By En los últimos 15 días, el Congreso local ha recibido al menos tres iniciativas de ley por parte del Ejecutivo estatal, cuyos contenidos han puesto en el cajón de los trebejos olvidados los casos de los funcionarios señalados por el propio gobernador Javier Duarte de Ochoa de haber incurrido en omisiones de información que, aparentemente, habrían desatado la mirada inquisitorial de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), cuyo titular puso en entredicho la transparencia con que se ha manejado durante meses (incluso, años) buena parte de los recursos federales enviados para su aplicación en territorio veracruzano.
La que ha generado la más espinosa polémica y, si no se corrige, en los días por venir estaremos viendo manifestaciones (como la que ayer se escenificó en el Puerto de Veracruz), declaraciones fuertes e, incluso, amparos y alguna controversia constitucional, es la del reglamento de la nueva ley estatal de tránsito y seguridad vial, tomada por varios sectores sociales y políticos como la manera con que el gobernador Javier Duarte de Ochoa agradece los votos otorgados a su partido por la población depauperada.
Ayer mismo, el gobierno estatal difundió una tabla en que hacía ver que los montos de las multas, estipulados en el reglamento, estaban incluso por debajo de la media nacional, como para que no tengamos materia para criticar el conjunto de sus medidas inhibitorias; sin embargo, menciona en el cuadro solo aquellos conceptos en los que usted y yo estaríamos de acuerdo en que se apliquen, como el uso de celular mientras se maneja, conducir en estado de ebriedad, mal uso de placas o falta de ellas, estacionarse en lugar prohibido, estacionarse en paso peatonal o en sitios destinados a discapacitados y el polarizado de cristales.
Como quiera que ayer enumeré las multas que podrán afectar, de manera dolosa, a la capa de la población que no tiene recursos para comprar un automóvil nuevo y, por ende, casi tendrá que decidir dejar su vehículo en manos de los delincuentes con placa y patrulla en lugar de pagar todas las multas que un auto viejo le provocará, no me detendré en ello.
Elecciones y adicciones
La iniciativa que ahora hace gastar saliva a los legisladores opositores es la del nuevo Código Electoral, para cuya aprobación los legisladores coincidentes con el PRI y el Gobierno estatal seguramente aplicarán la misma estrategia que han usado en anteriores documentos: la demoledora.
Con ello buscan acallar cualquier posibilidad, ya no digamos de reparar lo reparable para lograr consensos y evitar vergüenzas que después deban corregir con una fe de errata o una reforma a la reforma, sino incluso evitar que en tribuna se pueda analizar un contenido que, en este caso, compete a todos los partidos políticos, cuyos representantes en el Congreso no han tenido oportunidad de conocer el dictamen que este martes podría ser aprobado de manera fast track.
Por cierto, algo anecdótico que se observa en la página oficial del Poder Legislativo es un buscador electrónico denominado “Encuentra a tu Diputado” que, por desgracia, solo aporta el nombre del individuo que fue electo por el distrito en que vive el preguntón, pero no proporciona su localización exacta cuando se retira a gozar de su dieta en alguna playa paradisiaca, cantina o motel, habida cuenta de que sus electores jamás vuelven a verlo por su distrito.
Pero volvamos a nuestro tema: si estas dos propuestas legislativas no fueran suficientes para que los diputados y diputadas desquitaran sus onerosos emolumentos, el gobernador Javier Duarte de Ochoa ha vuelto a la carga con una nueva propuesta, presentada por él este lunes y ya entregada al Congreso: la Iniciativa para una Juventud Segura y Libre de Alcohol.
Una de sus características es regular la venta de bebidas alcohólicas, en general, y sancionar severamente a los expendedores (bares, cantinas, cervecerías, piqueras) que consientan el consumo de alcohol por parte de menores de edad en sus establecimientos.
Esta iniciativa podría considerarse como complementaria a la del reglamento de tránsito, pues busca abatir las estadísticas de accidentes mortales relacionados con el consumo de alcohol y disminuir el número de personas que, por el mismo motivo, terminan con una discapacidad.
Según lo explicó Duarte, la iniciativa armoniza dos ordenamientos, la Ley de Salud y el Código Penal, y dota de instrumentos legales suficientes para realizar eficazmente las tareas de verificación, vigilancia y regulación.
Una medida que se hará famosa de inmediato es la de prohibir la venta de bebidas alcohólicas después de las 2 de la mañana, similar a la aplicada hace años en el municipio de Xalapa por el entonces alcalde Armando Méndez de la Luz, pero que ahora tendrá aplicación en todo el estado. También, la prohibición terminante –so pena de sanciones rigurosas, cárcel inclusive– de vender alcohol a menores de edad.
Aunque los prestadores de servicios han comentado que no les afectará, habrá que ver el impacto de esta normatividad en el sector turístico, ahí donde esta actividad es fundamental para la economía. También, que muchas de estas normas tendrán que ser implantadas con la colaboración de los ayuntamientos, puesto que el tema invade sus competencias, expresadas en los bandos de policía y buen gobierno.
Como habrá notado, casi todos los analistas políticos (incluido el que esto escribe) han desdeñado por días el tema más importante para los veracruzanos: saber la suerte de quienes, supuestamente, solo pusieron en vergüenza al gobierno estatal por no haber entregado información oportuna al gobierno federal sobre el uso de los recursos enviados. Hemos olvidado preguntar el curso de las indagatorias de la siempre omisa Contraloría General del Estado y las sanciones a que se han hecho acreedores los 14 señalados por Javier Duarte.
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