisión no solo no echó a andar los mecanismos de protección de víctimas sino que ha usado al personal adscrito para asuntos de su sola incumbencia personal.
Por ello, en sus más de dos años al frente de la anterior comisión solo haya logrado integrar solo tres de 212 comisiones municipales del tema y no haya vestigios de su trabajo. Su enorme capacidad teórica le permitió entrampar al exgobernador Javier Duarte, y seguramente lo logrará con el actual gobernador.
La diputada Cinthya Lobato debería proponer, antes que pedir recursos, evaluar profundamente el trabajo de la comisionada presidenta, aunque para ello los evaluadores deban ir a su domicilio particular, desde don cómodamente despacha.
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