By Con la regularización de los taxis en Veracruz no solo hubo una fuerte recaudación para la hacienda estatal; también crecieron las inconformidades en un sector tradicionalmente manejado por el PRI, en contra del minigobierno de Miguel Ángel Yunes, cuyo hijo, precandidato en plena campaña por la gubernatura, recibió el sábado los abucheos de taxistas cuando acudía a un desangelado evento en Orizaba, donde presumiría de su exitosa gestión al frente del ayuntamiento de Boca del Río.
Se supone que fueron dos los objetivos del oneroso programa de reordenamiento del transporte público en su modalidad de taxi, implementado por Miguel Ángel Yunes, en medio de continuos discursos que sobrecalentaron la plaza y afiebraron los ánimos de miles de transportistas, a quienes se endilgó toda clase de señalamientos, desde haber recibido las concesiones o permisos bajo modelos de corrupción hasta de utilizarlas para la comisión de delitos.
En efecto, se habría buscado echar abajo las graves consecuencias de la masiva proliferación de concesiones y permisos con que se enriquecieron Fidel Herrera y Javier Duarte, y por otro, atajar el creciente uso de taxis (legales o clonados) para delinquir.
Pero lo que quedó en la mente de los transportistas fue la gula desmedida de las autoridades panistas por extraer dinero de los endebles bolsillos de concesionarios y conductores, agarrados de las colgaderas por las autoridades de Tránsito y Transporte, lo que les impide moverse para evadir las medidas gubernamentales.
Y, sí, mientras las ganancias de los genuinos taxistas se fueron en picada por tanta competencia y las ciudades se convirtieron en infiernos por la explosión vehicular, este negocio acaba de recibir un golpe económico muy duro y, lo más grave, amenaza con convertirse en un nuevo impuesto, aunque no lo sea.
El programa, ni duda cabe, tuvo efectos fiscales sumamente benéficos para el gobierno yunista. En la práctica, el gobierno se está llenando las talegas a costa de permisionarios y trabajadores del volante, quienes tienen que pagar altas sumas para ser registrados en la base de datos.
Mientras los concesionarios debieron pagar mil pesos por unidad, cada conductor debió entregar 800 pesos por cada registro de los vehículos que conducen, y no un registro en general, con lo que en la práctica están obligados a pagar para tener el derecho a trabajar, consagrado en el artículo 123 Constitucional.
No debería someterse a juicio y escrutinio un programa que concluiría en julio y fue prorrogado dos meses, obligando a los dejados transportistas a crear un verdadero caos vial con su amontonamiento para pasar por las lentas mesas de registro instaladas, para el caso de Xalapa, en el inservible Velódromo.
Si nos atenemos a lo dicho por el gobernador el primero 1 de octubre en Córdoba, donde participó en reunión del Grupo de Coordinación Veracruz en que se analiza el grave problema de la creciente inseguridad (y de donde, por lo visto, no ha salido una buena estrategia), resulta que la primera etapa del programa cerró con un total de 76 mil concesionarios empadronados, sin contar un número mayor de conductores que debió concluir su registro por cada taxi concesionado en que preste sus servicios. Ello permite calcular un ingreso superior a los 100 millones de pesos que no estaban contemplados en las arcas de Sefiplan.
Lo grave es que, para Yunes, la cosa ahí se cierra y hay de aquellos que no entraron a Belén cantando. Con su proverbial simpatía, respondió a los reporteros: “Se registraron los que se registraron”. Y sanseacabó. En Pánuco se registraron 2 mil 588 unidades; en Poza Rica, 7 mil 662; en San Andrés Tuxtla, 3 mil 128; en Veracruz-Boca del Río, 11 mil 740; en Xalapa, 14 mil 456; en Acayucan, 3 mil 951, en Coatzacoalcos 9 mil 789 y en Córdoba 8 mil 881.
La segunda fase del programa consiste en revisión de documentación y la tercera en la entrega de refrendo de concesión y emplacamiento. Una verdadera calamidad para miles de trabajadores del volante que, además de pagar un trámite no previsto, deben perder hasta días de trabajo en las colas de las gestiones. Dé por seguro que se acordarán el día en que acudan a elegir a las autoridades estatales el próximo año.
Todos quieren ser presidentes de la nación
Por fortuna no todos los que manifestaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su interés en ser candidatos presidenciales por la vía independiente lograrán cubrir, en los siguientes cuatro meses, el más inhóspito de los requisitos para estar en las boletas electorales del domingo 1 de julio del año próximo: reunir las firmas (credencial de elector de por medio) de por lo menos 866 mil 593 ciudadanos.
¿Se imagina usted los siguientes dos escenarios: que las más de 70 personas que aspiran a llegar a Los Pinos sean capaces de cruzar la meta y lograr su registro, y que ello signifique que más del 70 por ciento de los ciudadanos empadronados esté comprometido con alguno de ellos?
No quiero ni pensar el número de folios que entregarían a cada ciudadano sólo para elegir Presidente de la República si hubiera cerca de 80 personajes entre los cuales votar. Pero además, esa cantidad mínima de firmas representa el 1 por ciento del padrón electoral nacional, lo que significaría, como dije arriba, que ya estuviera comprometido más del 70 por ciento de los hipotéticos votantes, dejando a los partidos el restante 30 por ciento, en caso de que no hubiera un margen muy alto de abstencionismo.
Bueno, pues sería un verdadero tema para novela de política ficción. Tendría que implementarse rápidamente un método virtual de elección para no tener que erogar millonarios recursos para la impresión de las boletas.
Ya sabemos que muy pocos, tal vez cinco (o menos, como diez) de los aspirantes a la candidatura independiente para Presidente, lograrán obtener en los siguientes 120 días las firmas necesarias para ser aceptados. Sin embargo, podemos adelantar quiénes lograrán, en al menos 17 estados del país, cosechar esa producción de comprometidos ciudadanos. Los demás, a Dios gracias, regresarán a sus tugurios políticos para esperar la siguiente aventura.
Veamos, pues; quienes podemos pensar que lo logren serían, desde mi punto de vista, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el famoso Bronco, priista que se lanzó como independiente y ganó el puesto que ostenta; la exprimera dama Margarita Zavala Gómez del Campo; el senador Armando Ríos Piter; el periodista Pedro Ferriz de Con, y María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Chuy, médico tradicionalista y vocera del Consejo Nacional Indígena, quien va como propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
¿Habrá posibilidades para otros? Muy difícilmente, pero no podemos dar por cerrada la lista ni dar por seguro que todos los señalados vayan a terminar en campaña.
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