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Tras la denuncia, el Instituto de la Mujer activó los protocolos legales y médicos, garantizando el derecho de la víctima a la interrupción del embarazo y exigiendo justicia ante la extrema vulnerabilidad de las personas con discapacidad
Un caso de violencia sexual en contra de una joven de 22 años con síndrome de Down encendió alertas en el sur de Tamaulipas, luego de que su familia descubriera que cursaba un embarazo de cuatro meses sin que previamente se hubiera detectado la situación.
De acuerdo con información confirmada por el Instituto de la Mujer en Tampico, el hecho fue reportado el pasado 5 de abril, cuando se recibió una llamada solicitando intervención ante la sospecha de abuso. La condición salió a la luz hasta que la madre de la joven notó cambios físicos que derivaron en la confirmación del embarazo.
Tras ello, se activaron protocolos de atención que incluyeron asesoría legal, seguimiento institucional y atención médica. El caso fue llevado ante las autoridades correspondientes, iniciándose una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el o los responsables.
La titular del organismo, Libby Zacil Adame Estrada, indicó que la víctima recibió acompañamiento integral durante el proceso, incluyendo el acceso a la interrupción del embarazo bajo las causales que contempla la ley en casos de violación.
El procedimiento médico se realizó en una unidad de salud pública, con supervisión y seguimiento por parte de las instancias correspondientes, debido al tiempo avanzado de gestación y los riesgos que esto implicaba.
Autoridades destacaron que este caso pone en evidencia la vulnerabilidad en la que pueden encontrarse personas con discapacidad, particularmente cuando dependen del entorno familiar o de terceros para su cuidado, por lo que insistieron en la importancia de la vigilancia y detección oportuna de cualquier indicio de abuso.
Asimismo, reiteraron el llamado a denunciar este tipo de hechos y a utilizar los canales institucionales disponibles, subrayando que la atención integral —legal, médica y psicológica— es clave para proteger a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia.
Con información de: El Heraldo de México
