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El gobierno de Estados Unidos publicó en el Federal Register las sanciones contra 21 personas y 25 empresas relacionadas, según sus autoridades, con una red del Cártel de Sinaloa en Baja California. Entre los señalados está Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El gobierno de Estados Unidos formalizó en su Registro Federal las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra Carlos Alberto Torres Torres, a quien vinculó con el Cártel de Sinaloa y con una estructura de corrupción en Baja California.
La publicación apareció el martes 6 de octubre de 2026 bajo el documento 2026-20425, aunque la determinación de la OFAC fue adoptada desde el 29 de septiembre. El aviso establece que los bienes e intereses en propiedades de las personas sancionadas que estén sujetos a jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.
En el caso de Carlos Alberto Torres Torres, residente de Tijuana, el gobierno estadounidense lo identifica como una persona vinculada al Cártel de Sinaloa. La OFAC señala que fue designado por proporcionar o intentar proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios en respaldo de la organización criminal.
El Departamento del Tesoro también sostiene que Torres utilizó su influencia política para facilitar actividades del grupo criminal y protegerlo de la intervención de autoridades y corporaciones de seguridad en Baja California. Estas afirmaciones corresponden a señalamientos oficiales de Estados Unidos y no constituyen por sí mismas una sentencia penal en México.
La publicación estadounidense relaciona además a Carlos Torres con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, identificado por el Tesoro como líder de Los Rusos, una facción de Los Mayos, grupo perteneciente al Cártel de Sinaloa que, según las autoridades estadounidenses, mantiene operaciones en Mexicali.
La sanción también alcanzó a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Alberto Torres. El Tesoro estadounidense sostiene que Luis Torres habría participado en el manejo de recursos provenientes de sobornos y en su incorporación a empresas y campañas políticas.
En total, la acción anunciada por el Departamento del Tesoro contempla 21 personas y 25 entidades, entre ellas presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, operadores financieros, empresarios y personas señaladas por las autoridades estadounidenses de facilitar las actividades de la organización en Baja California.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no aparece entre las personas sancionadas en el Federal Register. La administración estatal ha señalado que la mandataria está legalmente divorciada de Carlos Torres y se ha deslindado de los señalamientos formulados contra su exesposo.
La formalización de las sanciones coloca nuevamente a Baja California y particularmente a Tijuana y Mexicali en el centro de las acciones financieras de Estados Unidos contra las redes del Cártel de Sinaloa y sus presuntos operadores políticos y económicos.
Con información de: Xeu
