By “El periodismo ayuda a entender mejor el mundo”
Dorrit Harazim, periodista
Hasta el gobierno de Dante Delgado Rannauro, la entrega de concesiones del transporte público, en su modalidad de taxis, lo habían logrado controlar las autoridades. El parque vehicular andaba en una cifra cercana a los mil 800, más unas 200 que Dante dejó para atender la demanda de este servicio, que ya era insuficiente, y quedó en 2 mil.
En aquellos tiempos tener una de estas concesiones equivalía a contar con un patrimonio que dejaba las suficientes ganancias para vivir con decoro; las familias del propietario y las dos de los choferes que trabajaban un turno por cabeza. Era un negocio rentable, no para enriquecerse pero si para vivir con los satisfactores necesarios y algo más.
En el mercado negro estas concesiones llegaron a superar los 500 mil pesos. Se hacía una transferencia ante un notario y punto, hubo quienes cambiaron una concesión por una casa de medio cachete, es decir, ni de interés social ni residencia, medianona.
Sin embargo, y ante las crecientes ambiciones de líderes de taxistas que propusieron jugosos negocios a las autoridades del transporte público a cambio de placas para taxi, en el gobierno de Patricio Chirinos tuvieron que poner un freno definitivo a las ansias mercenarias de quienes guiñaban hasta los dos ojos a los pulpos del transporte. La licenciada Graciela Patricia Gómez fue nombrada directora de Tránsito y Transporte Público del Estado (la primera mujer que ocupó ese importante cargo), con la encomienda de poner orden donde una avalancha de corrupción amenazaba con descomponer el escenario.
Y como doña Graciela siempre se condujo con rectitud y honestidad, habiendo demostrado en otros cargos dentro de la administración pública suficiente energía y don de mando, quedó a la medida en la dirección de Tránsito; todos los tiradores a un negocio corrupto tuvieron que bajar la guardia y hacerse pendejos, de lo contrario, sabían que al menor acto al margen de la ley, habría bote, no había de otra.
Más tarde vino el gobierno del caballeroso Miguel Alemán Velasco; el responsable del área prácticamente fue el Secretario de Seguridad Pública Alejandro Montano Guzmán, porque doña Nohemí Quirasco (Secretaria de Gobierno), ni fu ni fa, y el sexenio transcurrió en orden en lo de la entrega de nuevas concesiones de taxi, hasta el final del sexenio cuando, casi por tradición, se entregaron varias en todo el estado, pero no miles ni cientos; al parecer, en Xalapa fueron si acaso 40, pero no más. Esas nuevas taxis cubrieron la demanda que por razón natural es creciente y mantenían la actividad como un negocio del cual dependían tres familias.
Tronó el negocio
Pero llegó el huracán Fidel. Como ocurrió en todas las áreas de la función pública, el transporte público no se libró de la corrupción.
En ese gobierno los líderes y otros que ahí se improvisaron como líderes, encontraron por fin eco a sus pretensiones. Mediante una red de delincuentes que se distribuyeron en todo el estado, coordinados desde la CNOP-PRI por el joven Silvio Lagos Galindo, se repartieron miles de permisos para transporte público en la modalidad de taxi (ojo, no concesiones), a cambio de los cuales el promotor o cabeza de célula delincuencial debía entregar ¡100 mil pesos! por cada una, y el precio final él lo fijaba, si los daba en 200 mil era su cuento, pero el precio base eran los 100 que debían entrar en la caja registradora de la CNOP.
Y así fue que en Xalapa, por ejemplo, de 2 mil 300 taxis que había, el número se disparó a ¡7 mil!, es decir, solo en la capital del estado vendieron 4 mil 700 permisos, a 100 mil varos cada uno, estamos hablando que el negocio les dejó de golpe y porrazo unos 470 millones de pesos, y si es verdad que en todo el estado se llegaron a vender ¡80 mil permisos!, multiplíquele estimado lector y comparta con nosotros la terrible humillación y la impotencia de no poder hacer nada contra esta pandilla de corruptos que no ha dejado de operar en Veracruz.
Tan solo en Xalapa, durante la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa se han entregado mil 500 permisos más, y en las ciudades más importantes del estado más o menos la misma cantidad, dando al traste con una forma de allegarse recursos de manera lícita para miles de veracruzanos que hoy están en quiebra, muchos ya han parado sus unidades y se dedican a otra cosa, incluso a delinquir, para obtener lo necesario para medio comer junto con sus familiares y otros han vendido lo que han tenido a la mano para pagar las letras de los vehículos Tsuru, agencia con la que se confabuló el gobierno, a cambio de un entre o porcentaje, para que vendieran mediante el sistema de autofinanciamiento los miles de nuevos carros que se tuvieron que adquirir para los permisos.
Hace unos días, el exdiputado federal y dirigente del Movimiento Popular Independiente, Uriel Flores Aguayo, xalapeño y político con solvencia moral, congruente, acaba de afirmar que en un plazo de solo 30 días, la Dirección de Transporte Público del Estado autorizó mil 500 permisos más de taxi solo en el municipio de Xalapa con lo que en diez años la flotilla de taxis en Xalapa, Banderilla, Emiliano Zapata y San Andrés Tlalnehuayocan pasó de 2 mil 300 a 10 mil unidades en forma irracional.
Y si es un grave problema para la vialidad (a la que ha puesto de cabeza en esta zona) y para las miles de familias que han caído en el cuento de que los taxis siguen siendo el gran negocio y ahí van, a comprar más y más (mientras la beneficiaria de este meganegocio que se hace al amparo del poder se frota las manos), los xalapeños nos jalamos los pelos y todo lo que podemos ante tanto pinche taxi, mientras que los propietarios, ya en el ejercicio del oficio de chafirete, están a punto del suicidio porque vieron que las cosas no son como se las pintaron.
Es que son ¡insaciables!, dice el legendario político sureño Carlos Brito Gómez, y nosotros replicamos: ¡qué poca abuela, cabrones!
José G. Altamirano presidente de la CDSHCG
El pasado miércoles tuvo lugar la toma de protesta de la directiva de la Comisión de Desarrollo Social y Humano del Colegio de Gobierno Mexicano, una instancia de la sociedad civil que busca profundizar el diálogo y consenso con las diferentes expresiones e ideologías que surgen en la ciudadanía, con la finalidad de crear alianzas y acuerdos que nos lleven a optimizar la eficiencia de las políticas de desarrollo social.
La comisión, que es presidida por el abogado José Guadalupe Altamirano, quedó integrada además por profesionales en las áreas académica, cultural, labor social, desarrollo comunitario, entre otras; personas con amplia experiencia en el servicio público y en el activismo social hicieron patente su responsabilidad y compromiso para poner su capacidad, experiencia y sentido humano al servicio de Veracruz. Esta comisión promueve firmemente que el desarrollo social no corresponde estrictamente al Estado sino también a la ciudadanía que, mediante su participación e integración a una política pública de desarrollo social, debe ser un firme y valiente vigilante de que los recursos designados a estas estrategias del Estado para el desarrollo social, sean equitativos y transparentes.
Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
Así, como la frase de la serie de El Chapulín Colorado, quedaron indefensos y en el total ridículo los 20 diputados federales veracruzanos, priistas y verdes, corruptos, títeres de El Tío, que hicieron todo lo que estuvo a su alcance (muy poco por cierto dadas sus notables limitaciones intelectuales) para tratar de detener los nombramientos como presidentes de la comisión de Justicia en el Senado de la República, de Fernando Yunes Márquez, y de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados de su papá Miguel Ángel Yunes Linares. ¿Será que temen que ahora el diputado panista Yunes Linares solicite investigaciones sobre la forma en que hicieron sus megafortunas casi todos los diputados que lo combatieron, quienes por cierto tienen más, pero mucho más que el propio Miguel Ángel, en mansiones, lana en cuentas bancarias, ranchos, edificios, flotillas de vehículos, todo acumulado en unos cuantos años, diez si acaso? Pues sí, hay un refrán popular por ahí que dice: no es indio el que no se venga. A temblar la veintena de pillos.
Reflexión
Es cierto, un personaje que ha gastado suela en su distrito, Cosamaloapan, tratando de hacer presencia, es el joven Jorge Herrera Alor, por tanto, una buena carta del PRI para la candidatura a la diputación local en aquella demarcación distrital. Jorge Herrera es un joven que entiende muy bien lo que es la política, poseedor de una sólida preparación académica, no como la falsa que presentó Erick Lagos, y con buena imagen en la Cuenca. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx formtosiete@gmil.comwww.formato7.com/columnistas
